El acuífero de Doñana riega de forma ilegal casi 4.000 hectáreas

El colectivo ecologista puso de relieve ayer con motivo de la celebración del Día Mundial de los Humedales «esta crítica situación que confirma el grave problema del robo del agua y el aumento de la superficie ilegal regada en este acuífero».

WWF cifra exactamente en 3.983 las hectáreas que se riegan con agua extraída ilegalmente de este acuífero que es el corazón del espacio natural y clave para su equilibrio hídrico.

En total, señala que el agua suministrada a estos cultivos legales se corresponden con el agua de 4.226 piscinas olímpicas, con 14,37 hectómetros de agua. Asimismo, la entidad conservacionista precisa que el 42 % de estas extracciones ilegales se las llevan los cultivos bajo plástico de frutos rojos concentrados en la masa de la Rocina.

Además, WWF subrayó que las masas subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas ya se declararon hace años sobreexplotadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), en concreto en el año 2020.

La organización ecologista tiene previsto poner en conocimiento de la Unesco esta realidad de continuo declive del acuífero que vive el parque, ya que impacta en los valores universales excepcionales del espacio natural por los que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 años.

En el último estudio hídrico de WWF se refleja que la superficie ha crecido en la masa de agua subterránea donde proliferan los cultivos leñosos, principalmente olivos regados ilegalmente. Así, señala que «este aumento se puede deber al mayor esfuerzo en la detección mediante el análisis visual, pero también a un posible aumento del riego no autorizado de este tipo de cultivos».

En el caso de la masa de agua subterránea de La Rocina, que es una de las zonas de acuífero que «mayor extensión de cultivo en regadío soporta, y por tanto de uso más intensivo del agua subterránea», el estudio muestra un descenso de la superficie de cultivos de frutos rojos en posible situación de ilegalidad».

WWF valoró el «esfuerzo» de la CHG para cerrar pozos que estaban extrayendo agua sin permiso aunque «sigue el problema siendo aún de una magnitud muy considerable, ejerciendo una fuerte presión sobre los niveles del acuífero, ya que concentra el 42 % de las extracciones ilegales.