Alaya reabre el caso de la la mina Aznalcóllar y provoca el cese del presidente de la SEPI

La sección séptima de la Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir como causa penal el caso de la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía de la explotación de la mina de Aznalcóllar, archivada en dos ocasiones, y llama como investigado al presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, que fue secretario general de Industria de la administración autonómica. Fernández ha presentado su renuncia esta mañana, según ha informado en Algeciras la ministra de Hacienda y Administración Pública en funciones, María Jesús Montero, quien ha añadido que el Consejo de Ministros de este viernes hará efectivo su cese. Entre los magistrados que firman el auto de reapertura de la investigación figura como ponente una vieja conocida de los excargos socialistas de la Junta, la jueza Mercedes Alaya, que abrió e instruyó la macrocausa de los ERE, entre otras.

La sección séptima estima «íntegramente» el recurso de apelación formulado por la representación de Emérita Resources España contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que el 11 de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México-Minorbis. Según el auto fechado el pasado 26 de septiembre, y al que ha tenido acceso este periódico, el tribunal ve «poderosos indicios» de prevaricación, otros «indicios ostensibles» de tráfico de influencias, de cohecho y de malversación. El tribunal ordena investigar a cuántas personas hayan intervenido en la adjudicación de la explotación minera para, según señala, «favorecer el concurso presuntamente fraudulento».

La Junta de Andalucía adjudicó en 2015, siendo presidenta Susana Díaz, la explotación para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, famosa por el vertido catastrófico de 1998. La adjudicación recayó en la agrupación empresarial Minorbis-México, en detrimento de Emerita Forbes Manhattan (Emerita Resources España). Esta emprendió entonces una dura batalla legal al considerar que se habían vulnerado las bases del concurso al presentar una oferta de mayor cuantía económica. La jueza arguye que el proceso estuvo plagado de «ilegalidades severas». Advierte de prevaricación y se pregunta por «la inexistencia de motivo» por el que Grupo México no participó por sí misma en el concurso y se valió de Minorbis, filial de Magtel, entendiendo que pudo haber compensaciones ilícitas por ello. En este sentido expone la relación estrecha de Fernández con los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, dueños de Magtel. Como ejemplos cita los correos que se intercambiaron incluso en «horas intempestivas» de sábados y domingos.

También relata en el auto un viaje de los hermanos con Fernández y una persona de su círculo «íntimo» a Brasil. Como prueba principal del supuesto trato de favor de Fernández en la adjudicación recuerda una visita de Isidro López Magdaleno a la empresa denunciante para llegar a un entendimiento y en la que, según los denunciantes, este les dijo que tenía la «llave» del concurso y que les iba a llamar alguien de la Junta para interesarse. Esta persona fue Fernández, según el auto.

Alaya también apoya sus sospechas en «los ascensos de personas relacionadas con el concurso», que «podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados». En este sentido, reclama a la Junta de Andalucía los puestos desempeñados tres meses antes y después de la adjudicación de la mina de los integrantes de la mesa de contratación y la comisión técnica. Diligencias que también reclama para el presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Este pasó a ser interventor general de la Junta tras la adjudicación de la mina y después fue nombrado presidente de la SEPI en el Gobierno de Pedro Sánchez.

La jueza también pide que se investigue a funcionarios por encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la Justicia, como pide en su recurso Emérita Resources. También que se tome declaración a los empresarios Isidro y Mario López Magdaleno. Contra la apertura de investigación, que atiende todos los argumentos de Emerita, no cabe recurso alguno.

La jueza de instrucción del número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, abrió diligencias por presuntas irregularidades graves en la adjudicación de la mina en 2016 tras la demanda de Emerita, siendo luego archivada. Contra este archivo ya ordenó la sección séptima de la Audiencia de Sevilla la reapertura de la investigación, que en marzo pasado volvió a archivar Fernández Franco. Ahora la Audiencia abre otra investigación. La minera que perdió la adjudicaciónn tiene otra denuncia interpuesta por la vía de lo contencioso administrativo.

El consejero de Presidencia, Interior y Administración Pública, Elías Bendodo, ha manifestado su respeto a la decisión judicial sin entrar a valorar el auto. Ha recordado que el caso ya fue archivado en dos ocasiones. Bendodo ha dicho que la Junta estudiará el auto y atenderá las peticiones judiciales, pero ha reclamado prudencia por estar inmersa este asunto en una investigación. Ha aprovechado la pregunta tras el Consejo de Gobierno para afirmar que el objetivo de este es «potenciar Andalucía como centro de desarrollo para la actividad industrial y, especialmente, la minería».