El TSJA obliga a la Junta a pagar dinero al exconsejero Ojeda y un juez investiga al policía que le detuvo

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Junta a pagar 34.647 euros al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, uno de los principales implicados en la investigación penal del caso de los cursos de formación. El alto tribunal entiende que no «hay razón jurídica» para negarle el abono del último pago de de cuatro cursos de formación realizados por una de sus empresas en 2012, ya que había justificado que se impartieron. La Junta congeló el ingreso una vez salió a la luz la investigación judicial.

Esta sentencia conocida ayer coincide con otras noticias relacionadas con el empresario sevillano, como otra denuncia contra la Junta de Andalucía por el mismo motivo, por la congelación de las subvenciones a las empresas que han cumplido, solo que esta es por la vía penal. Ojeda acusa a su antiguo gobierno de prevaricación masiva. También se conoció que un juez ha citado como investigado a un jefe policial de Cádiz por haber supuestamente falseado documentos de la declaración de beneficios de las empresas de Ojeda para justificar su detención y la de su hija el pasado año. Todo ello contribuye a que aumente la expectación ante comparecencia de Ojeda este lunes en la comisión de investigación que se sigue en el Parlamento por presuntas irregularidades en la concesión y control de los cursos de formación para el empleo desde 2002.

Ángel Ojeda Avilés fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990 en el último gobierno de José Rodríguez de la Borbolla. Ocupó otros cargos y hace 25 años dejó la Junta. Fue directivo de Banesto, entre otros empleos. En 1996 comienza a montar un grupo de empresas en materia de prevención de riesgos laborales, calidad, seguridad, call center y formación. Ha afirmado en entrevistas que desde entonces ha tenido 17.500 clientes, más privados que públicos, y 3.000 empleados. Sus empresas han recibido de la administración autonómica 50 millones de euros para cursos de formación, constituyendo un bloque importante los relacionados con los extrajabajadores de Delphi, raíz de las pesquisas en su contra.

El 4 de agosto de 2014 fue detenido por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional en una mediática operación ( llamada Oscar) por presuntas irregularidades en los cursos de formación impartidos en sus empresas a los trabajadores de Delphi con dinero de la Junta. Él ha insistido desde entonces que todo «ha estado siempre en regla», ha cumplido religiosamente con la legalidad y no es un «cazasubvenciones», sino un empresario.

Ojeda denunció al inspector jefe de la UDEF que elaboró el informe que motivó su detención. El policía debía comparecer ante el juez este lunes, coincidiendo con la cita de Ojeda en el Parlamento, pero se ha pospuesto al haber ampliado el exconsejero la denuncia por detención ilegal y prevaricación.

Según el atestado policial hubo fraude en los cursos de su empresa Humanitas porque esta, una sociedad sin ánimo de lucro, obtuvo beneficios de 3,7 millones de euros cuando, según Ojeda, fueron de 1.980 euros, lo que consta en la declaración a Hacienda. Según Ojeda, el policía extrajo los datos de una declaración de la empresa que hay que hacer en enero y que es «meramente informativa», sin gastos de nóminas, ni operaciones de gastos inferiores a 3.000 euros, entre otros.

«El querellado multiplicó de forma injustificada y desorbitada, a sabiendas, los beneficios sabedor que con esos datos presentaba la imagen de graves delitos de consencuencias macreoeconómicas y de indudable repercusión mediática», lo que justificaba ante el juez la detención para ser interrogado, dice la denuncia según Efe.

Ojeda se ha mostrado también muy duro en la querella contra la Junta por haber «decidido paralizar consciente y dolosamente los expedientes de liquidaciones evitando que los administrados cobren lo que en derecho les corresponde». Censura que ante las investigaciones judiciales la Junta ha optado por «someter a todas las empresas a un mismo rasero de presunción de culpabilidad». Esta denuncia es por vía penal. Por la contencioso administrativo el exconsejero, expulsado del PSOE, ya ha obtenido una pequeña victoria al obligar el TSJA a la Junta a que le pague. El tribunal recrimina a la Junta porque «no es de recibo» que incumpla el plazo de resolución de tres meses al que está obligada con la excusa de reclamar otro papel.