Una Comunidad en construcción

La inversión pública se antoja, por tanto, vital, para garantizar nuestros estándares de vida, para mejorarlos, y para atraer mayor inversión privada, así como a un mayor número de visitantes y residentes. A día de hoy, somos líderes en un mundo globalizado, donde se hace imprescindible ser competitivos frente a otros destinos, por lo que, a pesar de estar bien posicionados, no podemos relajarnos, ni ser conformistas, sino seguir trabajando por mejorar, porque aún queda mucho por hacer.

Las administraciones deben ser conscientes de ello, aumentando el correspondiente capítulo presupuestario, siempre bajo parámetros de máxima eficiencia y rentabilidad, tanto económica como social. En esa línea de inversión pública creciente, se ha cerrado el año 2021 por encima de los 2.700 millones en nuestra Comunidad Autónoma, un 50% más de lo que se venía invirtiendo en los dos años precedentes.

Pero, la necesaria intervención administrativa no puede agotarse aquí, sino que necesitamos de una dirección política proactiva, «capaz de tomar en tiempos de adversidad –como decía Seneca– el camino atrevido», acometiendo las imprescindibles reformas legislativas, que den respuesta a las demandas sociales, incluidas las empresariales, sin esperar a que sean otros los que resuelvan los problemas, como al final ha terminado ocurriendo, por ejemplo, tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha puesto fin a la reivindicación empresarial largamente demandada, consistente en la anulación de la obligación de los residentes extranjeros a declarar todos sus bienes a nivel mundial; obligación que nos restaba competitividad frente a otros mercados internacionales, al igual que, en ese mismo sentido, nos está lastrando un impuesto de patrimonio, cuya recaudación es mínima para las arcas públicas, pero que aleja hacia otros destinos cercanos a nuestros potenciales compradores internacionales y cuya eliminación es competencia, hasta el momento, exclusivamente autonómica. Actuaciones estratégicas de otros países, conscientes del peso específico que la segunda residencia tiene en la economía de un país, así como de la oportunidad que puede suponer, como atracción de talento, ahora que el teletrabajo es una realidad, o de captación de inversión privada.

Para este último fin, de captar inversión privada, se hace igualmente inaplazable la modificación de la ley de desindexación que actualmente limita la rentabilidad del inversor privado en proyectos colaborados con la administración pública, a unos porcentajes muy por debajo de los que aportan otras operaciones en el mercado.

En definitiva, se ha de asumir el reto de elaborar un plan de estímulos, basado en seguridad jurídica, agilización de trámites, simplificación administrativa, y políticas fiscales incentivadora de la inversión.

Los próximos años serán dinámicos en inversión, y nos enfrentamos al reto de conseguir un territorio más cohesionado, conectado y comprometido con el medio ambiente, con un parque de vivienda nuevo en el que se integren los más altos estándares de calidad y eficiencia energética, no olvidando actuar sobre las ciudades existentes. Rehabilitaciones urbanas que son uno de los pilares básicos de inversión marcados por la Unión Europea que nos impulsa para alinearnos con la estrategia verde promovida por la Agenda 2030 de la ONU y la Agenda Urbana Española.

Contamos para ello, con un tejido empresarial comprometido, que aporta experiencia y profesionalidad dispuesto a construir una Andalucía mejor, y para ello, tenemos que comenzar por garantizar el acceso a la vivienda a los grupos más vulnerables, en especial a los jóvenes. Actualmente tenemos en Andalucía 420.000 jóvenes con trabajo, que no están emancipados. Se trata de un segmento de la sociedad, con capacidad de pago de una hipoteca, pero sin la posibilidad de contar con ahorro para dar la entrada. Esta cifra es lo suficientemente elocuente como para justificar políticas que, no sólo favorezcan el alquiler, sino que también sirvan para apoyar a los que quieran contar con vivienda en propiedad, como podrían ser avales públicos para la entrada, en el caso de la adquisición de la primera vivienda y residencia habitual, o la puesta en carga de suelos públicos para que sea la gestión privada la que desarrolle promociones para estos colectivos.

En definitiva, la construcción y la promoción inmobiliaria deben ser reconocidas como lo que son: un sector estratégico, productor de bienes de primera necesidad, como son las infraestructuras o la vivienda; un agente dinamizador de la economía, de manera directa e indirecta; y, muy especialmente, un catalizador de nuevas oportunidades para la mejora y activación de nuestro territorio.