Urbanismo a la inversa para garantizar el derecho a la ciudad

Pero se me ha pedido que hable sobre el estado del urbanismo en nuestra Comunidad, y todo lo anterior, constituye parte del marco regulador, de las herramientas e instrumentos de los que nos valemos y en los que nos movemos para alcanzar lo que debería ser un urbanismo de calidad. Garantizar el «derecho a la ciudad» como derecho colectivo, requiere integrar las distintas políticas públicas con el fin de hacer efectivos los derechos sociales que reconoce la Constitución. A todo esto, deben sumarse para ser 'políticamente correctos', los patrones de sostenibilidad definidos en la agenda 2030 que deben alcanzar las ciudades y las villas de tamaño medio. Es lo que hoy aparece en todo tipo de foros con palabras huecas que se escapan al entendimiento de la mayoría de los ciudadanos como «los ecosistemas donde hay que aplicar con más eficiencia las nuevas pautas sostenibles». En pocas palabras, este nuevo horizonte urbano debería centrarse más en la calidad de vida de los ciudadanos, poblaciones humanas que sean inclusivas, seguras y resistentes dentro de una escala de sostenibilidad coherente. Por tanto, primero debiéramos preguntarnos ¿Qué es el urbanismo? ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son los indicadores de su calidad? En este sentido podríamos centrarnos en estos tres objetivos en términos que todos comprendemos:

Desde la educación, la salud, la desigualdad de ingresos, el equilibrio entre la vida laboral y familiar, la tasa de dependencia, el crimen, la vivienda o los costes de vida. Indicadores considerados ampliamente como el retrato de la «calidad de vida».

El consumo de energía y la cuota de energía renovable, las tasas de espacios verdes, reciclaje y compostaje, emisiones de gases de efecto invernadero, el riesgo de catástrofes naturales, el agua potable, el saneamiento o la contaminación del aire. Indicadores considerados como «factores que benefician al planeta».

El rendimiento económico desde una perspectiva empresarial, la combinación de medidas de infraestructuras de transporte (ferroviario, aéreo y la congestión del tráfico), la facilidad de hacer negocios, el turismo, el PIB per cápita, la importancia de la ciudad en las redes económicas globales, la conectividad en términos de móviles, el acceso a Internet o las tasas de empleo. Estas señales en términos generales detallan el buen comportamiento económico de una ciudad y su sociedad.

Se han emprendido en las últimas décadas diferentes operaciones, la mayoría sesgadas desde mi punto de vista porque no se centran en la persona, operaciones megalómanas o de marketing urbano para transformar las ciudades que no generan beneficios reales y tangibles para la mayoría de sus habitantes. Crear infraestructuras para un evento puntual requiere grandes inversiones, y esperar que la ciudad y los ciudadanos nos adaptemos a ellas para rentabilizarlas es un fracaso en la mayoría de las ocasiones, olimpiadas, exposiciones, iconos arquitectónicos, etc., no resuelven los problemas diarios y acuciantes de las ciudades ni de las personas que las habitan. El proceso debiera hacerse a la inversa, con una planificación estratégica desde el conocimiento profundo y concreto de la realidad a abordar, que genere operaciones de barrio dentro de un plan global que persiga hacer ciudad, hacer barrio, atender a las familias, potenciar a las personas, a todas ellas en su diversidad, y desde las particularidades socioculturales y económicas que constituyen la identidad de cada población.

No siempre los espacios a renovar facilitan su reutilización en beneficio de la comunidad y de ese urbanismo de barrio de calidad que tanto anhelamos. Unas veces será por la legislación de turno, otras porque la economía de las administraciones está bajo mínimos y otras, por la falta de imaginación de los urbanistas para resolver el destino final de los vacíos urbanos, los espacios residuales, los obsoletos, los inconexos o los deficitarios. Incluso aquellos carentes de alma o de vida. Qué futuro tendrán aquellos territorios donde la planificación territorial se ha basado en una 'sostenibilidad' falsa porque esta absolutamente disociada del desarrollo local.

En conclusión, se necesita un urbanismo responsable pero también inteligente y creativo, centrado en la realidad de la vida, el medio ambiente y la economía. No olvidemos que las leyes y normas son importantes, pero solo son herramientas para llevar a cabo las ideas y los proyectos colectivos y personales. Aprovechemos la novedad de la nueva ley, la LISTA para centrarnos en lo importante, nuestra calidad de vida.

La responsabilidad es de todos. La política es una tarea imprescindible, una tarea que puede ser hecha -y algunos hacen- con mucha dignidad, y otros abandonan. La elección de unos representantes no nos ahorra la labor que debemos seguir haciendo. Debemos decidir si queremos ser súbditos o ciudadanos. Si la ciudad la hacemos entre todos los que la habitamos o dejamos que otros decidan por nosotros cómo hay que vivir.