Abiertas nuevas diligencias contra Chaves por malversación por un préstamo a una cárnica de Jaén en 1999

El juzgado de los ERE de Sevilla abre una nueva causa contra el expresidente Manuel Chaves y otros excargos socialistas de la Junta, en este caso por delitos de prevaricación y de malversación por un préstamo de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros) a una cárnica de Jaén en 1999, parte del cual no fue devuelto y ha prescrito. Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación en el primer juicio de los ERE. La investigación también alcanza a otros 14 excargos, como el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, condenado igualmente a nueve años de inhabilitación por el caso de los ERE; a los exconsejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo, con penas de siete años de cárcel por lo mismo; al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, con cárcel de siete años y once meses, y al exconsejero de Empleo Guillermo Gutiérrez.

Las nuevas diligencias no forman parte de la macrocausa de este famoso caso, pero guarda relación con su origen. La dificultad administrativa para conceder ayudas a la cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa) dio origen al procedimiento que a partir de 2000 utilizó la Junta de Andalucía para auxiliar de forma ágil a empresas en crisis considerado ilegal por la Audiencia de Sevilla.

Un año antes, el 9 de noviembre de 1999, el Consejo de Gobierno andaluz que presidía Manuel Chaves concedió un préstamo 'puente' de 5,8 millones de euros a Hamsa, (luego Campocarne y Primayor), del que quedó pendiente de reintegro 3,7 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera que pudo haber delito de prevaricación y malversación y pidió su investigación. Este martes, dos autos del juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, confirman la apertura de diligencias previas por los citados delitos, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El magistrado considera que los hechos relatados por la Fiscalía en su escrito del pasado 20 de noviembre «podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que «resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesíón». El auto recoge que a través del préstamo puente concedido en noviembre de 1999 por el IFA y sancionado por el Consejo de Gobierno «podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos». El juez atiende el argumento de la Fiscalía de que esta operación «no tendría vinculación alguna con el procedimiento específico ni con las indebidas transferencias de financiación» declaradas ilegales en la sentencia conocida hace dos semanas. Esta acotación es importante, ya que siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional de que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos y a instancias de la Audiencia de Sevilla, y aún en contra de la Fiscalía, el juzgado 6 está rechazando incluir en las nuevas piezas de los ERE a los ya condenados.

Según el magistrado, como sostiene la Fiscalía, los hechos tampoco han prescrito pese a que el préstamo data de 1999. Lo basa en que «a fecha de 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido».

Según la Fiscalía, un mes después de haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno el préstamo 'puente', la Junta y la empresa cárnica suscriben un documento en el que se establecía la devolución completa de 2,8 millones en ayudas para la creación de empleo. Sin embargo, no se ha encontrado documentación alguna donde conste la «condonación, declaración de fallido o conversión» del importe total del préstamo. Para la Fiscalía, son «indicios racionales de criminalidad» dado que «podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa».

El juez ha solicitado documentación al Gobierno de la Junta de Andalucía y declara la complejidad del procedimiento, lo que señala un mínimo de 18 meses para la investigación.