Andalucía y Canarias reclaman responsabilidad del Estado con los menores migrantes y no asumir en solitario su acogida

Ambos presidentes, que celebraron un encuentro institucional en el Palacio de San Telmo, advirtieron de que el Gobierno de España debe asumir su responsabilidad en esta materia, que no puede seguir pesando en exclusiva sobre sobre las comunidades a cuyos costas llegan los migrantes. «El Gobierno debe ser rápido y ágil para resolver jurídicamente la distribución de esos niños y niñas -dijo Clavijo en una comparecencia conjunta con el presidente andaluz-, no tenemos que suplantar el papel del Estado».

El jefe del Ejecutivo canario agradeció la generosidad de la comunidad andaluza, una de las cinco que se ofreció a acoger menores no acompañados llegados en las últimas oleadas, pero subrayó que la distribución de estas personas debe ser asumida por el Estado y no estar al albur de la voluntad de los gobiernos autonómicos.

La Ley del Menor establece que cuando un menor queda desamparado por la ausencia de su progenitores, es la comunidad autónoma la que debe hacerse cargo, pero los presidentes señalan de que la norma no puede aplicarse sin más a los menores no acompañados que llegan a territorio español, ya que la capacidad de acogida de las comunidades de frontera queda colapsada. «No podemos estar atendiéndoles como se merecen», lamentó Clavijo, que reclamó la aprobación con celeridad de modificaciones legislativas que permitan que las administraciones puedan ofrecerles a estos menores opciones de garantía para su futuro.

Moreno puso cifras a este problema. Entre septiembre y diciembre del año pasado, explicó, Andalucía acogió a 6.195 inmigrantes llegados a Canarias. «El riesgo de colapso no es un invento, es real», aseguró el presidente andaluz, que subrayó que las islas están sufriendo una situación sin precedentes y que el Gobierno de España debe asumir su responsabilidad en este asunto.

El presidente andaluz aseguró que el Ejecutivo de Sánchez carece de una hoja de ruta sobre esta cuestión, y lamentó especialmente que la distribución de los menores se realice sólo en función de qué comunidades muestran su voluntad de acoger y cuáles no lo hacen. «El Estado no se puede inhibir, es quien tiene la competencia en materia exterior», recordó.

Esta falta de intervención del Gobierno, sin planificación y «con improvisación y bandazos permanentes» ha generado, en su opinión, una situación de «sálvese quien pueda» en la que las comunidades que sí asumen esta tarea lo hacen sin recursos ni financiación, por lo que se ven superadas.

La inmigración ha sido una de las muchas materias abordadas en la reunión celebrada este miércoles en Sevilla en la que ambos presidentes trataron también asuntos relacionados con la sequía y en la que Clavijo se interesó por las iniciativas de la Junta en materia de ordenación del territorio y de simplificación administrativa.

El acuerdo alcanzado quedó reflejado en un protocolo de colaboración en materias de emergencias, sanidad y consumo, inclusión social, turismo, medio ambiente, agricultura, pesca, agua, universidad, emprendimiento, justicia, asistencia a víctimas y mediación e innovación y gestión del conocimiento de las administraciones públicas.

Los presidentes coincidieron también en la necesidad de iniciar un proceso de modificación del sistema de financiación autonómica al entender que el actual no cubre las necesidades de las comunidades , especialmente para la prestación de los servicios sanitarios a una población envejecida, con mayor esperanza de vida y con una cartera de tratamientos creciente.

En relación con el reclamo de Andalucía y las otras tres comunidades cuya financiación por habitante no alcanza a la media nacional de que se cree un fondo transitorio que las iguale, el presidente canario se abstuvo de respaldarlo de manera explícita.