Miguel Ángel Vázquez da cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

La Junta se ampara en el pacto PP-C’s para rechazar otro recorte en el tramo del IRPF

El partido naranja aceptó en Madrid retrasar las rebajas fiscales hasta que Bruselas suavice el ajuste del déficit público

Lalia González

Miércoles, 7 de septiembre 2016, 00:32

Las negociaciones para elaborar el Presupuesto andaluz avanzan de forma extraoficial, dentro de los contactos permanentes que mantienen Ciudadanos y el Gobierno andaluz, que necesita sumar los votos de este partido a los del PSOE para superar la votación en el Parlamento autonómico. Fuentes de las dos partes hablan de diálogo constante y hasta fluido, aunque no se ha escenificado de manera oficial el comienzo de los contactos de los grupos de expertos.

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Habrá presupuesto aunque el Gobierno central «no haga su trabajo»

  • El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, aseguró ayer que los Presupuestos de la Junta para 2017 estarán listos «en tiempo y forma» haga el Gobierno central «su trabajo o no», es decir que se entregarán en el Parlamento antes del 31 de octubre a aunque Madrid decida prorrogar los suyos ante la falta de investidura.

  • La Junta insiste en reclamar al Ejecutivo central que comunique las entregas a cuenta, que usa «como rehenes del bloqueo», dijo Vázquez. Es una obligación del Gobierno de Rajoy, que «se esconde detrás de la situación de bloqueo para no hacer sus deberes» y ello «no ayuda a la necesaria colaboración institucional y perjudica a los ciudadanos». «Vamos a cumplir con nuestras obligaciones, el Gobierno del PP allá él si no quiere cumplir con las suyas», añadió.

  • De momento, el Gobierno andaluz sigue valorando la posibilidad de pedir una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para conocer estos datos, como ya avanzó la consejera de Hacienda, «para exigir al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, que desvele los datos necesarios para elaborar el presupuesto».

El tira y afloja discurre sobre la senda del acuerdo para el presupuesto de 2016, que ya el PSOE salvó gracias a Cs tras pactar una batería de concesiones, las más destacadas en materia fiscal.

Por ello, el primer punto de acuerdo, sin conflicto, es culminar la ya acordada reforma del impuesto de sucesiones, para eliminar el llamado error de salto, pendiente tras bajar las transmisiones de vivienda habitual y fincas rústicas, pero no habrá nuevo recorte en el tramo autonómico del IRPF.

Aunque Cs intenta continuar rebajando la presión fiscal andaluza, y Marín lanzó el agosto a modo de globo sonda una petición de recorte del tipo medio de medio punto, en las filas naranjas parece darse esa partida por zanjada. Se da por hecho que ya bastante se consiguió con el ajuste del año pasado, que supuso un ahorro de cien millones para los bolsillos de los contribuyentes, pero también una merma equivalente en el capítulo de ingresos.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ya rechazó el envite en agosto, pero ahora en la Consejería citada han encontrado otro argumento: en el pacto firmado por Mariano Rajoy y Albert Rivera se descartaba bajar el IRPF en tanto España no abandone el procedimiento de déficit excesivo al que le tiene sometida la UE. Lo que vale para Madrid vale para Andalucía, afirman.

Asimismo, Hacienda prepara el informe de ejecución del presupuesto anterior que le ha pedido el portavoz andaluz de Cs, Juan Marín, como paso previo para la negociación de 2017. Se trata de un documento oficial que audite exactamente el asiento contable del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, entre los que ayer el dirigente de Cs cito, en declaraciones a la agencia Efe, los 25 millones de euros destinados a la ley de dependencia o los 125 para autónomos y emprendedores. Estos últimos , en concreto, constituyen la principal preocupación del partido naranja, ya que el retraso en el cobro de las ayudas prometidas ocasiona situaciones de apuro a quienes las solicitaron y lastra los futuros planes de apoyo.

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Este informe supone un anticipo de la liquidación presupuestaria, que habitualmente el ejecutivo realiza con un año de decalage, pero que Marín quiere tener ahora, para reforzar su papel político de apoyo al Gobierno de Susana Díaz. NO obstante, en el acuerdo figuran una serie de puntos no contables, como el pacto por la educación, que está lejos de alcanzarse, una nueva ley electoral y la renovación y reforma de la RTVA, sobre lo cual se ha abierto un grupo de trabajo y se han iniciado negociaciones, que Marín ha dado por suficiente.

Se espera que la presidenta dé pistas sobre la confección de la nueva cuenta pública en la sesión de control de este jueves.

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