Adelante Andalucía ve «un rescate de la clase empresarial» en el acuerdo de Doñana: «Junta y Gobierno se tragan un sapo»

En una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, ha sostenido que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno «se han tragado un sapo por llegar a un acuerdo con un lobby de empresarios incumplidores», de quienes ha planteado que «han conseguido lanzar el mensaje de que todo vale», ya que «si tienes suficiente fuerza puedes salirte con la tuya», antes de preguntarse «en qué situación se quedan los agricultores que lo han hecho bien».

Ha reconocido que el acuerdo de ambas administraciones comporta «un intento de diversificar la economía de la zona», pero ha matizado esa lectura genérica «leyendo ambos textos» y lamentar entonces «una oportunidad de regularizarse tanto »a quienes han trabajado de manera leal« como de quienes han hecho »una competencia desleal absoluta«.

«A todos por igual», ha proseguido considerando la parlamentaria de Adelante Andalucía, convencida de que ese anuncio de que Junta y Gobierno destinarán 100.000 euros por hectárea para los agricultores que renuncien a continuar con su actividad actual supone «rescatarles a un precio muy por encima al de mercado» y colegir entonces que se trata «de un negocio redondo» para aquellas hectáreas en regadío «sin tener derecho a agua», por cuanto «ahora te van a pgar 100.000 euros si estás dentro de la Corona Forestal».

Maribel Mora ha continuado explicando que serán agricultores que «van a sacar mucho dinero» con la premisa de que «van a seguir cobrando la PAC porque el suelo sigue siendo suyo», antes de advertir de una tendencia apuntada por las organizaciones ecologistas sobre «la compra de tierras en el Andévalo para seguir plantando frutos rojos» y se propicia de esta forma que «se lleva cada vez más al norte la ubicación de frutos rojos», por lo que ha reclamado «poner más límites» con el razonamiento de que «esto no se debería permitir».

La presidenta del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía ha reprochado a la Junta de Andalucía que «no les ha informado de nada» a los empresarios agrícolas legales por cuanto ha planteado que el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, sí se ha reunido con «la Plataforma de los regantes, con los empresarios ilegales», pero por el contrario no lo ha hecho con la asociación Puerta de Doñana, de quienes ha remarcado que «son absolutamente legales y no se han reunido con ellos, no le han pedido opinión».

Otro aspecto del que ha alertado Maribel Mora ha sido señalar que la Junta de Andalucía «abre la puerta a modificar el decreto del Plan de la Fresa», elaborado en 2014 como Plan de Ordenación de los Regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, y ha dicho que se podría propiciar que «los agricultores de secano que pinchan ilegalmente el agua» podrían acogerse «al posible Plan de la Fresa con derecho a agua», de manera que en ese caso sería «una vía de engaño de todo lo que nos están vendiendo».

«Son dudas que preguntaremos de manera directa a Moreno Bonilla y al Ministerio para que respondan de forma adecuada», ha apuntado la diputada de Adelante.

Mora también ha puesto el foco sobre el trato que se ofrece a la población migrante que vive de la agricultura y ha proclamado que «el precio de la fresa vale tan barato por la explotación esclavista», que ha concretado en «la humillación absoluta» de unos trabajadores inmigrantes que viven «en asentamientos ilegales», por lo que ha calificado de «postureo» la posición del Gobierno y de la Junta de Andalucía en este asuntos, antes de concretar un reproche concreto para la Administración autonómica tras poner de manifiesto que en el proyecto de Presupuestos de 2024 «no hay ni un solo euro para el plan de erradicación del chabolismo».

«Estas personas están esclavizadas viviendo en condiciones indignas para que seamos los primeros productores de fresa del mundo», ha remachado su argumentación.