Mientras el Gobierno central ha encargado un estudio encaminado a implantar el pago por uso de las autovías, el mensaje de la Junta de Andalucía es totalmente opuesto: «En Andalucía no se van a aplicar peajes en ninguno de los 10.500 kilómetros de carreteras ... que son de competencia autonómica», ha garantizado este lunes la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. No es la primera vez que lo hace, pero sí que lo haga en un foro organizado por las principales asociaciones del sector viario del país y en el que el presidente de una de ellas, la Asociación Española de la Carretera, defendía el establecimiento de «un sistema tarifario por uso» como una de las fuentes de financiación de programas de conservación de la red de carreteras.
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«El estado de algunas vías es alarmante, y la solución pasa por que la conservación cuente con financiación propia en los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas, a través de fondos europeos, con la colaboración público-privada y con un sistema de tarificación por uso», apuntaba el máximo responsables de la AEC, Juan Francisco Lazcano, durante la inauguración de las Jornadas Nacionales de Seguridad Vial que hasta el miércoles se celebran en Málaga bajo la batuta de la citada AEC y de la Asociación Técnica de Carreteras (ATC).
«No negamos a poner un nuevo impuesto, no es el momento en plena crisis», ha insistido Carazo para dejar bien claro que la Junta no va a aplicar peajes en ninguna de las carreteras de titularidad autonómica, como en el caso de Málaga podrían ser parte de la A-92 o la autovía del Guadalhorce (A-357).
En lo que sí ha coincidido la titular de Fomento con el resto de participantes en la sesión inaugural de las jornadas es en la «necesidad de invertir en la conservación de la red viaria para hacerla más segura». En este sentido, ha recordado que los anteriores gobiernos socialistas «decidieron reducir en más de un 50% el presupuesto en conservación entre los años 2008 y 2018». «Esos recortes trajeron como consecuencia que nos encontráramos en 2019 con que un 17% de la red estuviera en mal estado. Frente a este escenario, desde entonces se han movilizado 925 millones en la mejora de nuestra red viaria, de los que 404 millones de euros corresponden íntegramente a conservación y seguridad vial.
En la misma línea, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, también ha aprovechado su intervención para poner en valor «el esfuerzo» que realiza la institución en la conservación y el equipamiento de seguridad en las 118 carreteras de la red provincial. En este sentido, ha anunciado que el año próximo se dedicarán 6,5 millones de euros a actuaciones que redundarán en mejorar la seguridad de los 860 kilómetros de las vías que gestiona el ente.
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Sobre este aspecto, el presidente de la AEC, Juan Francisco Lazcano, ha recordado que un reciente informe elaborado por esta entidad concluye que la red de carreteras españolas necesita una inversión mínima de 10.000 millones de euros para recuperar un estado adecuado de conservación y no afectar a la seguridad.
Un aspecto sobre el que también ha puesto el acento el fiscal general de Seguridad Vial, Luis del Río, quien ha recordado a las administraciones públicas su «obligación de mantener en buen estado» las infraestructuras viarias, que a su juicio son «las más olvidadas» cuando se habla de seguridad en la carretera pese a ser «el tercer pilar junto a los conductores y los vehículos». Del Río, que ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a estos dos días y medio de ponencias y mesas de debate que acoge el auditorio Edgar Neville de la Diputación, también ha advertido sobre el riesgo que conlleva el envejecimiento del parque móvil y sobre la necesidad de aumentar la formación vial entre los usuarios de bicis y patinetes.
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