Después de la sentencia ha llegado el reclamo de responsabilidades. En un tono inusualmente duro en un dirigente de habitual verbo sereno, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, sacó este miércoles una larga lista de agravios guardada durante casi tres años para reclamar ... responsabilidades políticas a los dirigentes de Izquierda Unida y Podemos que entre finales de 2020 y comienzos de 2021 encabezaron la purga contra nueve diputados de Adelante Andalucía, expulsados en aquel momento del grupo parlamentario y privados de muchos de sus derechos para ejercer sus funciones.
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Ahora el Tribunal Constitucional ha dado la razón a los parlamentarios que en 2021, tras una decisión de la Mesa de la Cámara, pasaron a ser considerados no adscritos. García y Maribel Mora -los únicos dos supervivientes de Adelante en el Parlamento tras las elecciones del año pasado- reclaman que se depuren responsabilidades políticas. Al haber terminado la legislatura en la que los diputados fueron privados de sus derechos, la sentencia no tiene un efecto directo sobre la actual organización parlamentaria.
La principal señalada es la entonces y todavía portavoz de la coalición de izquierdas, Inmaculada Nieto, de quien García asegura que está inhabilitada para continuar ejerciendo responsabilidades políticas. El parlamentario advirtió también que si en algún momento existe una posibilidad de reconstruir un «bloque histórico» en la izquierda andaluza, hay otros dirigentes que también serían un obstáculo. García apuntó contra el secretario general del PCE, Enrique Santiago; el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, y la secretaria general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde.
El portavoz de Adelante admitió sin embargo que su formación no tiene intención de trabajar en la construcción de una fuerza unitaria en la izquierda. De hecho, el proyecto de construir una formación autónoma y andalucista fue la causa política de fondo que causó en su día la ruptura con Podemos de los Anticapitalistas de esta comunidad, la formación de origen encabezada por Teresa Rodríguez. Esa conflicto desencadenó la expulsión del grupo parlamentario de los nueve diputados tras ser acusados de tránsfugas, en una decisión que el Constitucional ha declarado ilegal.
Ahora, los damnificados, que consideran que esa decisión fue «una operación del régimen destinada a eliminar políticamente a Teresa Rodríguez y a Adelante Andalucía» exigen una reconocimiento público por parte del Parlamento y estudian de qué forma reclamarán que se ejecute la sentencia.
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La principal aludida, Inmaculada Nieto, rechazó que se personalice lo que ha sido un conflicto político. «Esto es política y le debemos un respeto a la gente que representamos», señaló. La portavoz de Por Andalucía, militante de Izquierda Unida, aludió al vacío jurídico que tuvo que afrontar la Mesa del Parlamento cuando Podemos pidió la expulsión de Rodríguez del grupo tras la ruptura de Anticapitalistas con la formación morada.
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