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Los agricultores andaluces, que han cumplido ya ocho días continuados de protestas en demanda de soluciones para el sector, obtuvieron este miércoles un doble récord. Por un lado, consiguieron el objetivo de aislar durante cuatro horas a la ciudad de Sevilla, que permaneció cercada durante ... toda la mañana por el corte de todos los accesos terrestres. Por el otro, pusieron de acuerdo a todos los grupos políticos de la comunidad, que en un raro ejercicio de unanimidad mostraron su respaldo a los reclamos del sector primario aunque, eso sí, sin dejar de lanzar críticas a sus correspondientes adversarios.
La languidez del tráfico en la capital andaluza, prácticamente con la misma intensidad de la que se puede producir durante un fin de semana, confirmaba que los agricultores habían conseguido cercar la ciudad durante una jornada laboral y disuadir a buena parte de los conductores. Los que fuera de los límites de la ciudad decidieron ponerse al volante con la intención de entrar en Sevilla, no consiguieron su objetivo. Incluso hubo miembros del Gobierno andaluz que optaron por aplazar sus agendas fuera de la capital autonómica para evitar resultar atrapados por las protestas.
La jornada, en la que también se cortaron los accesos a Jaén y al puerto granadino de Motril, supuso un éxito para las organizaciones agrarias más representativas en la comunidad -Asaja, COAG y UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía- que tras verse sobrepasadas por la protestas espontáneas y autoconvocadas como reflejo de las realizadas primero en Francia y después en Bruselas, decidieron ponerse al frente y organizar los cortes de este miércoles previa autorización para evitar sanciones o detenciones. A diferencia de las jornadas anteriores, que sumaron 26 detenidos en ocho días, el único incidente se produjo en la AP-4 a la altura de la localidad sevillana de Los Palacios, donde la Guardia Civil detuvo a una persona que bajó de su coche para amenazar a los manifestantes con un palo de madera.
Los convocantes exigieron un compromiso firme al Gobierno central para corregir lo que consideran la dirección errónea de la Política Agraria Común (PAC), que en su opinión conduce a la ruina de sector. El presidente de Asaja Sevilla, Ricardo Serra, arremetió también contra el Pacto Verde Europeo. Por su parte, uno de los responsables de COAG, Miguel López, trazó un paralelo entre las políticas agrarias europeas y las implantadas en los noventa para reconvertir la industria con un dramático coste en puestos de trabajo y en el peso de ese sector en la economía.
Los representantes de las organizaciones agrarias lamentaron también lo que consideran una invasión de productos de baja calidad de terceros países que tiran por los suelos los precios de los productos de la tierra para beneficio de las grandes distribuidoras.
Mientras los agricultores exhibían su fuerza en las carreteras andaluzas, los posicionamientos que se sucedían en la habitual comparecencia de los miércoles de los portavoces en el Parlamento de Andalucía evidenciaban el consenso político y social que respalda las reivindicaciones del sector.
Nadie quiso marcar distancia con el reclamo de los agricultores aunque, eso sí, tampoco se perdió la oportunidad de lanzar reproches contra los adversarios políticos. El portavoz popular, Toni Martín, aseguró que las reivindicaciones que ahora han llegado a las carreteras son las mismas que los agricultores llevan lanzando al menos desde el comienzo de la pandemia mientras el Gobierno de España lleva todo este tiempo «sin mover un dedo».
Frente a eso, dijo, la Junta de Andalucía ha dedicado millones de euros a ayudas a los agricultores y a hacerse cargo de obras para paliar los efectos de la sequía cuya competencia corresponde en realidad a la Administración central del Estado.
Desde la acera contraria, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, tras mostrar su apoyo a los agricultores lamentó lo que considera utilización de sus reclamos «por parte de la derecha y extrema derecha» y aseguró que el respaldo del Gobierno de España al sector primario no se puede poner en cuestión, ya que se ha traducido en más de 4.000 millones de euros en ayudas mientras la Junta de Andalucía apenas ha ejecutado el 42 por ciento de los fondos destinados a políticas de agua. «Tiene 913 millones metidos en un cajón que no ha sido capaz de gastar», aseguró.
Vox también se posicionó en favor de las demandas del sector primario y apuntó contra «la gran coalición de socialistas, populares y verdes» en la Unión Europa y sus «gobiernos cómplices», entre los que incluyó al encabezado por Juanma Moreno en Andalucía.
Asimismo, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, adelantó que su grupo ha solicitado la comparecencia en el pleno de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, para que explique qué está haciendo la Junta en materia de combate al fraude en el etiquetado, el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y la política de agua.
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