¿Qué quedó de todo aquello?

Casi medio siglo de distancia da una perspectiva suficiente como para hacer balance, así que podemos legítimamente preguntarnos qué queda hoy de todo aquello. Las implicaciones de esos años fundacionales para Andalucía y para la España constitucional que entonces echaba a andar han sido muy positivas. Las consecuencias más importantes a nivel estatal fueron dos. En primer lugar, el 28F trajo consigo, en contra de lo inicialmente previsto, un formato de descentralización territorial en el que se generalizaron las Comunidades Autónomas, que se implantaron en todo el territorio, al tiempo que se homogeneizaban sus competencias y su organización institucional. En segundo lugar, el llenado de esas competencias hizo que el Estado del Bienestar que comenzó a consolidarse con la nueva Constitución haya tomado en nuestro país la forma de un Estado social autonómico: las políticas sociales se encuentran en su mayor parte (educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, dependencia) bajo la competencia de las Comunidades Autónomas, que hoy en día les dedican la mayor parte de su presupuesto.

El autogobierno regional también trajo grandes beneficios para Andalucía: comenzamos nuestra andadura autonómica con enormes déficits asociados a nuestro subdesarrollo económico, con grandes bolsas de pobreza, carencia de infraestructuras y de servicios sociales básicos, una tasa de analfabetismo superior al 15% de la población y casi dos millones de andaluces emigrados a otras regiones españolas. Todos esos indicadores han mejorado de manera ostensible, aunque nuestro producto interior bruto sigue estando por debajo del de la mayoría de las regiones españolas. De lo que afortunadamente no queda casi ni rastro es de los estereotipos sociales que en aquella época nos condenaban a los andaluces como principales artífices de nuestro propio atraso económico y despreciaban la historia, la cultura y el habla de nuestra región como manifestaciones propias de un pueblo subdesarrollado.

¿Y el otro lado de la balanza? La indefinición de nuestro modelo de organización territorial fue hace 45 años su mejor virtud, pues propició la flexibilidad suficiente para adaptarlo a las consecuencias del 28F andaluz y todo lo que vino después. Hoy en día es, sin embargo, su principal problema. Sin reglas claras y estables no será posible que el Estado autonómico supere los retos que desde hace tiempo se oteaban en el horizonte y que ya se han hecho presentes, en ocasiones trágicamente: la falta de instrumentos de cooperación que lastran, sobre todo en situaciones de emergencia, la gobernanza del conjunto (pandemia de Covid-19, inundaciones de Valencia, crisis migratoria en Canarias); la endémica indefinición del sistema de financiación autonómico; o la cada vez más preocupante ausencia del más importante contrapeso a la descentralización política, la lealtad en la búsqueda del interés común (lo que los alemanes llaman la Bundestreue), que tuvo su última manifestación importante en el acuerdo de las grandes fuerzas políticas del país en 2017 para activar contra la sedición en Cataluña los mecanismos de coerción federal (otro invento alemán) del artículo 155 de la Constitución. Después, solo ha habido un esperanzador aunque efímero episodio, con el acuerdo para reformar la Constitución el año pasado, en la mención a las personas con discapacidad.

En su día se dijo que solo la victoria del PSOE en 1982 puso fin a la Transición; en Andalucía puede afirmarse que la victoria del PP en 2019 supuso una importante prueba de la consolidación del compromiso con el modelo autonómico de la derecha, que no está dispuesta a repetir los errores del pasado y huye con determinación de cualquier pretensión recentralizadora. El autonomismo ha dejado de ser en Andalucía una reivindicación exclusiva de la izquierda, que ahora pugna por recuperar la hegemonía argumentando que las políticas de sus contrincantes no encarnan el «verdadero» andalucismo.

En el pasado, nuestra región fue decisiva para que se abandonara la pretensión de que la autonomía iba a ser algo propio solo de las regiones ricas. Una idea no muy alejada de esta puede encontrarse detrás de algunas de las propuestas de asimetrías desigualitarias que solo los muy interesados pueden confundir con una deseable aproximación al federalismo. El acuerdo de las grandes fuerzas políticas andaluzas en la necesidad de mantener aquellos ideales del 28F, lealtad autonómica mediante, ayudaría a dar a Andalucía el protagonismo que le corresponde en la búsqueda de soluciones que permitan afrontar los retos actuales de nuestro modelo de descentralización territorial.