Arranca el juicio a Chaves y Griñán y otros 20 cargos de gobiernos socialistas del ‘caso ERE’

El foco primero, no obstante, se centrará en que es la primera vez en Andalucía que un presidente de la Junta se presenta ante la Justicia enfrentándose a penas de cárcel e inhabilitación. No es algo insólito en el panorama español, donde otros presidentes y consejeros autonómicos han sido enjuiciados o están en proceso de serlo. La compleja peculiaridad del caso andaluz radica en que, a diferencia de aquellos, sus expresidentes no van a juicio por enriquecimiento personal con la práctica política cuestionada.

Este foco no debe obviar, en opinión de algunas fuentes jurídicas consultadas, el nudo gordiano de la primera pieza que va a juicio de la macrocausa de los ERE, llamada así por centrarse en las ayudas a las empresas en crisis para sus expedientes de regulación de empleo y prejubilaciones en la primera década del siglo. Más de 6.000 trabajadores se beneficiaron y aún muchos de ellos siguen cobrando aquellas ayudas planteadas en una época de grandes protestas en la calle por la deslocalización de fábricas.

Los magistrados del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, se enfrentan a un gran proceso de al menos medio año de sesiones con trasfondo más árido que la pulsión mediática. Deberán dilucidar sobre si los acusados conocieron, idearon, implantaron y continuaron en el tiempo un procedimiento administrativo opaco para que la Consejería de Empleo dispusiera de partidas presupuestarias destinadas a las ayudas sociolaborales eludiendo los mecanismos de control previo y dar agilidad a las mismas.

La Junta repartió más de 854 millones de euros de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2011, pero solo serán tenidos en cuenta como supuestamente malversados los más de 700 millones de euros que se pagaron a través de la agencia pública IFA-IDEA por el procedimiento presupuestario de las transferencias de financiación entre 2001 y 2010, que es el que la Audiencia de Sevilla admite como presuntamente ilegal.

El sistema en cuestión omitía, según el juez instructor, Álvaro Martín, la Fiscalía y las acusaciones del PPy Manos Limpias, la normativa para subvenciones y permitía que se concedieran estas de forma discrecional y arbitraria. Dando ocasión, prosigue el auto de apertura de juicio, a que el dinero llegara a manos de personas que no reunían requisitos: Intrusos en los listados de prejubiliaciones; el chófer de la Junta que recibió ayudas para empresas fantasma y se lo gastó en cocaína; Y a comisiones por encima del mercado a las aseguradoras y ‘conseguidores’ como Juan Lanzas.

Las acusaciones, basadas en los informes de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tratarán de demostrar la ligazón entre el procedimiento administrativo y el escándalo de irregularidades en las ayudas sociolaborales destapado en la Consejería de Empleo. Para ello citarán a 57 testigos, entre ellos algunos de los cargos que fueron investigados y luego archivada su imputación. Entre ellos el presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, Felipe Romera y los exconsejero Antonio Ávila, Manuel Recio y Martín Soler.

Y por ello, acusan de prevaricación y malversación (Fiscalía y Manos Limpias) y de asociación ilícita (solo el PP) a los expresidentes, a seis titulares de cuatro consejerías (Hacienda, Empleo, Innovación y Presidencia) junto a otros 14 cargos (viceconsejeros, directores generales y gerentes de la empresa pública IDEA-IFA)y funcionarios del más alto escalafón, como el exinterventor general Manuel Gómez y el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río.

La Fiscalía anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán por los delitos de prevaricación y malversación y 10 años de inhabilitación a Manuel Chaves. La diferencia de penas radica en que a Chaves se le acusa de conocer el sistema opaco, mientras que a Griñán, como consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, también de desatender las advertencias de la Intervención General de la Junta sobre el uso indebido de las transferencias de financiación y el deber de conocer que el dinero pudiera ser mal utilizado. Es decir, de un delito de malversación por omisión.

Los dos expresidentes intentarán demostrar en el juicio la legalidad del programa presupuestario y que ignoraban que el sistema de las ayudas sociolaborales se estuviera aplicando mal por la Dirección General de Trabajo o careciera de controles previos y posteriores del destino del dinero. Tanto los abogados de Chaves y Griñán, Pablo Jiménez de Parga y José María Mohedano, respectivamente, como otros letrados de los consejeros y directivos del IFA-IDEA citarán como testigos a seis catedráticos expertos en Hacienda Pública y Derecho Administrativo para replicar la teoría de los peritos de la IGAE.

Los 18 letrados de la defensa tratarán de hacer ver que nunca hubo contubernio u organización orquestada para delinquir. Este último aspecto también se verá en el juicio a propuesta del PP, que acusa a los imputados de asociación ilícita, recogiendo la teoría de la primera instructora, Mercedes Alaya. Por esta acusación Chaves también se enfrenta a la petición de dos años de cárcel, si el PP convence al tribunal de ello.

Una de las novedades del juicio será la ausencia de los letrados de la Junta como acusación. Personada desde el principio en la macrocausa como parte perjudicada, la Administración autonómica pidió el archivo y sobreseimiento de la pieza del procedimiento específico al entender que no se utilizó un sistema ilegal y nunca hubo una trama para delinquir.

Los letrados de la Junta argumentaron en octubre de 2016 que solo pueden ser ilegales las resoluciones de concesión de las ayudas que firmaron los responsables de la Consejería de Empleo y que estos actos se enjuiciarán en cada una de las piezas separadas por las subvenciones a cada empresa. Si bien, esta pretensión de acusar solo a los responsables de Empleo en las piezas separadas se ha ido al traste, ya que la Audiencia de Sevilla ha ido dictaminando a favor de que los cargos políticos solo pueden ser enjuiciados una vez en el ‘caso ERE’.

Esta circunstancia abre la puerta a que en el juicio no solo gire en torno al procedimiento específico, sino también haya intentos de la acusación de hablar del destino del dinero y del supuesto fraude. Este puede cifrarse en 135,4 millones de euros si se colige de la cantidad que ha reclamado la Junta por vía administrativa a empresas, ayuntamientos e intrusos en el ‘caso ERE’.