La Oficina Antifraude aprecia vicios de nulidad en un contrato de la Junta con el cantante José Manuel Soto

La adjudicación por parte de la Junta de un contrato menor a la sociedad Camino de Andalucía, del cantante José Manuel Soto, para la promoción de las rutas del Rocío, en la provincia de Huelva, presenta vicios que deberían ser causa de nulidad. Esa es la conclusión a la que ha llegado la Oficina Andaluza Antifraude tras una denuncia presentada por el grupo parlamentario de Por Andalucía .

Este organismo, independiente y de extracción parlamentaria que fue creado durante la anterior legislatura, ha emitido un informe en el que recomienda la revisión de oficio del contrato, por el que la mercantil percibió 15.000 euros.

En la denuncia también se aludía a una subvención de 275.000 euros a la fundación Destino Rocío, también encabezada por Soto, aunque esta parte fue archivada parcialmente.

Los vicios en el contrato menor detectados por la Oficina Antifraude se refieren a que el objeto social de la empresa creada por el cantante no se corresponden con el objeto del contrato. El primero se ciñe a cuestiones artísticas y de marketing y el servicio contratado abarca cuestiones que, según explica el informe, «son más propias de una entidad que desarrolle funciones de planimetría, diseño y gestión de caminos» y se enmarcan en el ámbito de la ingeniería de montes. El contrato tiene por objeto la asistencia técnica para diseñar el proyecto 'Caminos del Rocío' con trabajos como la delimitación de la red de caminos o la propuesta de los puntos geográficos de la señalética.

El escrito señala que la Administración debe velar por que la empresa licitadora reúna las condiciones para ser adjudicataria de un contrato menor, y que no parece acertado subcontratar la prestación principal del contrato, ya que de esa manera se perdería el sentido de la contratación menor.

El parlamentario de Por Andalucía José Manuel Jurado, que compareció este martes con su compañera Esperanza Gómez para informar de esta resolución, aseguró que se trata de un caso «que desde el principio olía mal porque ni siquiera es un caso de corrupción con elegancia, sino burdo». Según Jurado, al momento de presentar la denuncia la Junta había aportado al proyecto 290.000 euros y «a día de hoy ha costado ya más de 500.000» .

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