Aprobada la renta mínima andaluza, que será incompatible con la prestación estatal

La votación producida en la Diputación Permanente mantiene en vigor la norma, efectiva desde el pasado diciembre, con la excepción de las medidas complementarias al Ingreso Mínimo Vital, que lo harán a partir del 1 de julio de este año.

La Renta Mínima de Inserción Social da cobertura cada mes a unas 6.500 familias andaluzas en riesgo de exclusión, y con este decreto su cuantía se equipara a al Ingreso Mínimo Vital de ámbito estatal.

Una de las novedades es que se declara la incompatibilidad entre ambas prestaciones. Con esta medida, según la Junta, se persigue evitar que se generen futuros procedimientos de reintegros por pagos indebidos a personas y familias beneficiarias.

Según la consejera de Inclusión, Loles López, que participó del debate en la Diputación Permanente, con esta declaración de incompatiilidad se persigue proteger a hogares inicialmente amparados por la Renta Mínima de Inserción Social, que al pasar a ser beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, se encuentran en la obligación legal, por el diseño actual de la normativa, de reintegrar la prestación andaluza inicialmente concedida, por superar el límite de ingresos establecidos para el percibo de la misma, ya que las cuantías a abonar a nivel estatal suelen ser superiores a la autonómica.

Con la entrada en vigor de la nueva norma, la renta mínima sube de los 451 euros actuales para una persona sola hasta los 533 euros, mientras que la cuantía máxima pasa de los 839 a los 1.173 euros.

El diputado del PP-A Pablo Venzal señaló que la Junta ha elaborado un buen decreto y defendió que se ha elaborado en el momento que tenía que hacerse a la vista de que el Gobierno central ha cambiado por completo hace tres meses el ingreso mínimo vital.

La parlamentaria del el PSOE-A Pilar Navarro reprochó a la Junta que la convalidación del decreto-ley ha llegado al Parlamento sin consensuarla con los grupos de la oposición ni habiendo oído a los agentes sociales. No obstante, dijo que se trata de «una norma buena, con loables intenciones», aunque lamentó que no vaya acompañada de más presupuesto y refuerzo del personal. Navarro propuso, sin éxito, que la norma fuese tramitada como proyecto de ley y no como decreto-ley, tal y como finalmente ha sucedido.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, criticó que con el decreto no se modifiquen dos artículos que considera fundamentales y que permiten, en su opinión, que se discrimine «a personas que son víctimas de violencia en el ámbito familiar» y se permita acceder a las ayudas a inmigrantes en situación irregular.

La portavoz de 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, aseguró que con el texto aprobado se demuele la ley de 2017, con la que nació esta ayuda, que no debe ser sólo una prestación económica sino un servicio que permita a las familias vulnerables superar esa situación.