Andalucía salta al primer puesto en riesgo de pobreza y exclusión social

Andalucía no era la comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza y exclusión social desde el año 2021. Con anterioridad, sólo había ocupado este puesto en los años 2019 y 2015.

La tasa AROPE es un indicador sintético que evalúa el riesgo de pobreza económica, la carencia material y social severa o la baja intensidad en el empleo. De esta manera, de acuerdo con los estándares internacionales, el riesgo de pobreza y exclusión social mide la población que sufre al menos uno de estos tres problemas. Andalucía, de estos tres indicadores, sólo ha observado mejoras en uno de ellos: la proporción de personas residiendo en hogares con baja intensidad laboral ha bajado desde el 12,3% hasta el 12,1% de un año para otro. Pero la proporción de habitantes con carencia material y social severa ha subido desde el 11,3% hasta el 12,6%. Además, la gente en riesgo de pobreza ha subido desde el 29,1% hasta el 30,5% entre 2022 y 2023.

Mientras tanto, en España, si bien la proporción de residentes en riesgo de pobreza y exclusión social ha subido del 26% al 26,5%, en dos de las tres variables se han registrado mejoras. Así, las personas que viven en hogares con baja intensidad en el empleo ha pasado del 8,7% al 8,4%; mientras que quienes sufren riesgo de pobreza han disminuido desde el 20,4% hasta el 20,2%. Pero las que sufren carencia material y social severa han pasado de ser el 7,7% de la población en 2022 a representar el 9% de 2023.

Las mejores cifras de riesgo de pobreza o exclusión social de todo el país las presentan País Vasco y Navarra, con un 15,5% y un 17,2% de su población afectada, respectivamente.

La carencia material y social severa se sufre si se padecen al menos siete de las trece limitaciones que forman una lista que contiene, por ejemplo, no poder irse de vacaciones al menos una semana al año; no poder permitirse al menos una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no poder mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no poder hacer frente a gastos imprevistos; haber sufrido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda; no poder sustituir ropa estropeada; no poder participar regularmente en actividades de ocio; no poder reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes; no poder permitirse conexión a internet; o no poder permitirse gastarse una pequeña cantidad de dinero en uno mismo, entre otras variables.

En cuanto a la definición de hogares con baja intensidad en el empleo, éstos son aquellos en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo.

Y el riesgo de pobreza es un indicador relativo, puesto que se calcula cada año a partir de la distribución de los ingresos del año anterior (para 2023, se toman como referencia los de 2022): siguiendo los criterios recomendados por Eurostat, este umbral se fija en el 60% de la mediana de ingresos por unidad de consumo, así que alguien está en riesgo de pobreza si sus ingresos están por debajo del 60% de la mediana de la población que se decida como referencia (en el caso que nos ocupa, España).

En este sentido, la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE también recoge información sobre la evolución de los ingresos. Si analizamos la renta por hogar, ésta se situaba el último año en los 29.916 euros en la comunidad autónoma, lo que supone un ascenso del 9% respecto al ejercicio anterior. Pero esta cifra sitúa a Andalucía en el penúltimo puesto en España, sólo por delante de Extremadura (27.051 euros anuales por hogar), al igual que el año anterior.

En el conjunto de España la renta media por hogar era en 2023 de 34.821 euros, un 8% por encima de la cifra de un año antes. Las cifras más altas de España las recoge Madrid, con casi 43.000 euros, seguida de País Vasco y Navarra (42.760 y 41.187 euros, respectivamente).

Si en lugar de tomar la renta por hogar se toma la renta por persona, la media andaluza se sitúa en los 11.719 euros, y por debajo se colocan no una sino otras dos comunidades autónomas: Extremadura (11.363 euros) y Murcia (11.314 euros). La cifra más elevada corresponde a País Vasco, con 18.189 euros.

Andalucía no sólo destaca por contar con la mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de entre todas las comunidades autónomas y por tener unos ingresos personales y por hogar de los más bajos del país, además cuenta con unas tasas de desigualdad relativamente más elevadas.

Uno de los indicadores que miden la desigualdad de la renta compara los ingresos del 20% más acaudalado de la población con los del 20% más pobre. Se trata del índice 80/20. En España, el 80% más rico disfruta de ingresos que multiplican por 5,5 veces los del 20% más pobre. En Andalucía, el multiplicador sube hasta las 5,9 veces, con únicamente dos territorios españoles peor ubicados: Ceuta -el multiplicador es de 9,6 veces- y Melilla -aquí se dispara hasta las 11,5 veces-. En Aragón, la comunidad menos desigual, el 20% más rico tiene ingresos que multiplican por 4,3 veces la renta del 20% más pobre. Por debajo de las cinco veces también Cantabria, Extremadura, La Rioja, Murcia y Galicia.

El coeficiente Gini es el otro indicador que se utiliza para medir la desigualdad. Y también informa de que la desigualdad de ingresos en Andalucía es la más elevada de entre las comunidades autónomas de España, con 32,6 -este índice está construido de tal manera que 1 indicaría una distribución completamente igualitaria de la renta y 100 que una persona acapararía todos los ingresos de esa economía-. A Andalucía le superan Ceuta y Melilla, con más de 40; y le sigue Madrid, con 31,6. La media española se encuentra en 31,6. De nuevo, la autonomía menos desigual es Aragón (27,2).