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Distintos estudios aparecidos recientemente han recordado que la pobreza sigue siendo el principal problema de Andalucía. El XIII informe de la Red Andaluza contra la pobreza y la exclusión social, publicado esta semana aunque con datos ya conocidos, volvió a situar a Andalucía como la ... comunidad con más personas en riesgo de pobreza o exclusión social, una situación que afecta al 38,5 por ciento de la población. También esta semana se difundió un estudio de Oxfam sobre pobreza laboral que desveló que Andalucía es la comunidad con mayor porcentaje de trabajadores pobres, personas que a pesar de contar con un empleo no alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas. En esta comunidad, un 19,4 por ciento de los trabajadores se encuentra en esta situación, casi seis puntos por encima de la media nacional.
En un momento de crecimiento económico y en el que algunos de los principales indicadores de la economía andaluza ofrecen cifras por encima de la media nacional –como las exportaciones, la inversión, la creación de empleo o los nuevos autónomos- las preguntas que surgen es por qué Andalucía no consigue salir del puesto de cola en pobreza y si aspirar a superar esta situación supone una quimera. «Durante muchísimos años hemos sido los líderes no sólo en pobreza, sino también en desempleo, en brecha salarial, en todo lo malo. Cambiar esa dinámica no es fácil aunque ya no seamos los últimos en paro y en otras cuestiones», reconoce Ana Vanessa García, secretaria general de Inclusión Social de la Junta, que señala que las medidas que se pueden tomar para paliar la situación de quienes padecen pobreza son el último escalón de la cadena de las actuaciones para conseguir cambios de fondo a medio plazo.
A la hora de analizar los datos, en la Junta de Andalucía señalan un matiz que aunque no quita gravedad a la situación sí relativiza los datos de alcance estatal. El umbral de riesgo de pobreza, que se estima a partir de calcular el 60 por ciento de los ingresos medios en un determinado territorio, se situó en España en 2023 en 10.990 euros anuales en los hogares de una persona y en 23.078 euros en los hogares de 2 adultos y 2 niños. Con estos valores de referencia se calcula la tasa de riesgo de pobreza tanto del conjunto nacional como de cada comunidad.
Según esta metodología, la tasa de riesgo de pobreza calculada por el INE con el umbral de pobreza de España (10.990 euros en los hogares con una persona), se situaría en Andalucía en el 30,5% de la población, 1,4 puntos superior a la del año anterior, en un contexto de reducción en España (-0,2 puntos). Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa más elevada.
Sin embargo, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, al aplicar la misma metodología pero circunscrita exclusivamente a esta comunidad (60% de los ingresos propios regionales) establece el umbral en 9.124 euros en los hogares de una persona (1.866 euros menos que en la media española). Así, la tasa de pobreza para 2022 en Andalucía sería del 20,5 por ciento, once puntos menos de lo que calcula el INE.
Por su parte, el informe de la Red Andaluza, que estima en 38,5 el porcentaje de pobreza para 2022 (en 2023 bajó un punto), utiliza la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), que de acuerdo con los nuevos objetivos de la Estrategia Europa 2030 combina tres conceptos: el riesgo de pobreza, la carencia material (de determinados bienes y servicios) y la baja intensidad en el empleo (período de tiempo que se ha trabajado durante el año).
El economista José María O'Kean, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide, invita a abordar estos datos en términos relativos. En primer lugar, teniendo en cuenta las rentas no monetarias que supone el acceso a determinados servicios sociales, pero también entendiendo el distinto valor del dinero en cada territorio. «Con 10.000 euros en Madrid eres un pobre, pero en un pueblo de Andalucía no eres un pobre», matiza.
Las diferentes metodologías también arrojan diferentes tendencias de evolución. Según los datos publicados por el INE, la tasa de riesgo de pobreza se ha reducido en Andalucía en 1,5 puntos en los últimos cinco años (2019-2023) al pasar del 32% en 2018 al 30,5% en 2023. En España se ha reducido en 1,3 puntos (21,5% en 2018, 20,2% en 2023).
En los diez años anteriores para los que se tiene información, es decir, desde 2008 a 2018, la tasa de riesgo de pobreza había aumentado en Andalucía en casi cinco puntos al crecer desde el 27,3% en 2008 al 32% en 2018.
Sin embargo, con los datos del IECA, es decir, considerando el umbral de pobreza que determina los ingresos de los andaluces, la tasa de riesgo de pobreza ha aumentado en los últimos cinco años en Andalucí, ya que ha pasado del 18% en 2018 al 19,5% en 2023.
Más allá de las diferencias metodológicas que arrojan porcentajes distintos, la brecha que sigue separando a Andalucía del resto de España es incuestionable.
El origen, según sostiene el economista José María Zambrano, de 3CS Estrategia Económica, hay que buscarlo entre 50 y 100 años atrás, cuando se tomaron decisiones que llevaron a trasladar la actividad industrial desde Andalucía, adonde se habían iniciado gracias a la minería de Huelva y del Valle de Los Pedroches, en Córdoba, a Madrid y a territorios del norte como Cataluña y el País Vasco. «Se decidió que Andalucía fuese una comunidad agrícola porque tanto España como Europa necesitan abastecimiento estratégico, como se ha visto en la pandemia», asegura. Esto llevó a que se desarrollara una economía de escaso valor agregado frente a los modelos más pujantes del norte de España.
En su opinión, las decisiones que posteriormente se tomaron a la hora de diseñar las grandes infraestructuras, especialmente las de transporte, reforzaron ese modelo y para completar el panorama, asegura, los sucesivos gobiernos andaluces no asumieron la decisión de reconocer que esta es una comunidad pobre, primer paso necesario para iniciar la transformación. Así, el atraso se soslayó con programas de subsidio, como el PER, que impidieron que pueblos desaparecieran del mapa pero que no sentaron bases para modificar la situación.
El sociólogo José Manuel García Moreno, profesor en la Universidad de Málaga (UMA), señala el círculo vicioso que crean unas condiciones materiales adversas que después se convierte en un lastre para salir de esa situación. «Cuando uno no ve la salida se acaba instalando en el conformismo y termina aceptando sus condiciones de vida como normales, y por lo tanto acepta esa situación de desigualdad», sostiene. Por ese motivo, aboga por impulsar cambios culturales que impulsen el cambio económico y no al revés. Ese cambio, según los estudios realizados desde la UMA, ya se está produciendo en algunos sectores de la población joven.
En esa línea, Zambrano señala hacia las zonas donde más se concentran las bolsas de pobreza y lamenta que en las ciudades andaluzas haya barrios «que parecen diseñados como un sistema penitenciario» y que dificultan la permeabilidad con otros sectores sociales. «En un barrio donde todo el mundo es pobre no hay posibilidad de superación», advierte.
García Moreno insiste en esa dirección: «Hay que ver cómo se están reproduciendo dentro de determinados espacios factores en los que si no se interviene llevan a la exclusión desde el punto de vista laboral, formativo, sanitario, habitacional o cultural».
Ana Vanessa García destaca que muchas veces la propia administración no colaboró para evitar la formación de guetos al concentrar en unas pocas zonas la construcción de viviendas destinadas a familias vulnerables en lugar de distribuirlas por diferentes zonas.
O'Kean explica que la estadística de pobreza es consecuencia de dos problemas, un paro muy alto y unas rentas muy bajas. «Las dos cosas se resuelven de una sola manera, más empresas y más grandes –apunta-. Más empresas para que contraten a más gente y más grandes porque las empresas más grandes pagan más».
¿Es posible crecer en número de empresas y en tamaño en una economía que a pesar de haber asistido a la aparición de nuevos sectores, como el tecnológico en Málaga, sigue teniendo su base productiva en la agroindustria y los servicios ligados al turismo?
García Moreno sostiene que si en diferentes momentos económicos, tanto de crecimiento como de recesión, el diferencial de Andalucía con otros territorios de España se sigue manteniendo es porque las fórmulas aplicadas hasta ahora no han funcionado más allá de cambios puntuales en el sistema educativo, la mejora en algunos sectores productivos o que haya más implicación en la economía verde. «La caída del empleo que se produjo en Málaga, en Almería o en Granada durante la pandemia fue radical de un día para otro por un tejido productivo que lleva a un tipo de trabajo de poco valor añadido –subraya-. En otras sociedades, cuando se cae una pieza se mantiene el edificio, pero aquí se cae una pieza y el edificio se tambalea».
O'Kean lanza una advertencia frente a quienes propugnan suplantar unos sectores por otros. «Lo que tenemos, lo tenemos; lo que hay que hacer es cuidarlo y potenciarlo», señala.
Zambrano apunta que Andalucía no puede competir con otros países y territorios que ya son líderes en determinadas materias, pero en cuestiones de innovación, de inteligencia artificial, de bioagricultura, donde no hay otros países que sean líderes si puede competir. «Las universidades tienen que conseguir que sus investigaciones se conviertan en empresas rentables», propone. También apunta que Andalucía tiene en el sol una oportunidad única porque puede convertirse en la primera productora de energía verde. «Somos capaces de producir la energía más barata del mundo y que se instalen aquí industrias intensivas que serían más rentables que nunca».
Para O'Kean, la estrategia no debería apuntar a apoyar sectores determinados, sino a una visión más transversal de respaldo a empresas que aspiren a aumentar su dimensión mediante la transformación digital o la inversión en capital humano independientemente del sector en el que actúen.
La Consejería de Igualdad tiene identificadas 95 zonas desfavorecidas repartidas en 61 municipios andaluces en los que desarrolla su programa ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social) para la que cuenta con un presupuesto para cinco años de 184 millones de euros. Mediante este programa se actúa sobre unas 35.000 familias con acciones de inserción sociolaboral y socioeducativas que incluye la coordinación con actuaciones de otras consejerías, como las de Desarrollo Educativo, Salud o Vivienda.
Esta coordinación, según Ana Vanessa García, constituye lo novedoso del programa y es con lo que se pretende conseguir resultados que hasta ahora no se han obtenido. «Se ha invertido mucho dinero en zonas que siguen estando en las listas de barrios más pobres, hay que ser más eficaces», reconoce.
Lo central de esta estrategia es que se interviene mediante el trabajo en red de todos los agentes que actúan en las zonas desfavorecidas, mejora la inserción social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social.
Se realiza a través de itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral y la transformación de las condiciones de vida en estas zonas mediante planes locales de intervención que articulan las actuaciones en materia urbanística, de seguridad, equipamientos, empleo, salud comunitaria, educación, accesibilidad y oportunidades para su desarrollo socioeconómico, explican desde la Junta.
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