El dictamen provisional sobre los cursos de formación fija el tope de responsabilidades políticas en Chaves y Griñán

El dictamen provisional de la comisión de investigación sobre los cursos de formación pagados por la Junta de Andalucía concluye que hubo fallos en cadena, falta de personal y retraso en la fiscalización, es decir, mala gestión en el seguimiento de las ayudas concedidas, casi 2.900 millones de euros, entre los años 2000 y 2012, aunque no alude a menoscabo de fondos públicos. Aún así, el informe, firmado por el presidente de la comisión, Julio Díaz, entiende que hubo responsabilidades políticas por una gestión desordenada y con numerosas irregularidades debido en parte a la falta de medios para hacer seguimiento a las ayudas concedidas. Por ello fija el tope de las responsabilidades políticas en los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aunque no por competencia directa. Al primero le atribuye responsabilidad in eligendo y in vigilando y al segundo solo in eligendo, al ser los que nombraron a los titulares de las competencias para la formación en el empleo.

Excluye de tales responsabilidades a la actual presidenta, Susana Díaz, como sí reclaman en sus propuestas de dictamen PP, Podemos e Izquierda Unida. El texto de 137 páginas ha sido registrado esta tarde en el Parlamento andaluz, aunque Julio Díaz, diputado de Cs, se ha negado a facilitar su contenido a los periodistas alegando que se trata de información reservada.

El dictamen considera responsables de una gestión desordenada y llena de irregularidades a todos los consejeros y viceconsejeros de Empleo y Educación, directores generales de la formación, delegados provinciales del SAE y de Empleo desde 2000 a mayo de 2012. Es decir, no señala responsabilidades a ninguno de los actuales consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El documento no es definitivo. Ahora los grupos podrán presentar alegaciones y deberán ser votadas. Hasta mediados de marzo no habrá una conclusión de propuestas y responsabilidades políticas, que deberá ser refrendada por el Pleno del Parlamento.

La comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en los cursos de formación comenzó su andadura en octubre de 2015. A lo largo del pasado año comparecieron 66 personas, incluida la presidenta de la Junta, Susana Díaz.