El PP pide responsabilidad política a Susana Díaz en sus conclusiones de la comisión sobre los cursos de formación

El PP ha incluido a Susana Díaz como responsable política en sus conclusiones para el dictamen de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía en torno a las irregularidades y desvíos detectados en las subvenciones autonómicas para la formación profesional para el empleo. Junto a Susana Díaz, el PP incluye a otros 32 cargos o excargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán y los actuales consejeros del Gobierno socialista José Sánchez Maldonado (Empleo e Industria) y María Jesús Montero (Hacienda y Administración Pública).

La Junta de Andalucía dejó de convocar subvenciones para cursos de formación en 2012, antes de que Díaz fuera presidenta (fue elegida por el Parlamento por primera vez en septiembre de 2013). Los portavoces del PP en la comisión, Teresa Ruiz Sillero y Miguel Ángel Torrico, han razonado la petición de responsabilidad política a la presidenta por 15 "hechos probados" que le atribuyen, entre ellos por la falta de colaboración para la investigación con trabas al acceso de documentación por parte de los comisionados; su orden de paralizar convocatorias para cursos en 2013, lo que ha supuesto que la Junta tuviera que renunciar a alrededor de 800 millones de euros para este cometido; la devolución de 46 millones de euros de fondos europeos por "irregularidades"; su participación activa en los alquileres de sedes del PSOE a UGT para impartir este sindicato cursos; su conocimiento cuando en 2010 dimitió el entonces número dos del PSOE Rafael Velasco de las irregularidades en los cursos gestionados por una empresa de su mujer; y por último ha vinculado el que familiares de la presidenta (entre ellos su marido, José María Moriche) trabajaran en entidades de UGT en cursos de formación al hecho de que ella tomara la decisión política de paralizar nuevas convocatorias, entre otras decisiones.

El plazo para entregar las conclusiones expira mañana día 19, si bien hay una reunión prevista de la comisión para decidir si ampliar o no el periodo a petición de Podemos e Izquierda Unida. Una vez registradas todas las propuestas, el presidente de la comisión, Julio Díaz, deberá hacer un dictamen recogiendo iniciativas de los cinco grupos, para lo que estos se tendrían que poner de acuerdo, por ejemplo, en la petición de responsabilidades políticas. Para que el PP logre que el dictamen final incluya la petición de responsabilidades a Díaz, Montero y Maldonado, necesita de los votos de Podemos y Ciudadanos. Este último partido, pese a haber inaugurado una etapa de entendimiento con el PP, reveló a este periódico hace dos semanas que no estaba entre sus intenciones pedir responsabilidades políticas a Susana Díaz, por lo que el PP podría no ver satisfecho su objetivo de que el Parlamento censurase a la presidenta.

En previsión de que esto ocurra, Teresa Ruiz Sillero ha recordado la comisión de investigación del 'caso de los ERE', cuando su partido reclamó responsabilidad política a Chaves y Griñán y no salió adelante porque sumaron mayoría PSOE e IU, entonces, año 2012, socios de gobierno. El tiempo nos ha dado la razón, ha subrayado Ruíz Sillero, en alusión el escrito de la Fiscalía conocido esta semana en el que pide cárcel para Griñán e inhabilitación para Chaves por el 'caso ERE'. Ruiz-Sillero ha pedido una reflexión sobre ello a los partidos a la hora de exponer sus conclusiones.

Ha sido una comisión útil, ha valorado Migue Ángel Torrico, si bien Teresa Ruiz Sillero ha puntualizado que su formación lamenta dos agujeros negros, los de la extinta Fundación Para la Formación de Empleo (Faffe) y los también desaparecidos consorcios de formación, ya que la comisión no ha podido ahondar en ellos porque no ha llegado la documentación requerida. El PP considera que el documento de la auditoría externa sobre la Faffe ha llegado mutilado a la comisión.