Alarma en la Junta por la inclusión de la financiación autonómica en las negociaciones para la investidura

Andalucía es una de las tres comunidades autónomas que resultan más perjudicadas por el actual sistema, junto a la Comunidad Valenciana y Murcia, y su reforma forma parte de las prioridades políticas de la Junta incluso desde la época socialista. En marzo de 2018, cuando la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, era consejera andaluza del departamento homónimo, el Parlamento de Andalucía aprobó con el respaldo de todos los grupos, salvo Ciudadanos, una dictamen en el que se denunciaba la infrafinanciación que padece Andalucía.

Menos de un año después, tras el cambio de signo de la Junta, esta cuestión siguió estando en los primeros lugares de la agenda política del Gobierno andaluz, pero ante la resistencia de Montero, ya al frente del Ministerio, de abordarlo, pasó a ser una de los puntos de confrontación entre la Junta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ahora, en pleno desarrollo de las negociaciones entre los socialistas y las formaciones nacionalista para conseguir el respaldo a la investidura de Pedro Sánchez, la cuestión ha sido puesta sobre la mesa por la propia Montero, y ello ha levantado todas las alarmas en la Junta de Andalucía. La consejera de Hacienda, Carolina España, afirmó que siendo la reforma del sistema de financiación una cuestión urgente, debe abordarse desde el consenso y pensando en el bien común y no «buscando un balón de oxígeno para un proyecto de perdedores, como el del PSOE».

España recordó que Montero es ministra de Hacienda desde 2018 y que desde entonces no ha cumplido con lo que exigía como consejera. «Ni ha reformado el sistema de financiación, ni ha aprobado el fondo transitorio compensatorio solicitado reiteradamente por Andalucía y otras comunidades infrafinanciadas, ni ha trabajado el consenso con las comunidades autónomas y ahora le entran las prisas», enfatizó. Para la consejera de Hacienda de la Junta, lo que María Jesús Montero está haciendo con su propuesta para condonar la deuda de las comunidades autónomas con el Estado «es poner precio al apoyo de los partidos independentistas a Pedro Sánchez en la investidura».

La consejera advirtió de que el Gobierno no puede negociar nada de forma bilateral con Cataluña, menos aun estando en funciones, sino que debe convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde debe darse un debate leal entre todas las comunidad autónomas.

También recordó que el actual sistema de financiación fue pactado en 2009 entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana sin el concurso del resto de las formaciones políticas y que el gobierno de Pedro Sánchez nunca ha tenido voluntad de modificarlo.

Este sistema, apuntó España, ha sido muy lesivo para Andalucía. «Nuestra comunidad ha dejado de ingresar alrededor de 1.000 millones de euros cada año que le correspondían en función de su población –argumentó la consejera-. Y ahora, que vuelve a necesitar a los independentistas, anuncia nuevas prebendas en el marco de una hipotética reforma del sistema de financiación».

Otros miembros del Gobierno andaluz también se han pronunciado sobre este asunto. El consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, advirtió desde su cuenta de Twitter que si la reforma de la financiación autonómica es un instrumento para allanar la investidura de Pedro Sánchez, «ya sabemos a qué comunidades autónomas tiene pensado regar de millones el PSOE, y a qué comunidades se los piensa quitar a costa de su sanidad, educación y atención social».

Por su parte, la consejera de Empleo y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, se posicionó en contra de la posibilidad de autorizar desde el Gobierno central una condonación de deuda a Cataluña como trato de favor a la Generalitat y de la reforma del sistema de financiación autonómica, sobre el que ha insistido en advertir de que Andalucía está infrafinanciada.