Andalucía contará con una oficina para denunciar la corrupción

La ley salió adelante con el respaldo de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE, Adelante Andalucía y los no adscritos. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, justificó el respaldo de su grupo en que el texto incluye más de 25 enmiendas de Vox por lo tanto, «se cumple el requisito de que lleva el sello de Vox»

La Oficina contra la Corrupción será un órgano de extracción parlamentaria, similar en su consideración al Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas, y su director deberá ser elegido por el Parlamento con una mayoría de tres quintos en primera votación y, en caso de no alcanzarse un acuerdo, por mayoría absoluta en segunda. Este aspecto ha sido criticado desde los grupos de izquierdas, que lo consideran un obstáculo para que el director sea elegido por consenso. Una vez elegido, el responsable de la Oficina tendrá un mandato de cinco años.

La ley, que ha sido impulsada desde la Consejería de Regeneración, fue valorada por el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, como una norma «cinco estrellas» cuya aprobación supone un antes y un después para Andalucía. Para el portavoz, se trata de un día histórico «en una comunidad autónoma que salía en la prensa como una de las regiones más corruptas de toda Europa», y con su aprobación se pone punto y final a la corrupción en la Comunidad.

Por su parte, el vicepresidente, Juan Marín, indicó que la ley «es una forma de pedirle perdón a los andaluces que han perdido oportunidades por la corrupción política».

Marín destacó que se trata de una norma que Ciudadanos ha impulsado desde su entrada en el Parlamento en 2015, mientras que el portavoz popular, José Antonio Nieto, aseguró que se trata de un arma activa para «desde el origen detectar cualquier caso de corrupción y fraude y amparar a quien denuncie».

Nieto aseguró que «hay que ser valiente para poder activarla» y recordó que la resistencia del PSOE a poner en marcha esta norma en la anterior legislatura provocó el final de la misma y el consecuente adelanto electoral.

Para el portavoz parlamentario del PP, la aprobación de lo que considera una ley «nuclear en el acuerdo de gobierno» supone un salto definitivo ante el que ya no podrá haber vuelta atrás, ya que impedirá que se vuelvan a producir casos como el de los ERE o la FAFFE. «La ley revienta todos los espacios donde se refugiaba la opacidad que dio lugar a esos casos», afirmó.

La iniciativa no contó con el respaldo de los grupos de izquierdas, que se abstuvieron en bloque. El portavoz socialista, José Fiscal, reconoció que aunque «la filosofía general de la ley tiene aspectos positivos» su aprobación no suponía una prioridad ahora mismo y mostró su reparo a que el director de la Oficina pueda ser elegido por mayoría simple en segunda votación si no hay consenso en la primera, lo que no obligará a que se alcance un consenso que garantice la neutralidad del órgano. Manuel Jiménez Barrios, que intervino en el pleno, aseguró que la ley se llevó al Parlamento por motivos electorales y la calificó de «chapuza».

Desde las formaciones más a la izquierda también optaron por la abstención. Guzmán Ahumada, de Adelante Andalucía-Unidas Podemos, criticó lo que considera cinismo del bipartito en relación al debate sobre la corrupción, ya que al mismo tiempo que se tramitaba esta ley se negó a aceptar una comisión de investigación sobre los contratos exprés de la Junta, que ya acumulan tres sentencias en contra. Indicó que la ley opta por un modelo difícil de entender que tras superar su aprobación inicial sin enmiendas a la totalidad fue empeorada en el trámite parlamentario.

Por su parte, Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas, dijo que la ley se parece mucho a la presentada hace cinco años y recordó que de las diez enmiendas interpuestas por su grupo sólo se aprobó una, que hace referencia a garantizar la inmunidad de los denunciantes. Para Rodríguez, las propuestas que salgan de la Oficina contra la Corrupción deberían ser vinculantes para los poderes públicos.