Chaves y Griñán atribuyen a los empresarios los posibles «hechos ilícitos» en los cursos

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán defendieron haber actuado «en la más estricta legalidad» durante sus mandatos respecto a la formación profesional para el empleo en sus respectivas comparecencias ayer tarde en la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Los dos coincidieron en que no supieron de irregularidades o actos ilícitos y que, si los hubo, no debieran ser achacables a los funcionarios o cargos políticos de la administración, sino a quienes recibieron las ayudas. Chaves señaló abiertamente a empresarios que pudieron no haberse ajustado a la legalidad en el uso de las subvenciones, mientras que Griñán habló de «deficiencias» que no son responsabilidad de la Administración autonómica, «sino contra ella».

Chaves y Griñán llegaron, a distintas horas, a la sala de la comisión de investigación acompañados por el portavoz socialista, Mario Jiménez, en medio de una gran expectación con más de 15 cámaras de medios distintos aguardándoles. Se mostraron amables e incluso cordiales con los diputados de todos los grupos de la comisión. Griñán abrazó a los diputados de IU, José Antonio Castro y Elena Cortés, antes de las dos horas y media que duró su comparecencia. Cortés fue su consejera de Fomento y Vivienda en el Gobierno de coalición PSOE-IU de la pasada legislatura.

Los dos expresidentes coincidieron en subrayar que en la actualidad son solo pensionistas. Hace poco menos de un año que dimitieron de sus cargos de diputado (Chaves) y senador (Griñán) por la exigencia de Ciudadanos para respaldar la investidura de Susana Díaz por el caso de los ERE, en el que ambos aparecen como investigados. En septiembre de 2012 los dos expresidentes comparecieron en la comisión de investigación sobre este caso.

Ayer lo hicieron para contestar sobre las posibles irregularidades desde la administración autonómica en la concesión de 2.900 millones de euros para la realización de cursos para formar a empleados y parados, dinero del que la Junta, tras una exhaustiva investigación interna ordenada por la presidenta actual, Susana Díaz, reclama la devolución de al menos 72 millones de euros. Hasta 16 juzgados investigan un supuesto fraude en las ayudas.

Chaves, presidente de la Junta desde 1990 a abril de 2009, respondió que, en su opinión, no ha habido fraude en los cursos de formación o, aunque luego añadió que, por lo que ha leído, «solo un fraude pequeño», en alusión a que solo se dan por prescritas tres ayudas por importe de 53.000 euros.

Aún así, reconoció a preguntas de Elena Cortés: «¿Que hubo irregularidades o actos ilícitos? Es posible», pero el acto ilícito es de quien lo ha hecho mal, no de la administración». «El ilícito penal lo habrá cometido el empresario que no haya cumplido con la ley. Si alguien cobra una pensión que no le corresponde, o una prestación por desempleo que no se ajusta, comete un ilícito penal, pero la culpa es de quien cobra lo que no debe, no del funcionario o la administración que tiene delante de sí toda la documentación necesaria». Griñán refrendó luego esta teoría con otras palabras.

A lo largo de su intervención Chaves insistió: «Todo se hizo, según mi criterio, dentro de la más estricta legalidad. Nunca firmé una decisión ilegal, ni tuve conocimiento, ni impulsé, ni toleré, y por supuesto ni alenté ninguna irregularidad». También aseguró que no recibió «ninguna alerta» sobre cualquier deficiencia. Recordó las dificultades que supuso para la Junta la asunción de las competencias de las políticas activas de empleo en 2002 y defendió que la gestión y ejecución de estas fue «positiva, razonable y eficaz».

Comparecencia hoy de Díaz

Como si se hubieran puesto de acuerdo pese a la fría relación que tras años de amistad ahora mantienen, Chaves y Griñán coincidieron en responder a los diputados que pregunten hoy a Susana Díaz sobre la decisión de suspender las convocatorias de los cursos en 2013. La presidenta cerrará esta tarde la primera tanda de comparecencias en la comisión.

La suspensión de los cursos fue una de las cuestiones de gran debate ayer entre diputados y comparecientes. Por la mañana, la exconsejera de Educación Mar Moreno aclaró que no fue ella quien ordenó suspender los cursos, tal como se creía. Moreno respondió que en los cinco meses que estuvo al frente de la formación para el empleo, cuando esta materia fue traspasada a Educación en 2013, su departamento abordó «con gran ilusión» el proyecto de unificar la formación profesional citada con la reglada. Griñán aclaró por la tarde que esta decisión iba en su programa electoral de los comicios de 2012 y era fruto de la demanda de las comunidades educativas, negando al PP que fuera por «tapar» irregularidades.

Griñán, presidente desde abril de 2009 hasta agosto de 2013, remarcó que las ayudas para la formación se gestionaron «mediante un proceso garantista y reglado». Negó en todo momento haber tenido conocimiento de alertas de la Cámara de Cuentas o interventores. Coincidió con Mar Moreno en subrayar que las exceptuaciones más de 3.500 según el PP solo se dieron en Andalucía porque es la única comunidad en la que no se concedía el cien por cien de la subvención a priori, solo un 75%, y el resto una vez justificada la primera parte.

El expresidente tuvo un duro rifirrafe con la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero a cuenta del que fue su vicesecretario general en el PSOE andaluz Rafael Velasco. Este dimitió en 2010 tras conocerse que una empresa a nombre de su mujer había sido beneficiaria de ayudas para la formación, más de 700.000 euros. Griñán defendió a Velasco y la legalidad de las ayudas a la empresa de su mujer y Ruiz-Sillero le mostró informes publicados por un periódico en el que se dice que pagaban la luz de la casa con las subvenciones. Ante la sugerencia de la diputada del PP de que Velasco y Susana Díaz eran sus puntos débiles, Griñán espetó: «Rafael Velasco y Susaa Díaz nunca han sido mis puntos débiles, son mis puntos fuertes».

Ante la insistencia de Ruiz-Sillero del fraude en los cursos por la investigación judicial abierta en varios juzgados, Griñán le corrigió con una pregunta: «¿Que haya una investigación judicial significa que hay fraude o que puede haberlo?»