Andalucía descarta que un tribunal pueda prohibir la caza como en Castilla y León

Según el actual Gobierno, el PSOE, partido hasta hace dos meses al mando en la Junta, y la Federación Andaluza de Caza (FAC), el reglamento autonómico en vigor está bien armado jurídica y científicamente para garantizar la actividad cinegética sin sobresaltos.

Hasta Pacma en Andalucía admitió la dificultad de alcanzar el éxito que la formación ha obtenido en Castilla-León a sabiendas de que la legislación aquí es diferente. Si bien, Pacma no descarta acudir también en Andalucía a los tribunales, según respondió el portavoz de este partido, Andrés Cardenete. «Si el reglamento de caza de Andalucía se apoya en la misma incertidumbre científica que el de Castilla-León, acudiremos al juzgado. Nuestro departamento legal lo está estudiando ahora», explicó.

El triunfo de Pacma, partido que le ha declarado la guerra a la caza y a los toros como símbolos del maltrato animal, se debe a la vaga legislación de la comunidad de Castilla León, según las fuentes consultadas. En el auto de suspensión cautelar, los jueces argumentan que no consta que se hayan utilizado «estudios científicos objetivos» para determinar las especies cinegéticas cazables y los cupos en el reglamento de esta comunidad gobernada por el PP. Este partido ha conseguido el respaldo del PSOE y Cs para a toda prisa aprobar en el Parlamento una ley que diera marcha atrás al auto judicial y convirtiera en efímero el éxito de Pacma para que vuelva la caza a la región. Pacma, no obstante, ya ha conseguido que su tesis tenga un apoyo judicial aunque sea por unos días o meses.

Para el sector hay preocupación. La caza genera en Castilla León 500 millones de euros y 8.000 puestos de trabajo. Unas cifras alejadas de las andaluzas, comunidad en la que hay censados 220.000 cazadores y se mueve alrededor de 2.200 millones de euros. Solo en Sierra Morena, si se eliminara la caza muchos pueblos verían amenazada su subsistencia, refiere José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC), con seis mil inscritos. La actividad genera 45.000 empleos directos.

Mancheño considera que una sentencia como la de Castilla-León «sería difícil» porque en Andalucía «tenemos los deberes hechos». Gracias a las presiones de los cazadores, la Junta de Andalucía, con el anterior gobierno socialista, desarrolló hace dos años el reglamento de la Ley de Flora y Fauna de 2003 para precisamente garantizar de forma científica y reglada la caza de sus distintas especies y temporadas. Una orden anual de veda fija las especies cazables y no cazables, con sus cupos o números de piezas y los días que puede practicarse esta actividad. «Estamos relativamente tranquilos, la Administración andaluza ha sido rigurosa y seria» y ha sabido contar con los sectores afectados para regular la actividad, asegura Mancheño.

El exconsejero de Medio Ambiente y ahora diputado socialista, José Fiscal, recuerda que el reglamento aprobado en 2017 contó con un amplio respaldo de las sociedades de cazadores y sectores del campo y supuso un hito porque se les dio seguridad ya que se hizo «con todos los parabienes jurídicos de la Junta». La norma hizo posible, además, que las órdenes de veda se aprobaran con carácter indefinido, ratificándose año a año pero sin necesidad de tramitarlas de nuevo con pérdidas de tiempo por la burocracia. «Aquí no va a pasar eso», aseguró Fiscal sobre la sentencia que ha dejado sin caza a Castilla-León.

Del mismo modo se pronunció la consejera de Agricultura, Pesca, Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, al afirmar que desde la Junta «no se contempla una situación similar», según nota transmitida por su gabinete de prensa. En su intervención en el Parlamento para explicar su programa, Crespo enfatizó en el compromiso del Gobierno PP-Cs con la caza y subrayó el papel que esta actividad mantiene en el mundo rural. «Para ello pondremos en valor todo lo que generan nuestros pueblos», dijo destacando no solo los aprovechamientos cinegéticos, sino también la contribución que hacen los cazadores al equilibrio medioambiental.

Mancheño recuerda que los cazadores han participado en programas de la Junta con financiación europea como el LifeLince para la conservación del felino que ha recibido premios, así como también para la preservación del lobo, otra especie amenazada.

La defensa de la caza ha sido uno de los argumentos esgrimidos por Vox con bastante rédito en las pasadas elecciones andaluzas. Pese a que PSOE y PP siempre han defendido la caza, Vox reconoce haber cosechado votos entre los cazadores por temor a que prosperasen ideas de Pacma en formaciones como Adelante Andalucía, que defendía en su programa reducir las temporadas de caza y suprimir algunas modalidades. Desde esta formación se aseguró ayer que no defiende la supresión de la caza, solo reglarla aún más.

Vox, a través de su líder nacional, Santiago Abascal, criticó la sentencia de Castilla-León calificándola de «despropósito» y recordando que su formación apoya la caza por «razones económicas, medioambientales y para defender el mundo rural». «Ya está bien de que soberbios urbanitas le digan a la gente del campo cómo tienen que vivir», escribió en Twitter.