Los andaluces pagan menos impuestos, sobre todo las rentas más altas

Lo que ha hecho la Junta de Andalucía en este último lustro ha sido bajar la tarifa del IRPF, además de reducir la tributación por Sucesiones y Donaciones; también ha tocado Patrimonio bonificándolo al 100% en los últimos años, aunque ello ha quedado sin efecto tras aprobarse el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas y la Junta ha vuelto a recuperar el tributo autonómico para no tener que aplicar el estatal; y además ha reducido las figuras fiscales que pesan sobren las transacciones inmobiliarias. «Esta estrategia no es dúmping fiscal, una expresión mal utilizada y que no se corresponde con el legítimo ejercicio de la autonomía fiscal. Andalucía ha optado por reducir la carga tributaria y por la competitividad en materia fiscal», abunda Cabeza de Vaca.

A su vez, Rubén Gimeno Frechel, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General, sintetiza la evolución de la recaudación tributaria de los principales impuestos tras la aplicación de estas medidas: en IRPF la recaudación se ha incrementado por el tirón de la actividad económica; en Patrimonio, porque los contribuyentes se han visto obligados a declararlo por el nacimiento de la nueva figura de solidaridad de las grandes fortunas a nivel estatal; mientras que los ingresos por Sucesiones y Donaciones han disminuido, pero ello lo atribuye a que se viene de unas cifras récord que se alcanzaron en la pandemia.

Mientras tanto, Manuel Vázquez, secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía, que también participó este martes en la presentación del informe que tuvo lugar en Sevilla, explicó que la fiscalidad es «fuente de flujos migratorios»: «Hay gente que según los impuestos, decide trasladar su domicilio fiscal a otras comunidades autónomas». «En 2018, Andalucía estaba en el puesto catorce en tributación; ahora, quitando a las comunidades forales, somos la segunda mejor autonomía para los contribuyentes tras Madrid», continúa. Y ahora parece satisfecho: «Estamos en una posición bastante buena. Hay que tener responsabilidad tributaria, porque hay que cumplir con la regla de gasto, con las reglas fiscales, lo que hace que estudiemos mucho el impacto recaudatorio de las medidas». A corto plazo no parece que vaya a haber muchas medidas importantes de reducción fiscal, de calado: «Ahora hay una situación de incertidumbre, porque no se han aprobado en el Congreso de los Diputados las reglas fiscales».

Pero las decisiones tributarias no han tenido igual impacto en todos los ciudadanos. Comenzando con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el resumen que efectúa Raquel Jurado Ibáñez, técnica del Registro de Economistas Asesores Fiscales, es éste: Andalucía se encuentra más o menos en la media española, quizás un poco más cerca de las más caras, pero a medida que va incrementándose la renta del contribuyente, se va acercando a las más baratas.

Esto se ilustra en el informe presentado este martes con un ejemplo de un contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, es soltero, menor de 65 años y cobra diferentes cantidades. El que tenga una renta de 20.000 euros ha de abonar a Hacienda 1.772 euros en Andalucía, lo mismo que en todas las demás comunidades autónomas de régimen común, es decir, a excepción de las provincias vascas y de Navarra, donde se paga más.

Para ingresos de 30.000 euros, los andaluces son los sextos que más pagan: en concreto, se han de abonar en concepto de IRPF 4.864,25 euros, cifra que en Cataluña supera los 5.000 euros y que en Asturias se roza, mientras que en las provincias vascas y Madrid oscila entre los 4.500 y los 4.600 euros. Los contribuyentes andaluces con ingresos de 30.000 euros pagan un 3,5% menos que en la comunidad autónoma donde más se contribuye (Cataluña) y un 7% más que en el territorio donde menos (las tres provincias del País Vasco).

Para rentas de 45.000 euros, Andalucía también es el sexto territorio donde más alta es la cuota. La factura con el fisco es de 9.414,53 euros, cifra también en torno a un 3% inferior a la de la región más cara, de nuevo Cataluña (9.686 euros); mientras que es cerca de un 8% más alta que la del territorio en el que menos se paga, que es también el País Vasco (8.729 euros).

Para el tramo siguiente, el de los 70.000 euros, Andalucía baja al décimo puesto: los 18.867,57 euros que se han de abonar contrastan con los 19.439,26 euros de Extremadura, la autonomía más cara para estos niveles de renta, y con los 17.665,15 en que se cifra la aportación al fisco de los ciudadanos vascos con estos ingresos. En Andalucía, por tanto, las personas con estos ingresos pagan un 4% menos que en el territorio más caro y un 5,6% más que en el más barato.

También para ingresos de 110.000 euros Andalucía es el sexto territorio -hay que tener en cuenta que las tres provincias vascas tienen sus respectivas haciendas independientes- donde más IRPF se paga.

Pero para rentas de 300.000 euros, esta región cae hasta la decimoquinta posición: sólo en Galicia, Murcia, Castilla y León y Madrid se ha de abonar menos a Hacienda en la Declaración de la Renta. En Andalucía la factura del IRPF sale por 121.962,57 euros, un 10% menos que en la más cara, que es la Comunidad Valenciana (135.814,37 euros), y un 4,6% más que en la más barata, Madrid (116.622,1 euros).

Cosa parecida sucede para los contribuyentes con rentas anuales de 600.000 euros: de nuevo, sólo en Galicia, Murcia, Castilla y León se paga menos. La factura en Andalucía sale por 262.632,85 euros, un 11% más barata que en la Comunidad Valenciana (297.381,19 euros) y un 4,5% más cara que en Madrid, la más benévola con estas rentas (251.240,22 euros).

Así que los andaluces de rentas más bajas pagan prácticamente lo mismo que la mayoría de los españoles, mientras que quienes tienen rentas más voluminosas tienen que realizar aportaciones al fisco más bajas que en la mayor parte de los territorios.

¿Qué sucede con el resto de los impuestos? Con el Impuesto sobre el Patrimonio, quien en Andalucía cuente con 800.000 euros -excluidos 300.000 correspondientes a la vivienda habitual- no paga nada por este tributo (como sucede también en Baleares, Madrid, La Rioja, Cantabria, Extremadura, así como Álava o Vizcaya), frente a los más de 900 euros de Valencia.

Mientras tanto, un patrimonio de 4 millones tiene una factura de 5.100 euros, la más baja de España a excepción de Extremadura, frente a los casi 50.000 euros que se han de abonar en la Comunidad Valenciana, que es la más cara.

Un patrimonio de 15 millones de euros en Andalucía paga 278.364 euros, una cifra que sólo es más baja en Extremadura (que es cero), así como en las tres haciendas vascas. Valencia vuelve a ser el territorio más caro (362.201,57 euros).

Por último, un patrimonio de 40 millones de euros en Andalucía ha de abonar 1,153 millones al fisco por este tributo, lo que la convierte en la comunidad autónoma más barata del régimen común, sólo por detrás de Extremadura (donde no existe ya este tributo, pero donde los más adinerados están obligados a hacer frente al impuesto estatal sobre las grandes fortunas).

En Andalucía el Impuesto del Patrimonio estaba bonificado al 100%, pero se ha preferido recuperarlo para que los recursos se queden en la comunidad autónoma antes de que la recaudación la haga el Estado central, ya que la nueva figura fiscal que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez ante la desaparición a efectos prácticos de Patrimonio en muchas comunidades autónomas es de titularidad nacional.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones, de acuerdo con el ejemplo propuesto por el Consejo General de Economistas en su documento, en el caso de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 y de los que 200.000 euros corresponden a la vivienda del fallecido, la cuota que ha abonar en Andalucía -donde el impuesto, en la práctica, se ha vaciado de contenido ya que está bonificado al 100% hasta el millón de euros y lo que pase de esta cifra, al 99%- es cero, lo mismo que sucede en Galicia, Cantabria o Baleares. En otros territorios la factura fiscal es prácticamente simbólica: no llega a los 1.000 euros en Canarias, Extremadura y Castilla y León. Pero en la más cara, en Asturias, supera los 100.000 euros y en Aragón, la segunda, los 50.000.

Andalucía también es una de las comunidades autónomas en las que más barato resulta ingresar una donación: si una persona recibe de uno de sus progenitores 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico, en Andalucía habrá de pagar 1.716,20 euros (el tributo entre parientes cercanos está bonificado al 99%). Sólo en Valencia y en Canarias tendría que pagar menos (1.710,13 y 200 euros, respectivamente), mientras que en Cantabria le saldría gratis. Pero en Extremadura recibir esa donación implica pasar por el fisco con una factura que supera los 200.000 euros.

Por último, dos impuestos que gravan transacciones, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. El primero en Andalucía tiene un tipo del 7%, algo más alto que el de Madrid o Navarra (6%) o que el de Canarias (6,5%), pero por debajo del 13% que puede alcanzar en algunos supuestos en Baleares. El segundo de estos tributos en la comunidad andaluza está en el 1,2%, por encima del 0,5% que se aplica en otros territorios, pero por debajo del 1,5% que se cobra en la mayoría de comunidades autónomas.