Andalucía reclama que sectores clave de su economía entren en el PERTE de descarbonización

Tras la pandemia, la Unión Europea puso en marcha una serie de PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) y en concreto el destinado a la descarbonización invertirá 2.800 millones de euros. La UE está diseñando un programa con este mismo objetivo de la descarbonización para el que está previsto que se movilicen 350.000 millones.

Lo que reclama el Gobierno andaluz, según ha explicado el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, es que la industria extractiva, en la que Andalucía es líder, sea incluida en ese programa. «La industria comienza en la minería», dijo Paradela tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta donde informó de estas reclamaciones. En concreto, el impacto energético de la minería es fundamental, ya que registra un consumo eléctrico de más de 1.200 GW a la hora y una factura de electricidad de casi 84 millones de euros. Según la Junta, este sector está llamado a jugar un papel esencial en la transición energética aportando materias primas fundamentales.

Además de la citada, industria extractiva, en las reclamaciones de la Junta se han incluido las del sector de la piedra y el mármol y de la industria del frío industrial y la climatización.

El Gobierno andaluz ha aprovechado de esta manera el proceso de consulta previa abierto por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para realizar aportaciones en relación con este PERTE, que según Paradela es necesario que se ajuste a las necesidades reales del sector industrial para que sea verdaderamente útil.

En las reclamaciones enviadas por la Junta se hace hincapié en la necesidad de que el Real Decreto del Gobierno incluya esos sectores con gran potencial de crecimiento en Andalucía, como el del frío industrial y la climatización (con gran arraigo en Córdoba), el de la piedra y el mármol (referente en Almería) o la extracción de metales (con importancia en Granada).

Todos estos sectores, según explican desde la Consejería de Industria cuentan con altas necesidades de descarbonización y de mejora energética y se encuentran produciendo equipos y materiales clave para proveer de soluciones limpias y sostenibles al resto de sectores económicos y de la sociedad en su conjunto en ámbitos estratégicos como el de la edificación sostenible.

El problema al que se ha enfrentado la Junta es que algunos de los sectores para los que reclama su inclusión en este PERTE corresponden a marcos competenciales que pueden considerarse en el ámbito de actuación del Ministerio de Transición Ecológica y también en el de Industria, Comercio y Turismo. El Gobierno andaluz teme que finalmente ninguno de los dos ministerios acabe asumiendo el amparo de estos sectores.

Por ello, el pasado octubre, Paradela, le trasladó a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la gran oportunidad que suponía el PERTE de descarbonización para revertir la situación que se daba en Andalucía por la que grandes proyectos tractores industriales y mineros no habían tenido cabida en ningún programa anterior.

La Junta también ha llamado la atención sobre la necesidad de que el Ministerio acelere la puesta en marcha de este instrumento, cuya normativa reguladora está prevista que se apruebe a lo largo del ejercicio 2023, un plazo que el Gobierno andaluz considera excesivo y poco concreto. Asimismo, reclama que articulen unos procedimientos de solicitud, concesión y justificación lo suficientemente ágiles para que se adelante en todo lo posible la puesta en marcha de los proyectos y se eviten cargas burocráticas que no estén justificadas.

El Gobierno andaluz incide también en que debe contar con un efecto incentivador adecuado, ya que la dotación prevista en forma de subvenciones para 2023 se limita a 200 millones de euros y esta cantidad es insuficiente para atender las necesidades de inversión que en la consulta previa se califican como de gran intensidad.

Asimismo, la relación entre la aportación pública y privada planificada apunta a la aplicación de una intensidad de ayuda por proyecto que se encuentra alejada de las demandas de las empresas industriales, en tanto que con los citados 200 millones en 2023 se prevé movilizar una inversión total de 2.800 millones de euros. Así, la intensidad de la ayuda resulta inferior al 8 por ciento. Finalmente, la Junta ha reivindicado que se tengan en cuenta aquellos territorios más vulnerables en el proceso hacia una economía descarbonizada.

En este sentido, Andalucía ha incidido en la necesidad de contemplar un tratamiento especial para los territorios de transición justa que ya han sufrido la pérdida de tejido productivo debido al proceso de descarbonización industrial como complemento a las ayudas específicas previstas en materia de reindustrialización, y que se corresponden con las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba. Todo ello sin perjuicio de la atención al resto de territorio andaluz y las necesidades de su industria, como el sector del aceite en Jaén, o la gran industria de Huelva.