Griñán dice que se actuó "de acuerdo a la legalidad" y que si hubo "deficiencias" fueron "contra" la administración

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha defendido este lunes que en el tema de las ayudas a la formación para el empleo, la administración andaluza ha actuado "de acuerdo con la legalidad" y ha añadido que las "deficiencias" que hubieran podido producirse "no han sido de la administración sino, en todo caso, contra ella".

En una breve intervención con la que ha arrancado su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación en el Parlamento andaluz, Griñán ha defendido que esas ayudas se gestionaron mediante un "proceso reglado y garantista".

El expresidente ha señalado que para él supone "un honor" comparecer ante la comisión de investigación al considerar que está "cumpliendo un deber" por sus muchos años como miembro del Gobierno andaluz. "Es la contrapartida del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al poder ejecutivo", ha dicho Grilñan, que ha recordado que, tras 45 años de "servicio público", es pensionista desde hace más de uno.

Antes del expresidente de la Junta de Andalucía ha comparecido Manuel Chaves, que estuvo diecinueve años (entre 1990 y 2009) al frente de la Junta.

Las solicitudes de comparecencia de Chaves, Griñán y Díaz fueron aprobadas el pasado 29 de enero con el respaldo del PP, Podemos y Ciudadanos, mientras que el PSOE votó en contra e IU se abstuvo.

No es la primera vez que Chaves y Griñán comparecen ante una comisión de investigación, pues ambos acudieron a declarar, en el verano de 2012, ante la del caso de los ERE.

En esta ocasión, Chaves y Griñán deberán someterse a las preguntas de los cinco grupos parlamentarios que conforman la Cámara andaluza en esta legislatura sobre las subvenciones otorgadas por la Junta para los cursos de formación desde 2002.

La comisión de investigación de los cursos de formación, presidida por el grupo de Ciudadanos, se constituyó el 30 de septiembre del 2015 y acordó citar a 69 personas en una primera fase, la cual se cierra mañana tras casi tres meses de comparecencias.

Los trabajos de la comisión han estado salpicados de polémica, entre otras cuestiones por el retraso en el envío de la documentación solicitada a la Junta e, incluso, por el formato para la remisión de los expedientes.

La última discrepancia se produjo hace unos días por la incomparecencia de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, quien apoyada en un informe del Consejo de Estado decidió no acudir, lo que provocó las críticas de todos los grupos, excepto el PP.

Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento concluyó que no existe base para entender que dicha incomparecencia pudiera constituir un delito y por tanto no procedía instar a la intervención de la Fiscalía, como se había barajado.