Chaves y Griñán aseguran que nunca tuvieron conocimiento ni toleraron irregularidades en los cursos de formación

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán han defendido haber actuado en la más estricta legalidad durante sus mandatos respecto a la formación profesional para el empleo en la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Los dos han coincidido en que no conocieron irregularidades o actos ilícitos y que,si los hubo, nunca fueron achacables a los funcionarios o cargos políticos de la administración. Chaves ha señalado abiertamente a empresarios que pudieron no haberse ajustado a la legalidad en el uso de las subvenciones, mientras que Griñán ha hablado de deficiencias que no son responsabilidad de la administración sino contra ella.

Chaves y Griñán han llegado acompañados a la sala de comisiones por el portavoz socialista, Mario Jiménez. Se han mostrado amables e incluso cordiales con los diputados de la comisión. Chaves saludó a todos al término de su comparecencia de dos horas y media. Griñán ha abrazado a los diputados de IU, José Antonio Castro y Elena Cortés. Esta fue su consejera en el Gobierno de coalición PSOE-IU de la pasada legislatura. Tanto Chaves como Griñán también han coincidido en subrayar que en la actualidad son solo pensionistas. Hace justo un año que los dos dimitieron de sus cargos de diputado (Chaves) y senador (Griñán) por la exigencia de Ciudadanos para respaldar la investidura de Susana Díaz por el caso de los ERE, en el que ambos aparecen como investigados.

Chaves, presidente de la Junta desde 1990 a abril de 2009, ha advertido que iba a responder solo de la etapa de las políticas activas de empleo bajo su mandato, es decir desde 2002 a 2009. De esta etapa ha dicho: Todo se hizo, según mi criterio, dentro de la más estricta legalidad. Nunca firmé una decisión ilegal, ni tuve conocimiento, ni impulsé, ni toleré, y por supuesto ni alenté ninguna irregularidad. Chaves ha insistido en que no recuerda ninguna alerta dentro de la administración y tampoco fuera sobre cualquier deficiencia o irregularidad. Ha recordado las dificultades que supuso para la Junta la asunción de las competencias de las políticas activas de empleo en 2002 y ha defendido que la gestión y ejecución de estas fue positiva, razonable y eficaz.

Chaves ha respondido que, en su opinión, no ha habido fraude en los cursos de formación o, por lo que ha leído, un fraude pequeño. Aún así, ha reconocido: ¿Que hubo irregularidades o actos ilícitos? Es posible, pero el acto ilícito es de quien lo ha hecho mal, no de la administración. El ilícito penal lo habrá cometido el empresario que no haya cumplido con la ley. Si alguien cobra una pensión que no le corresponde, o una prestación por desempleo que no se ajusta, comete un ilícito penal, pero la culpa es de quien cobra lo que no debe, no del funcionario o la administración que tiene delante de sí toda la documentación necesaria.

Chaves ha señalado varias veces a los diputados de la comisión que pregunten a sus sucesores, José Antonio Griñán, y Susana Díaz, sobre cuestiones como las más de tres mil exceptuaciones realizadas por la Junta para seguir concediendo subvenciones a entidades sin revisar las anteriores. Esa insistencia ha sido interpretada después por el diputado de IU José Antonio Castro como un intento de Chaves de responsabilizar a su sucesor sobre posibles irregularidades. El señor Chaves nos ha dado un montón de trabajo para usted, ha dicho a Griñán.

Rifirrafe sobre Velasco con el PP

Griñán, presidente desde abril de 2009 hasta abosto de 2013, y que comparece desde las 19.00 horas, no se ha dado por aludido y ha insistido como su antecesor en que las ayudas para la formación se gestionaron mediante un proceso garantista y reglado. Ha negado en todo momento haber tenido conocimiento de alertas de la Cámara de Cuentas o de los interventores sobre irregularidades.

El expresidente ha tenido un duro rifirrafe con la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero a cuenta del que fue su vicesecretario general en el PSOE andaluz Rafael Velasco. Este dimitió en 2010 tras conocerse que una empresa a nombre de su mujer había sido beneficiaria de ayudas para la formación, más de 700.000 euros. La diputada del PP le ha pedido que recuerde por qué dimitió Velasco. Griñán le ha respondido que por motivos personales que no va a contar en la comisión y ha subrayado que en su momento pidió información y se le dijo que las ayudas concedidas a la mujer de Velasco estaban dentro de la legalidad. En ese momento, Ruiz Sillero ha mostrado informes de las ayudas a la empresa de la mujer de Velasco en las que, según la diputada del PP, la mujer y el hermano del exdiputado socialista aparecen como perceptores de 4.500 euros y 9.000 euros en sueldos, respectivamente, a cuenta de las ayudas y que la luz de la casa también era cargada a la formación. ¿Acaso no es esto beneficio?, ha espetado Ruiz Sillero. Griñán se ha visto sorprendido por la información y ha reconocido que la desconoce y que si hay irregularidades ya las investigará la Junta, a lo que Ruiz Sillero ha vuelto a sorprender: No puede, porque han prescrito, más de 50.000 euros.