Andalucía tendrá una brigada policial específica para ciberseguridad, en lo que invertirá 1.000 millones hasta 2027

Para hacer frente a esta situación, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este martes su estrategia de ciberseguridad para el periodo 2022-2025, con la que pretende poner a salvo no sólo la operativa de la Administración autonómica, sino también ofrecer esa oportunidad a otras administraciones, empresas y usuarios en general. En total, la Junta tiene previsto destinar a ese objetivo unos mil millones de euros hasta 2027.

Esta estrategia, con la que se pretende no sólo detectar posibles ataques sino también prevenir y disuadir contra los mismos, tendrá como principales elementos una brigada especializada dentro de la Policía adscrita y el centro de seguridad situado en el Muelle 2 del Puerto de Málaga, en cuya puesta en marcha la Junta invertirá 60 millones de euros y que estará operativo en unos meses, según explicó el consejero de Presidencia, Antonio Sanz..

Este centro operativo será el emblema de esta estrategia, que el Gobierno andaluz enmarca en lo que ha bautizado como 'revolución digital' y que tiene como parte central de su estrategia las competencias digitales de funcionarios y ciudadanía en general para hacer frente a las amenazas que llegan por la red.

En lo que va de año se han detectado en Andalucía 5.433 incidentes relacionados con la ciberseguridad, una cifra que se dispara por encima de los 31.000 si se toman en cuenta todos los registrados en los últimos cuatro años.

El documento de estrategia aprobado por el Consejo de Gobierno cuenta con ocho líneas de actuación, entre las que figuran el reforzamiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes en la Administración de la Junta a través de servicios avanzados de ciberseguridad; la cooperación para extender la capacidad de protección al conjunto de entidades del sector público andaluz, ayuntamientos, diputaciones provinciales y otros entes públicos, el fortalecimiento de las estructuras de gobierno y la gestión del riesgo en la administración autonómica, la coordinación y la especialización en ciberseguridad del personal empleado público, y la mejora de las competencias digitales de la ciudadanía y de los futuros profesionales del sector de la ciberseguridad.