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Aún colean las remuneraciones de Braulio Medel por su participación en consejos de administración de otras empresas cuando era presidente de Unicaja. Adelante Andalucía ha presentado una pregunta en el Parlamento autonómico para conocer el recorrido del informe del Banco de España que, tras una ... inspección en 2006, concluía que no era posible determinar la legalidad de estos cobros. La ley impedía que los presidentes de las cajas de ahorros recibieran cualquier otra retribución más allá de sus salarios, pero los informes anuales de Unicaja revelan que, sólo entre 2004 y 2010, los pagos a sus directivos como consejeros en otras empresas ascendieron a más de tres millones de euros.
La pregunta, registrada por el diputado no adscrito Nacho Molina, procedente de Adelante Andalucía y hombre de confianza de Teresa Rodríguez, recuerda que hubo otro informe similar en 2009 y pronunciamientos del Tribunal Supremo contrarios a este tipo de remuneraciones. Molina pregunta qué actuaciones llevó a cabo la Junta de Andalucía tras recibir ambos informes, que destapan «infracciones tipificadas y con propuestas de sanción muy grave», y pone el foco sobre la Fundación Unicaja, presidida por Medel, quien tuvo que abandonar la presidencia del banco. El parlamentario sevillano cuestiona «en qué términos se ha dirigido la Junta de Andalucía a la Fundación respecto a lo contenido en ese informe y quién ha respondido por parte de la misma». En el Patronato de la Fundación figura Antonio Jesús López Nieto, durante años mano derecha del portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia Elías Bendodo.
La Junta guardó los informes derivados de las inspecciones del Banco de España en un cajón durante diez años, primero con José Antonio Griñán y luego con Carmen Martínez como consejeros de Economía y Hacienda. Ahora, más de una década después, cuando el asunto ha vuelto a la actualidad por los supuestos cheques irregulares al portador que Medel cobró de Iberdrola, pagos que están siendo investigados en el marco del 'caso Villarejo', la Junta, pese al cambio de gobierno, sigue sin mover ficha. Molina también pregunta «qué otras actuaciones pueden ejercitarse para que la Junta asuma la exigencia de responsabilidad sobre estos supuestos cobros ilegales, reclamando su devolución y ejerciendo las actuaciones necesarias respecto de las consecuencias que pudieran derivarse de un comportamiento irregular como determina el propio informe del Banco de España».
El Gobierno dispone aún de un mes para responder por escrito.
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