El Algarrobico: seis nombres clave para entender más de 20 años en los tribunales

En menos de dos semanas se cumplirán 19 años de esta escena, la que convirtió el singular paraje de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en un tótem ecologista y en un símbolo de la depredación urbanística de la costa. El Gobierno anunciaba esta semana que pretende comenzar el derribo en apenas cinco meses acudiendo a la vía de la expropiación. El Consistorio de Carboneras ya ha lanzado el aviso a navegantes de que los recursos judiciales eternizarán (aún más) el supuesto derribo.

La situación sigue enquistada después de casi un cuarto de siglo de proyecto, 14 sentencias firmes del Tribunal Supremo y más de medio centenar de resoluciones, autos y sentencias de distintas instancias. Algunas de las figuras clave de todo lo ocurrido en estos últimos 25 años hablan para IDEAL y trasladan sus impresiones.

En primavera del año 2004 se funda Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. Es una asociación que surge del interés ecologista de un puñado de jóvenes preocupados por el boom urbanístico en el litoral. «Estuvimos haciendo un informe y detectamos que solo en el Levante Almeriense se trabajaba en planes urbanísticos para alojar 500.000 viviendas y dos millones de habitantes. Tantos como en Madrid. «Ahí ya aparecía El Algarrobico. Estuve tres semanas recorriendo la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Carboneras y Costas para documentarlo», recuerda Jaime del Val. Con todo atado, puso la primera denuncia –por lo contencioso– contra el Hotel. Fue la que paralizó la obra.

«Lo que más recuerdo es la soledad con la que nos enfrentamos a esto. Habíamos hablado con otros colectivos ecologistas y nadie quería hacerse cargo. Es como si no vieran que era posible pararlo. Cuando lo conseguimos, entonces empezaron a sumarse». Del Val sigue con gran detalle el recorrido judicial del hotel. «Estoy convencido de que el derribo puede empantanarse unos diez años más. Dudo que el hotel abra nunca, pero es posible que sea el cambio climático quien lo derribe, aunque para entonces no quede nadie en esta zona de España que lo celebre».

Con la perspectiva del tiempo, Cristina Narbona –ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008– opina que el entuerto de El Algarrobico se podría haber resuelto en un par de reuniones si las partes hubieran accedido a responder a los toques de atención. «Avisamos a los promotores y al Ayuntamiento [de Carboneras] de que no invadieran la Ley de Costas. Era posible porque la promotora tenía más suelo detrás. Nosotros no entramos en la protección del suelo porque era competencia de la Junta de Andalucía. Pero se negaron a aceptarlo». Fue el detonante –esa negativa– la que llevó al Gobierno a comenzar a actuar contra la construcción.

Cuando se le pregunta, señala sin dudar a los máximos responsables de 25 años de litigio. «Tanto la empresa promotora como los sucesivos consistorios de Carboneras. Siempre recuerdo al compañero socialista Cristóbal [Fernández, exalcalde de Carboneras durante 28 años de forma casi ininterrumpida] que decía que lo que yo proponía le quitaba atractivo al hotel. El atractivo era meterse en la arena de la playa. Ahora lo recuerdo y, sinceramente, lamento que hubiera esa actitud por parte de Cristóbal». Llama al hotel «monumento». y también recuerda las dudas de la Junta de Andalucía a la hora de actuar contra el hotel. «En aquel momento, luego cambió de posición, la Junta estaba permitiendo la construcción de ese monumento en el Parque Natural», alega. «Tuve muchas conversaciones en aquellos años con el gobierno socialista de la Junta y a partir de cierto momento creo que se entendió que aquello no se debía de amparar».

El escándalo social y mediático sorprendió a la propia Junta de Andalucía, administración que tutela el urbanismo en el territorio, que actuó en este caso a rebufo del enorme impacto que había generado la construcción en plena época del boom urbanístico español. «La verdad es que la primera información que tenemos es simultánea a la que ofrecen los medios. Nos sorprendió, como Gobierno, que se fuera a construir un enorme hotel en un sitio como ese. Entonces investigamos todos los permisos, los planes generales urbanísticos... y de esa investigación exhaustiva encontramos un cambio de titularidad que no se había comunicado a la administración autonómica para su posible adquisición por retracto. Esa fue la rendija legal que encontramos para actuar contra el hotel».

Fuensanta Coves tuvo que lidiar con El Algarrobico en los primeros tres años desde su paralización. Fueron los más agitados, los de las denuncias cruzadas. «Aún a día de hoy no me explico cómo se ha tardado tanto en encontrar una solución a El Algarrobico», indica. «Siempre me sentí respaldada por el Gobierno. Desde que tuvimos conciencia del impacto y encontramos el argumento legal para combatirlo, siempre noté el apoyo del presidente, Manuel Chaves, y del Gobierno andaluz para ilegalizarlo y restaurar el espacio». «Es un sinsentido que siga en pie. Espero que en no mucho tiempo el hotel sea demolido».

Gómiz, arquitecto, con una dilatadísima experiencia como proyectista, recuerda la sorpresa y la incredulidad que sintió al ver aparecer en la estructura en obras a los agentes de policía con la orden judicial en la mano. «Yo estoy plenamente convencido de que el hotel se construyó correctamente, conforme a la normativa y la legislación que había», insiste. «Cuando a mi me llega el proyecto, la empresa Azata acababa de adquirir los terrenos a unos terceros pero ya tenían todos los derechos urbanísticos.Incluso el plan parcial estaba aprobado definitivamente conforme a las normas subsidiarias», indica. El encargo por parte de José Domingo Rodríguez fue el de edificar un hotel en la finca conforme a lo establecido por normativa. «Comprobamos el plan parcial, los planos de costas y los del parque y diseñamos con todas las garantías. Yo tengo los planos sellados de Costas que advierten de que la servidumbre marítima es de veinte metros y nos quedamos en obra a unos 50 metros del mar», remacha.

Desde que se ordenó la paralización, ha intentado guardar sigilo. «Hubo un bombardeo mediático. Todo estaba correcto.El hotel de El Algarrobico era legal, se ha confundido hasta a los jueces». «Ante tal jaleo gigantesco, estuve muy tentado de salir al encuentro de algunas declaraciones». Habla de los denunciantes, pero también de los políticos. «No pude nunca hablar con ningún dirigente del Gobierno o de la Junta. Mejor, habría soltado por la boca cuatro frescas», admite. Ahora, 25 años después de que sellara los planos del hotel, reconoce haber perdido las esperanzas de ver el hotel abierto. «La justicia no siempre es justa».

Las obras del hotel sobresaltaron a los asociados de Ecologistas en Acción, en donde milita José Ignacio Domínguez, abogado especializado en causas ecologistas, y le llevaron a investiga a fondo la tramitación urbanística de la parcela. «Vimos que se estaba construyendo. Llamé a un amigo de la Junta y me intentó tranquilizar diciendo que la parcela se había modificado y que era urbanizable. Pero buscábamos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y no nos aparecía», rememora Domínguez.

Aún lidia con algunos pleitos de El Algarrobico, entre los que se guía gracias a un enorme documento de seguimiento en el que delimita las causas, los motivos y las resoluciones judiciales. «En total, han sido 14 sentencias firmes del Tribunal Supremo. Pero hay más de medio centenar entre autos y sentencias. Porque, además, durante mucho tiempo se presentaban por triplicado, dos empresas promotoras y el Ayuntamiento de Carboneras».

«Ecologistas en acción metió una denuncia por prevaricación que se archivó. Tras estudiarlo con Jaime del Val, decidimos que lo útil era un contencioso. Estudiamos el tema y descubrimos que había habido un cambio de planimetría que convertía en urbanizable suelo de especial protección. Pero es que además vimos que invadía la servidumbre de protección», rememora. Acudieron al Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo. Lo paró cautelarmente en cuestión de meses. «Tengo claro que si El Algarrobico no lo tira la Justicia, lo acabará derribando el salitre».

Es partidario de la apertura del hotel y un actor contrario a cualquier derribo. «Sería conveniente que nos sentáramos entre las tres administraciones involucradas Estado, Gobierno de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras, y la propia empresa, y en una misión de negociación buscar lo menos lesivo para los ciudadanos, que al final de cuentas somos los que pagamos el desaguisado del hotel», indicaba en una entrevista con este diario en la que ya avanzaba que tratar de derribar el hotel en menos de cinco meses –como dijo la ministra María José Montero, responsable de Hacienda– es un «brindis al sol». «En cinco meses ni estará derribado ni estará abierto», sentenciaba. «Lo normal es ponerlo en valor, ya sea como una residencia de mayores, ya sea como un hotel, pero dar servicio a la ciudadanía, crear empleo, crear riqueza».

Hernández ha gobernado Carboneras en varios periodos y con distintas formaciones. A día de hoy lo hace bajo las siglas de Ciudadanos y con un equipo de Gobierno conformado por todos los ediles del PP salvo uno. «Habría que buscar una solución negociada», insiste.

Este periódico ha tratado de contar con la opinión de la promotora del hotel, Azata del Sol. Un portavoz ha declinado participar en este reportaje. También se ha tratado de contactar con Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras en los momentos más críticos de la polémica judicial. No ha contestado a las llamadas efectuadas por este diario.