Andalucía lanza una línea de ayudas al alquiler de 17,1 millones para familias en situación de vulnerabilidad

La consejera del ramo, Rocío Díaz, estima que estas ayudas «llegarán a unas 4.800 familias andaluzas que verdaderamente lo están pasando mal». «El Gobierno andaluz está volcado con estas acciones que facilitan una solución habitacional e incluso hemos complementado estas ayudas, que sacamos año tras año, con otras en las que tenemos al Tercer Sector como aliado», ha indicado.

La convocatoria, que es por régimen de concurrencia no competitiva, se abrirá en julio, justo un mes después de su publicación en el BOJA. Estas ayudas están dirigidas a facilitar una solución habitacional rápida a personas sin hogar, víctimas de violencia de género, víctimas de desahucio de su vivienda habitual, a víctimas de trata con fines de explotación sexual y a otras familias en situación de especial vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales o de la administración local correspondiente y que tengan dificultades para hacer frente al pago de la renta arrendaticia de su vivienda habitual.

Para esta convocatoria se podrán imputar gastos subvencionables para el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. La persona solicitante determinará en su solicitud las fechas de inicio y fin de la actuación, teniendo en cuenta de que el importe total de la subvención no deberá exceder los 6.000 euros. Los beneficiarios recibirán el cien por cien de la subvención en una única forma de pago.

Los solicitantes tendrán que ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual igual o inferior a 600 euros al mes. En esta renta no se incluye el coste de anejos como plazas de garaje o trasteros. La cantidad puede elevarse a los 900 euros en supuestos debidamente justificados.

Asimismo, deberán estar empadronados en Andalucía o acreditar mediante certificado de la Policía Local que acredite el establecimiento en la zona de más de un año de antigüedad, salvo situación extraordinaria debidamente motivada por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o de la administración local. La vivienda en alquiler, de igual forma, debe ser residencia habitual y permanente del solicitante, que no debe ser propietario o usufructuario de un inmueble en España (salvo excepciones, como, la no disponibilidad por causas de separación o divorcio).

Los requisitos se acreditarán con el informe de los servicios sociales comunitarios. No podrán disfrutar de estas subvenciones si las personas arrendadoras de la vivienda sean una administración pública o una empresa pública o si hay relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda apuesta, por tanto, con una línea de ayudas que registró una notable demanda en 2023, cuando se resolvieron 2.441 ayudas por más de 13 millones de euros. Teniendo en cuenta que cada ayuda atiende a una unidad familiar formada por una media de tres miembros, se ha podido atender a 7.323 personas durante el pasado año.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Vive en Andalucía 2020-2030 de la Junta de Andalucía, que recoge entre sus líneas estratégicas hacer frente a la vulnerabilidad residencial mediante ayudas al pago del alquiler. Para ello se diseñan programas como este, que establecen dos líneas de colaboración: esta convocatoria de ayudas a personas físicas y una línea de colaboración con las entidades del Tercer Sector que trabajan en el ámbito de la vivienda, canalizando ayudas para el pago de hasta el cien por cien del alquiler.

Sobre esta última línea, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio ya abrió en el pasado mes de abril la última convocatoria de ayudas a entidades del Tercer Sector, con una partida de 1,5 millones de euros. Cada subvención a estas entidades tenía una dotación máxima de 250.000 euros, teniendo en cuenta de que se trata de un importe máximo de 600 euros al mes por cada vivienda. En supuestos debidamente justificados en base a estudios actualizados de la oferta de vivienda, la renta arrendaticia o precio de cesión establecido podrá alcanzar los 900 euros al mes, y hasta 200 euros al mes para atender los gastos de comunidad.