Alianza entre la Junta de Andalucía y las farmacias para detectar casos de violencia de género

Este reconocimiento se materializará con un distintivo en el establecimiento y, a través de un producto clave, las mujeres que lo precisen podrán solicitar ayuda al personal farmacéutico, el cual dará la alerta a los servicios de emergencia 112, según explica la Junta en un comunicado. El convenio, sellado en el Palacio de San Telmo, es resultado de las Comisiones Provinciales de Seguimiento contra la Violencia de Género celebradas el pasado mes de junio.

La responsable de Igualdad ha agradecido «la importante implicación» de las farmacias, que una vez más ponen de manifiesto «su sensibilidad social». En este punto, ha recordado que el 900 200 999 es el teléfono de referencia de las mujeres andaluzas que buscan información y asesoramiento en materia de igualdad y, muy especialmente, para aquellas que sufren violencia de género, al tiempo que ha mostrado su satisfacción por este convenio, que suma un nuevo recurso a la red de atención a las víctimas.

Por su parte, Mingorance ha destacado que «los farmacéuticos, como profesionales sanitarios más accesibles a los ciudadanos, y la farmacia comunitaria, gracias a su fuerte arraigo social y territorial en cada barrio, municipio o pedanía de las ocho provincias andaluzas, son un gran aliado para ayudar a las mujeres que sufren maltrato y desde el que se puede y debe impulsar acciones que les faciliten ese apoyo y atención, y puedan dar el paso de denunciar a sus maltratadores». Asimismo, ha añadido que las farmacias comunitarias son establecimientos sanitarios a las que frecuentemente acuden las víctimas de la violencia de género, debido a los perjuicios que sufren en su salud.

Mingorance ha explicado que Andalucía cuenta con 3.860 farmacias y 11.000 farmacéuticos, el 70 por ciento mujeres con una edad media de 49 años. En un comunicado, el Consejo Andaluz ha puesto de relieve que «los farmacéuticos están en todas las ciudades, pueblos y pedanías de Andalucía y el 95% de los ciudadanos tienen una farmacia a menos de 200 metros de su hogar». Además, subraya el órgano que las boticas suelen ser percibidas como un recurso cercano, con una relación de gran proximidad con los profesionales que trabajan allí, especialmente en el medio rural.

Por ello, la Junta incide en que «es muy importante contar con estos espacios y sus profesionales para acompañar a las mujeres que sufren violencia de género, además de poder detectar posibles casos ya que las víctimas acuden con mucha frecuencia a las farmacias debido a la incidencia que la violencia de género tiene en su salud».

El convenio facilitará un distintivo que identifique a las farmacias como un espacio seguro para las víctimas de violencia de género, que estará expuesto en un lugar visible y accesible para que las mujeres puedan reconocer dichos espacios como un recurso al que acudir. Además, se establecerá un instrumento para que las andaluzas que se encuentren en situación de riesgo o peligro puedan acercarse a la farmacia y solicitar un producto en clave que sirva de señal para que el personal farmacéutico realice una llamada de alerta a los servicios de emergencias 112, garantizando en todo momento la «máxima discreción y confidencialidad».

Dada la importancia de mantener en clave dicho producto, la consejera ha señalado que se facilitará este dato solo a través de los distintos colegios farmacéuticos, de los servicios sociales comunitarios, del Instituto Andaluz de la Mujer y de las asociaciones de mujeres. «Hay que trabajar desde la unidad para arrinconar a la violencia de género», ha remarcado Loles López.

Ha ensalzado el compromiso, en su valoración, del Gobierno andaluz en la erradicación de la violencia de género, que se traduce en políticas que abarcan «la mejora y refuerzo de los servicios de atención a las víctimas, la ampliación de sus derechos, la sensibilización de la ciudadanía, la prevención; así como, la coordinación y la unidad».

Por su parte, la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se compromete a facilitar al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos material informativo y de sensibilización sobre la violencia de género y la protección a sus víctimas; celebrar reuniones informativas y de coordinación, y participar en el diseño, programación y organización de las acciones formativas sobre violencia de género destinadas al personal farmacéutico.

Además, deberá comunicar los informes y estudios relativos a la violencia sobre la mujer que resulten de interés para el ámbito de las farmacias y ofrecer asesoramiento técnico en respuesta a sus demandas en el ejercicio de sus actuaciones e iniciativas en materia de violencia sobre la mujer.

De su lado, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos indica que las farmacias tendrán a disposición de sus usuarios material informativo y de sensibilización sobre la violencia de género y la protección a sus víctimas, así como sobre los recursos públicos disponibles en la Comunidad Autónoma para la Atención y Protección de las víctimas de Violencia de Género, en especial sobre los Centros Provinciales de la Mujer ubicados en las capitales de cada una de las provincias andaluzas y los Centros Municipales de Información a las Mujeres.

Finalmente, los profesionales farmacéuticos participarán en acciones de formación y coordinación con la administración para ampliar su conocimiento y pautas de actuación en esta materia y consensuar procedimientos y tipos de respuesta.

Este convenio tiene su origen, según la Junta, en el trabajo que viene realizando el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz con las mujeres víctimas de violencia de género y por la cual se le concedió el pasado mes de marzo el Premio Meridiana, que otorga el Instituto Andaluz de la Mujer, por su contribución en la difusión de los recursos del IAM a las mujeres víctimas de violencia de género a través de las 500 farmacias de la provincia de Cádiz.

A esta red de acompañamiento a las víctimas, ha destacado el Ejecutivo regional, se han unido las comunidades de vecinos, los sectores de la hostelería y del ocio nocturno, el Servicio Andaluz de Empleo, profesionales de la abogacía, personal de prisiones, entre otros.