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La Audiencia Provincial de Sevilla ha consultado a la Fiscalía y a las partes acusatorias personadas en el caso de los ERE fraudulentos si suspende el ingreso en prisión del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros ocho exaltos cargos de la Junta a la espera de que se tramiten los indultos planteados por los condenados.
La Sección Primera de la Audiencia pide de esta forma a las partes que «informen sobre la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramitan los indultos planteados por los procuradores en representación de los penados», recoge el auto.
Además de Griñán, la resolución judicial se refiere a la suspensión de ingreso en prisión para la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, y el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, junto a cuatro exaltos cargos más del Gobierno andaluz durante la gestión socialista en estos expedientes de regulación de empleo fraudulentos.
La Audiencia de Sevilla es el órgano que tiene que activar el ingreso en prisión del expresidente andaluz, condenado a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación.
La familia de Griñán ha solicitado al Ministerio de Justicia el indulto parcial de su condena, que respaldan más de 4.000 personas que han estampado su firma para que no vaya a la cárcel.
La familia de Griñán argumenta en su petición de indulto parcial «razones de humanidad y equidad, ya que se trata de un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital y que tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, descartando cualquier enriquecimiento personal ni familiar», recoge su solicitud. El abogado de Griñán ya presentó también ante el Tribunal Supremo la formalización de incidente de nulidad, respecto a la sentencia de dicha instancia que desestimaba su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla que le condena por el fraude en los ERE y la concesión de ayudas arbitrarias a empresas.
El Gobierno andaluz no renuncia a la recuperación del dinero defraudado en los ERE y agotará todas las vías posibles para ello, según anunció ayer su portavoz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. A su juicio, «hay un mandato claro del presidente y del Consejo de Gobierno para agotar la última vía para recuperar esos fondos que son del conjunto de los andaluces».
Además, mostró su confianza en los Servicios Jurídicos, y en su criterio respecto a las decisiones procesales que se adopten en las diferentes piezas que componen el caso ERE. La Junta ha cifrado en 23 millones de euros la cuantía recuperada hasta el momento en este fraude masivo de fondos públicos, cuyo montante total se aproxima a los 700 millones.
No obstante, el Ejecutivo andaluz es consciente de la enorme dificultad que entraña poder recuperar el dinero, como así lo ponía de relieve recientemente el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, aunque se aboga por intentarlo «ya que hay que perseguir a quien ha actuado de forma fraudulenta en el mayor caso de corrupción de Andalucía».
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