«Jamás hubo queja o sospecha de una conducta sexual inapropiada»

«Ha habido quejas de la forma de ser de Román, y en los ámbitos del clero de que son un grupo aparte (...), pero jamás queja o sospecha de una conducta sexual impropia». El arzobispo de Granada, Javier Martínez, que declaró ayer como testigo ante el tribunal que está enjuiciando a un cura de su diócesis por presuntos abusos sexuales a un joven siendo menor de edad, negó con estas palabras haber tenido constancia, antes de la denuncia, ni siquiera de posibles rumores de ello . «Nunca», aseguró.

En cambio, sí le habían llegado «muchas» quejas por sus «procedimientos pastorales», tanto del padre Román M.V.C., como de su «grupo», bautizado durante la investigación judicial del caso como los romanones, aunque ellos no se identifican con este nombre; sólo se consideran un grupo «de amigos». Que eran un grupo, según el prelado, era «notorio». Aparte, era «hermético», por lo que llegó a reunirse con ellos para recordarles las recomendaciones de la Iglesia, ya que en caso de constituir una asociación debían tener unos estatutos. «Hubo silencio como respuesta», aseveró.

Monseñor Martínez indicó que cuando tomó posesión de su cargo, Román M.V.C. ya era párroco de la iglesia San Juan María de Vianney, en la que ha estado «tres veces», la última en 2010. De Román dijo que era «correcto y en cierto modo distante». Tras recibir la denuncia de la supuesta víctima, Daniel (nombre ficticio), llamó a Román, según reconoció, aunque «en absoluto» para taparle.

Aquella denuncia, que recibió en 2014, provocó la apertura de un expediente canónico, en cuyo marco tomó declaración tanto a Román como a los otros dos religiosos que fueron detenidos, F.J.C.M. y M.M.M., para los que se adoptaron por indicación de la Congregación de la Doctrina de la Fe unas medidas cautelares «que siguen vigentes». Del contenido de esas declaraciones, que fueron «un acto necesario», no reveló nada, pues, como recordó, se hicieron «bajo secreto pontificio» y revelarlo constituiría «un pecado mortal». En ese momento, el presidente del tribunal, José Requena, le manifestó: «No le vamos a preguntar nada entonces». En cuanto a la reticencia que se interpretó que hubo por parte de la Curia a la hora de entregar la documentación eclesiástica al juez que instruyó el caso, Antonio Moreno, manifestó no tener «consciencia de que la hubiera». El expediente se trasladó a la Santa Sede que, de la investigación prejudicial previa, determinaba la «verosimilitud» de las acusaciones vertidas.

Llamada telefónica

La primera noticia que tuvo de Daniel fue una llamada de la persona que estaba a cargo de la Secretaría General de la Curia en agosto de 2014. Él se encontraba en Trevélez y se le informó de que había llamado un chico que decía «que había hablado con el Papa». A continuación, el joven, Daniel, mandó un correo electrónico y presentó también un escrito físico. Cuando el arzobispo lo leyó, lo llamó, y «él señaló me retrasó la visita hasta el último fin de semana». Llegó el día y habló con el joven «largamente», así como con sus padres y con otros sacerdotes, a fin de saber «si en su ruptura con el movimiento de los focolares había tenido esto algo que ver». Y es que tanto el acusado como otros curas de su círculo habían participado en su día en actividades de este movimiento.

Sobre lo que Daniel le contó sobre el grupo, detalló que le habló de que «había la búsqueda de una relación homosexual; que había relaciones homosexuales y que se circulaba desnudo por la casa». No le manifestó, en cambio, que hubiese sufrido «penetraciones» ni «masturbaciones». Asimismo, aclaró que Daniel le dijo que los supuestos abusos se iniciaron a los 14 años «y que eso se mantuvo mucho tiempo». El tribunal le preguntó si era normal la convivencia de párrocos o este caso era un hecho excepcional. Contestó que «ninguna de las dos cosas», si bien aclaró que «se da con alguna frecuencia y se fomenta por parte de la Iglesia para que el párroco no esté aislado».

Una vez iniciada la causa judicial, al prelado, como confesó, le pareció «un poco extraño» que Daniel le pidiese que pagara una factura de un tratamiento psicológico y que sufragara asimismo los gastos de una pericial psicológica que costaba 6.000 euros. A esta última se negó, lo que provocó un cambio de tono en los correos que intercambiaba con el joven. «De ser excesivamente elogiosos, de repente pasa a un correo casi, casi violento». A partir de ahí nunca más le ha vuelto a escribir ni llamar, «y tiene mi correo y mi móvil».

El segundo joven que denunció al inicio del caso, J.H.T., no pudo ser localizado y las partes renunciaron a su declaración. La vista se retoma el lunes en la Real Chancillería, a cuyas puertas, tres chicas una de ellas familiar de Daniel recibieron ayer al prelado con carteles contra la pederastia.

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