Andalucía y Valencia advierten de que no habrá estado del bienestar si se ahoga a las autonomías

El cambio en el sistema, aseguraron, no solamente es conveniente para mantener los servicios públicos en los que se sustenta el estado del bienestar, sino también necesario y posible a pesar del complejo proceso de acuerdos y negociaciones que requerirá.

Ambos presidentes, que acordaron una declaración institucional en la que llaman la atención sobre la falta de equidad en el reparto de los fondos públicos, recordaron que representan a comunidades que son la tercera y la cuarta economía de España y que suman, además, el 30 por ciento de la población de todo el país. «Si un tercio de los españoles tiene un problema, España tiene un problema», enfatizó en su intervención Juanma Moreno.

La Junta dio al encuentro entre ambos presidentes el máximo de solemnidad, con una comparecencia conjunta en el Salón de los Espejos del palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. El objetivo no se disimuló. Se trata, según advirtió Moreno, de que la voz de ambas comunidades se haga oir y que el problema de la financiación deficiente de las comunidades pase a ocupar un lugar destacado en la agenda política nacional.

La declaración institucional acordada, de 11 puntos, hace hincapié no solamente en el injusto reparto de los fondos públicos entre las diferentes comunidades -con cuatro autonomías del sur de España (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla la Mancha) financiadas por debajo de la media-, sino también en la insuficiencia global del sistema, estimada en unos 16.400 millones de euros, que impide a las administraciones autonómicas hacer frente con eficacia a la prestación de los servicios públicos. Puig advirtió por ello de que el problema de la financiación autonómica es el problema de estado del bienestar y Moreno abundó en esa dirección al recordar que de los cuatro pilares en los que se sustenta -sanidad, educación, servicios sociales y pensiones-, los tres primeros los prestan las comunidades autónomas, por lo que es necesario que se las dote de la financiación necesaria.

Los presidentes aludieron al doble problema que genera el actual sistema de financiación autonómica. Por un lado, su insuficiencia para dotar a las autonomías de los recursos imprescindibles para prestar los servicios públicos de su competencia y, por el otro, la injusticia en el reparto de los fondos entre comunidades, que tienen a la Comunidad Valenciana y Andalucía entre las tres más perjudicadas.

En ese sentido, la declaración conjunta señala que se trata de un sistema «discriminatorio, complejo y poco transparente», que genera diferencias de recursos entre autonomías de más de 30 puntos porcentuales por habitante, y destaca también la brecha existente con las dos comunidades forales, Navarra y País Vasco, que superan asimismo en 30 puntos el gasto medio de las 15 comunidades del régimen común. «El ascensor territorial está atascado», dijo Puig, que llamó también la atención sobre la repercusión directa que esta situación tiene sobre las posibilidades de desarrollo de los territorios más afectados. Juanma Moreno también utilizó una figura retórica para referirse a esta situación de inequidad: «No podemos seguir compitiendo con una mano atada»,

El documento firmado por ambos presidentes recuerda que ante el déficit de financiación que padecen, el esfuerzo de ambas comunidades en mantener el nivel de sus servicios públicos en igualdad con otros territorios se ha traducido en un sacrificio en términos de políticas de desarrollo regional y en la generación de un déficit estructural.

Por ese motivo, la declaración institucional conjunta hace referencia a la necesidad de corregir el actual sistema en dos direcciones, con más fondos para el sistema de financiación autonómica en su conjunto y con un reparto más equitativo basado fundamentalmente en el peso poblacional de cada comunidad.

En la declaración conjunta también hay referencia a la imposibilidad de las autonomías, con el actual sistema, para decidir sobre su capacidad impositiva y para gestionar los impuestos en los que participan, por lo que muestran una posición por parte de ambos gobiernos autonómicos favorable a mejorar la capacidad tributaria de las comunidades.

Ambos presidentes mostraron su confianza en que conseguir un cambio en el sistema es posible, aunque advirtieron de que no será fácil. Por ello, abogaron por una solución transitoria que permita en primer lugar compensar el déficit de financiación de las cuatro comunidades más perjudicadas, lo que implicaría la creación de un fondo de 1.700 millones de euros, para después abordar un cambio de sistema que requeriría no sólo de un acuerdo de todas las comunidades, sino también de un pacto político entre partidos a nivel nacional.

Ese fondo de compensación, explicó Juanma Moreno, no debería constituirse en menoscabo de lo que reciben otras comunidades, sino con una aportación del Estado. Lo urgente, según el presidente andaluz, es taponar la hemorragia financiera de Andalucía y la Comunidad Valenciana, aunque esa medida urgente no debe postergar el debate sobre el asunto de fondo, que es el cambio en el sistema de financiación que, insistió, fue elaborado para un momento diferente al actual.

Para Ximo Puig, de lo que se trata es de decidir a qué estado del bienestar se aspira y para ello son necesarios más recursos. Cuando se renueve el sistema, dijo, debe llegarse a la equidad acabando con el actual statu quo. En su opinión, existe un modelo de referencia, ya que los Fondos Covid «han mostrado que hay una nueva manera de distribuir».