La mayoría de los agentes socioeconómicos piden un acuerdo sobre los regadíos en Doñana

La mayoría de los agentes sociales y económicos, alcaides y expertos en materia hídrica que comparecieron ayer en el Parlamento andaluz para abordar la proposición de ley de PP y Vox sobre los regadíos en Doñana apostaron por el diálogo e instaron a los Gobiernos central y autonómico y a los partidos políticos a alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión y abandonen la confrontación electoral.

En una jornada maratoniana de casi doce horas de duración en la que ofrecieron su visión sobre la norma y el problema de los regadíos un total de 23 comparecientes, la división y diversidad de opiniones al respecto no impidió que emergiera la petición generalizada de encontrar una solución consensuada que garantice la conservación de Doñana y el futuro de los agricultores de la comarca con la cobertura de sus necesidades hídricas.

La comisión empezó con bronca entre la presidenta de la misma, la popular Ana Chocano y el portavoz socialista, Mario Jiménez, que protagonizaron un rifirrafe por el tono y preguntas del diputado del PSOE.

Los alcaldes de la comarca fueron los más contundentes en apelar a un acuerdo sobre los regadíos como así lo reflejaron los primeros ediles de Almonte, Beas, Moguer y Rociana del Condado, que abogaron para facilitar un consenso por la creación de una comisión bilateral para la búsqueda de soluciones. Así lo expresó el alcalde socialista de Rociana del Condado, Diego Pichardo, que aseguró que «ha llegado el momento para que administraciones y partidos se sienten en la misma mesa y dialoguen sobre la solución, que es lo más importante, ya que los agricultores del Condado ya están cansados». A esta llamada al consenso de los alcaldes se sumaron también las organizaciones agrarias UPA-Andalucía y Asaja.

El sector agrícola fue el más vehemente en la defensa de la norma que ven como «una oportunidad de desarrollo y para acabar con fincas que están en un limbo», como destacó el director de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez. El secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, resaltó la necesidad de que «los agricultores tengan una cobertura legal y una seguridad jurídica».

Las organizaciones agrarias reclamaron además la ejecución urgente de infraestructuras hídricas para dar respuesta a las necesidades de agua de los agricultores. El sector de la fresa cuestionó el plan aprobado en 2014 por el anterior Gobierno socialista que dejó a muchas explotaciones en una situación de alegalidad y por la que agricultores llevan años luchando. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, alertó de la grave situación hídrica del parque nacional y su deterioro, ya que «las lagunas de Doñana están secas y los acuíferos están en riesgo y los pozos de los agricultores ya no tienen recursos», subrayó.

Delibes lamentó la ausencia de la Estación Biológica de Doñana entre los comparecientes y pidió a los grupos parlamentarios que «tengan la valentía de retirar la ley y no entenderla como una derrota, ya que sería en realidad una victoria» para el futuro de Doñana y concluyó mostrando su «bochorno» por la confrontación política y lamentó que los diputados «no sepan en pleno siglo XXI lo que es el consenso».

Los sindicatos CCOO y UGT se mostraron contrarios a la proposición de ley y apelaron también al acuerdo. Clara de la Colina, de UGT-A, consideró «primordial salvaguardar Doñana, que está amenazada por el uso ilegal del agua». Emilio Fernández, de CCOO, defendió el plan especial de ordenación de la Corona Forestal de Doñana que se acordó en 2014. También el secretario de Organización de COAG-A, Eduardo López, se alineó con los sindicatos y pidió la suspensión de la norma.

Las organizaciones ecologistas mostraron un rechazo frontal también a la iniciativa, como WWF, que pidió su retirada y que «empeorará el desequilibrio hídrico del acuífero de Doñana que está en riesgo», según su representante, Juanjo Carmona. Colectivos sociales y ecologistas, como SEO/BirdLife o Ecologistas en Acción, aprovecharon las comparecencias para llevar sus protestas ante las puerta del Parlamento de Andalucía con una concentración contra la tramitación de la proposición de ley.

Entre detractores y defensores de la ley se escucharon voces diferentes de expertos en agua como el que fuera director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Juan Saura, que señaló que «la formula más sencilla y rápida para llevar agua a Doñana es un trasvase desde el río Guadiana para dotar al acuífero de lo necesario.

La prevista ausencia en la comisión de la ministra, Teresa Ribera, fue justificada ayer por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que argumentó que ya ha comparecido y dado explicaciones en el Parlamento de la Nación, «que es donde le corresponde».

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