Andalucía exigirá en el próximo Consejo Fiscal que el Gobierno informe de su modelo de financiación

Sin embargo, desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos recuerdan que esta reunión ya fue solicitada semanas atrás por Andalucía con una propuesta que tenía dos puntos claves: la reforma del reglamento que rige las reuniones del Consejo y el reclamo al Gobierno de que aclare su postura frente al debate abierto sobre la financiación autonómica.

Para la Junta de Andalucía, la reforma del reglamento de funcionamiento de este órgano es sustancial, ya que actualmente el Gobierno se reserva la potestad de contar con 17 votos, el mismo número de comunidades autónomas, por lo cual en caso de empate siempre cuenta con mayoría frente a los ejecutivos autonómicos. Andalucía considera necesario rebalancear este reparto para el buen funcionamiento del Consejo.

No obstante, el debate de más trascendencia gira en torno al nuevo modelo de financiación autonómica, que tras haber sido aparcado por el Gobierno de España durante la anterior legislatura ha tomado fuerza ahora por las exigencias puestas sobre la mesa por las formaciones nacionalistas catalanas, que reclaman una financiación a la carta que tome como punto de partida la recaudación fiscal en ese territorio.

Recientemente, el candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, hizo suyos los argumentos de los secesionistas al aludir a la necesidad de un nuevo modelo en el que Cataluña deje de ser la tercera comunidad en aportar recursos al sistema y la número 14 en recibirlos. Pese a ese discurso, Cataluña no se encuentra entre las comunidades infrafinanciadas de acuerdo a su población, ya que las únicas autonomías que reciben fondos por debajo de la media por habitante son Andalucía, Castilla La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Pero más allá del factor catalán, el Gobierno y la Junta de Andalucía mantienen posturas antagónicas sobre cómo debe abordarse un posible cambio del modelo actual, pactado en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana de Andalucía.

La Junta de Andalucía, además de exigir un fondo compensatorio hasta tanto se resuelva cómo será el nuevo modelo, reclama que sea el Gobierno de España el que presente su propuesta para debatirla en el CPFF, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, y que una vez alcanzado un acuerdo en esa instancia, la propuesta consensuada pase al Congreso de los Diputados para su aprobación.

El Gobierno andaluz quiere que el Ejecutivo de Sánchez se retrate con una propuesta y al mismo tiempo pretende evitar que con carácter previo haya una negociación bilateral entre el Moncloa y Cataluña del que queden excluidas el resto de las comunidades.

Se trata de una postura idéntica a la que hasta 2018 mantenía la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en su etapa como consejera de la Junta de Andalucía reclamaba al Gobierno de España, entonces en manos del Partido Popular, que no se abstrajera del debate y presentara una propuesta para modificar el modelo. «Si hubiera un interés de verdad, sincero, por este debate, el Gobierno habría puesto encima de la mesa una propuesta», llegó a decir.

Sin embargo, ahora el Gobierno de España, con Montero al frente de la política fiscal, quiere aplicar una fórmula diametralmente opuesta. Pretende que la discusión comience en el Congreso de los Diputados o en el Senado -esto último lo ha propuesto repetidamente el portavoz socialista en esa cámara, Juan Espadas- y que sean los partidos los que lleven sus posturas. Con esa estrategia, los socialistas aspiran a explotar las contradicciones internas en las filas del Partido Popular, que gobierna en 11 comunidades autónomas cuyos intereses en esta materia son diversos.

El PP gobierna en dos de las tres comunidades que son aportantes netas al sistema -Madrid y Baleares, la otra es Cataluña- y en nueve que podrían considerarse receptoras netas. También lo hace en las tres que con el actual sistema se encuentran mejor financiadas según su población -La Rioja, Cantabria y Extremadura- y en tres de las cuatro que reciben menos que la media por habitante -Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, la otra es Castilla La Mancha, gobernada por el PSOE. Entre las comunidades que gobierna el Partido Popular también hay territorios que sufren la dispersión de la población, como Castilla y León, el envejecimiento, como Galicia, y las que tienen población más joven -Andalucía, Canarias y Murcia-.

Todos estos factores son los que determinan las necesidades de financiación de cada comunidad, en unos casos por el gasto extra que supone prestar servicios a atención dispersa; en otros, porque la población más mayor demanda más gasto sanitario y en otros, porque es necesario invertir más en educación en las comunidades con más habitantes en edad escolar. Por ese motivo, que una formación que gobierna en varias comunidades con realidades diferentes alcance una postura única es casi imposible, y eso es lo que motiva al PP a reclamar que sea el CPFF, donde están representadas las comunidades, la que afronte el debate a partir de una propuesta del Gobierno.