La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán y diez de inhabilitación para Chaves en el ‘caso ERE’

La Fiscalía anticorrupción solicita en su escrito de acusación sobre el caso ERE seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el expresidente de la Junta José Antonio Griñán por los supuestos delitos de malversación y prevaricación y diez años de inhabilitación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por el supuesto delito de prevaricación.

Los fiscales han presentado esta mañana en el juzgado 6 de Sevilla el escrito de acusación de la pieza separada del caso ERE que afecta a 26 excargos políticos de la Junta de Andalucía por el uso supuestamente ilegal de un procedimiento administrativo para la concesión de las ayudas sociolaborales a empresas en crisis y sus trabajadores durante los años 2000 a 2010, sobre 850 millones de euros.

La Fiscalía pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación de fondos públicos a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, el exviceconsejero Agustín Barberá, y a los exdirectores generales Javier Guerrero, Jesús María Rodríguez y Juan Márquez Contreras y a los siguientes altos cargos: Juan Francisco Sánchez García , Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete Rolloso.

Solicita seis años de prisión y 20 de inhabilitación para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y los siguientes excargos: Justo Mañas Alcón , Daniel Alberto Rivera Gómez y Antonio Valverde Ramos.

También reclama diez años de inhabilitación como a Chaves para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.

Los fiscales coinciden con el juez de instrucción del caso, Álvaro Martín, en acusar a Griñán por su etapa de consejero de Hacienda (2004-2009) de malversación de fondos públicos, algo que excluyó el instructor del Tribunal Supremo. Tanto a Griñán como al resto de excargos acusados de malversación, la Fiscalía reclama que respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales de la Dirección General de Trabajo desde 2000 a 2010.

En el escrito, los fiscales dan por probado que la Intervención de la Junta alertó en 2000 de irregularidades en la gestión de las ayudas sociolaborales, reparos que llegaron a retardar las ayudas suponiendo un aumento de la conflictividad laboral en Andalucía. Los encausados, prosigue el escrito, para evitar esta labor de fiscalización de la intervención que entorpecía la entrega de las ayudas, modificaron los presupuestos de la Junta introduciendo una aplicación presupuestaria, las transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego IDEA, que permitían la llegada de las ayudas sin control previo.

La Fiscalía considera ilegal el procedimiento utilizado así como también advierte del incumplimiento de la ley en materia de subvenciones por carecer las ayudas de convocatoria pública con su publicidad correspondiente, argumentos en los que coincide con el juez de instrucción, Álvaro Martín.