Andalucía, Cataluña y la estrategia del tero

El tero es un ave que habita en las praderas del continente americano que utiliza una particular técnica para despistar a sus depredadores: desova en un lugar e inmediatamente se aleja para emitir un graznido en un sitio alejado. Así, llamando la atención en el punto equivocado, evita que sus crías sean atacadas. Despista a sus enemigos invitándolos a mirar hacia donde no es.

Prácticamente desde que las urnas arrojaron el resultado que le asigna la capacidad de inclinar la balanza hacia donde más le convenga, el nacionalismo está poniendo sobre la mesa cuestiones que han provocado alarma ante la sola posibilidad de que puedan ser tomadas en cuenta: la amnistía, el referéndum de autodeterminación o, como propuso el lehendakari Urkullu, una relectura autonómica que privilegia a las tres que considera históricas. Excluye de esta categoría a Andalucía, la única que accedió a tal condición a través de las urnas.

Sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando se ha visto la verdadera naturaleza de la negociación. A donde debería prestarse atención es al lugar donde una concesión puede pasar más desapercibida para la opinión pública sin despertar el sentimiento de ridículo de unos pinganillos absurdos, el bochorno de un prófugo visitado en su guarida con honores institucionales o el reclamo de un referéndum acotado que impediría a la mayoría de los españoles decidir sobre el futuro de su país. Para entender lo que pasa siempre hay que seguir la pista del dinero.

En plena pugna interna del nacionalismo por aparecer como el que más ha conseguido arrancarle a Sánchez –no debe olvidarse que Cataluña celebra elecciones el año próximo y el secesionismo es un espacio político en disputa-, Esquerra ha puesto sobre la mesa un concepto, la deuda histórica del Estado con Cataluña (!), y una cifra, 450.000 millones de euros. Para hacerse una idea, esa cifra equivale a todo lo que la Junta de Andalucía puede gastar en una década y supera en casi un 20 por ciento a todo el montante de los Presupuestos Generales del Estado.

Más allá de lo absurdo de la cifra, llama la atención que se utilice de manera torticera el propio concepto de deuda histórica. Cuando Andalucía introdujo esta noción en su Estatuto de Autonomía lo hizo para expresar el desfase entre las competencias asumidas desde el comienzo de la autonomía y las transferencias de recursos realizadas desde el Estado para ejercer esas competencias. La cifra se cerró en 1.700 millones de euros, de los que la Administración central transfirió finalmente 1.200 millones, la mayor parte en inmuebles y solares inservibles.

Lo que reclama el nacionalismo catalán no tiene nada que ver con recursos no transferidos para prestar servicios a los ciudadanos, sino una compensación por lo que entienden que es un desequilibrio entre lo que la Hacienda pública recauda en Cataluña y los servicios que el Estado presta en esa comunidad. Es decir, quieren dejar de aportar a la caja común, como si las empresas radicadas en esa comunidad no contribuyeran por una actividad que desarrollan en toda España. A lo que aspiran es a salirse del sistema común y pasar a tener un régimen de privilegio como el que disfrutan el Pais Vasco y Navarra, cuya aportación al conjunto de España es cero. Ellos también quieren su cuponazo y no es necesario hacer muchas cuentas para concluir qué comunidad sería la más perjudicada si consiguen ese objetivo.

No habría que prestarle demasiada atención a esa cifra absurda de los 450.000 millones de euros que reclaman salvo por una prevención que es necesario tener. Que no suceda lo de aquel paciente sano al que un mal médico le dijo que tenía que amputarle un brazo y cuando despertó de la operación celebró que sólo le faltaran cuatro dedos.

La comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio aprobó el pasado martes el dictamen de la propuesta de ley para regularizar zonas de regadío en el entorno de Doñana hasta ahora fuera de ordenación. Por ello, se dio por hecho que esta cuestión, con toda su carga de polémica, iba a ser incluida en el orden del día del próximo pleno. Sin embargo, sorpresivamente, al día siguiente se anunció que el tema se postergaba hasta el pleno siguiente, en la segunda semana de octubre.

Desde el Grupo Popular se justificó el aplazamiento en la coincidencia de fechas entre la sesión parlamentaria en Andalucía y el pleno de investidura de Alberto Núñez-Feijóo. Se argumentó la inconveniencia de que el debate en Andalucía quedara oscurecido por la política nacional.

La ausencia de una explicación para esta postergación no ya convincente sino mínimamente creíble invita a abrir todas las hipótesis.

Hipótesis uno: en el PP de Andalucía querían tener un debate limpio sobre este asunto, contaminado desde el inicio por la política nacional. Para crédulos.

Hipótesis dos: Desde Madrid pidieron que a Núñez-Feijóo no le complicaran un debate de investidura que ya se le hará suficientemente largo y duro con un asunto que ha levantado duras críticas contra la Junta de Andalucía y muchísima incomprensión fuera de la comunidad autónoma. Improbable.

Hipótesis tres: Las apelaciones al diálogo de la Junta al Gobierno central han surtido algún efecto. Si las declaraciones y las confidencias pueden ser objeto de análisis, los silencios también lo son. Y aquí, después del aplazamiento ha caído un manto de silencio absoluto, idéntico al que pesa sobre los temas sobre los que se negocian con la máxima discreción. No sólo callan en el PP y en el Gobierno de la Junta. En el PSOE no han dicho ni mu sobre el aplazamiento y hasta de repente confían en que la propuesta no llegue al pleno.

A todo ello se suma el inesperado movimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que de un día para otro y con un retraso de casi una década recibe instrucciones para investigar los pozos que secan Doñana. ¿Ahora?