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La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, tribunal que juzgó el caso de los ERE, y el Tribunal Constitucional (TC), que anuló la sentencia ... dictada por aquel -ratificada posteriormente por el Supremo-, han renovado el pulso abierto entre ambos a torno a ese procedimiento. El cruce de resoluciones revela una tensión nada habitual entre una audiencia provincial y el tribunal de garantías.
Todo se inició cuando el juzgado sevillano dictó una providencia sugiriendo que el Constitucional se extralimitó al anular la sentencia que condenaba a ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y ordenar la redacción de una nueva. A partir de ahí se inició un cruce de resoluciones en las que ambas entidades cuestionan mutuamente sus decisiones.
Como parte del proceso abierto para dictar esa nueva sentencia ordenada por el Constitucional, que obligaría a rectificarse a sí misma, la Audiencia de Sevilla dictó el pasado 18 de marzo una providencia en la que instaba a las partes personadas en el caso a pronunciarse sobre si el TC invadió ámbitos reservados a los jueces y si en su resolución anulatoria de la sentencia hizo una interpretación de la ley contraria a la norma europea.
La Audiencia realizó esta consulta a las partes con el objetivo de presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de redactar la nueva sentencia en la que, obligada por el Constitucional, debería corregir las condenas dictadas en su día contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros ex altos cargos de la Junta.
Pero el Constitucional se resiste a verse cuestionado por una audiencia provincial y menos aún ante la justicia europea y, con el objetivo de debatir esta cuestión en pleno, su presidente, Cándido Conde-Pumpido, encargó un informe a los letrados de la corte de garantías para estudiar si la Audiencia de Sevilla puede o no acudir al tribunal comunitario. Por ese motivo, el Constitucional dictó un oficio reclamando esa providencia al tribunal sevillano.
Pero la Audiencia de Sevilla renovó su desafío al Tribunal Constitucional y este jueves dictó a su vez una diligencia dirigida al tribunal de garantías en la que le pide que justifique la finalidad de ese oficio. «Visto el estado de las actuaciones y habiendo recibido oficio del secretario del TC solicitando la remisión del testimonio de la providencia de fecha 18 de marzo, se interesa que se justifique la finalidad o razón de ser de tal solicitud«, señala el texto.
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