Los agricultores de Doñana que dejen de cultivar recibirán 100.000 euros por hectárea

El protocolo incluye en total una inversión de ambas administraciones, prácticamente a partes iguales, de 1.400 millones de euros en todo el entorno del parque, que afecta a 14 municipios de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. El perfil sociológico del área de actuación, según explicó la vicepresidenta, es el de una población vinculada en un 38 por ciento a la actividad agraria. El objetivo del acuerdo es aliviar la presión sobre el acuífero que nutre al Parque y al mismo tiempo ofrecer una alternativa al potente sector agrícola de la zona.

La mayor parte de la inversión anunciada corresponde a recursos que ya estaban comprometidos por ambas administraciones para la preservación de Doñana, la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y ayudas a los sectores económicos y al fortalecimiento de los servicios públicos en la zona de influencia del espacio natural. Pero hay también 350 millones de euros que el Gobierno de España aportará para la reconversión de la agricultura en la zona y la promoción de actividades alternativas a la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos.

Después de dos años de conflicto político por este asunto y tras dos meses de complejas negociaciones, Moreno y Ribera escenificaron en la localidad onubense de Almonte, uno de los municipios del entorno del Parque, la firma del protocolo, cuyo contenido fue respaldado por la plataforma de regantes de la Corona Norte. Este colectivo aglutina a los agricultores cuyas tierras quedaron en una situación de alegalidad cuando en 2014 se implantó el plan mediante el cual se regula el acceso a agua para riego y que iban a ser beneficiados por una ley autonómica que, contra el criterio del Gobierno y también de las autoridades europeas, regularizaba su situación.

El primer punto del acuerdo entre ambas administraciones es que el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, retira definitivamente esa propuesta de ley. Así se cierra un conflicto que tenía de un lado a la Junta, que había adquirido un compromiso con estos agricultores de no firmar un acuerdo que sin su respaldo, y el Gobierno de España, que consideraba al proyecto de ley una amenaza contra la preservación de Doñana y que había levantado todas las alarmas en Europa. Ribera señaló que ha comunicado la firma del acuerdo al comisario europeo de Medio Ambiente, Virjinijus Sinkevicius.

El protocolo, que según Moreno pone fin a una situación que se había enquistado y blinda Doñana, fija unas compensaciones para los agricultores que decidan modificar la naturaleza de sus explotaciones. «Todo el mundo gana y nadie pierde en este acuerdo», aseguró.

Quienes abandonen la actividad agrícola y opten por reforestar, recibirán 100.000 euros por hectárea a razón de 10.000 por año durante una década. El Gobierno aportará el 70 por ciento de esta cantidad; la Junta de Andalucía, el 20 por ciento y la Diputación de Huelva, el 10 por ciento restante.

El acuerdo no contempla la compra de suelo ni la amnistía por los procesos abiertos por la explotación ilegal de acuíferos, que seguirán adelante. Tampoco se compran, según subrayó la vicepresidenta, «derechos de agua que no existen». El cambio de uso de suelo de regadío a forestal implicará un compromiso de 30 años por parte de los beneficiarios.

Además, el plan ofrece alternativas con ayudas menores para los que conviertan sus explotaciones a secano y a quienes lo hagan a agricultura ecológica.

En el protocolo se incluyen también otras medidas para la reconversión económica del territorio, como la creación de la Marca Doñana , el fomento del turismo en la zona, la incorporación de líneas de acción de cualificación profesional, el aumento del valor añadido de los productos del territorio mediante acciones de comercialización y el refuerzo de infraestructuras y servicios. También iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda y las condiciones de vida de los temporeros.

Como parte de su compromiso, la Junta aporta 335 millones de euros para obras hidráulicas y 251 millones de euros procedentes de fondos europeos para diversificar y mejorar la comercialización de la producción agrícola de la zona.