Los ayuntamientos deben eliminar a partir de hoy vestigios franquistas en 18 meses

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada el pasado 15 de marzo por el Pleno del Parlamento andaluz, con el apoyo de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y Cs, y que contempla la creación de una comisión de carácter independiente o grupo de trabajo para elaborar un informe sobre lo sucedido en la guerra, dictadura y años posteriores en Andalucía, entra en vigor este martes tras su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Entre otras novedades, la ley amplía la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; refuerza el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluye su estudio en los currículos educativos, y faculta a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

Asimismo, establece la prohibición expresa de exhibición de simbología fascista y obliga a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido en un plazo de 18 meses.

Esta ley comenzó a gestarse en la anterior legislatura cuando PSOE e IU gobernaban en coalición y a instancias de esta. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha instado a los grupos municipales de su formación a velar por el «acatamiento» de la norma al entrar hoy en vigor.

En una carta remitida a los más de 400 grupos municipales de IU Andalucía, Maíllo les ha instado a exigir «responsabilidad de la administración y de la sociedad para que despliegue todos sus efectos».

Maíllo ha recordado que, con la entrada en vigor de dicha ley, los ayuntamientos andaluces estarán obligados a eliminar en un máximo de 18 meses cualquier símbolo del fascismo, iglesias incluidas.

La norma establece sanciones para quienes incumplan y la pérdida de ayudas públicas por un periodo máximo cinco años.

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