Maria Dolores Tortosa
Sábado, 5 de marzo 2016, 00:52
Cinco meses largos después de su constitución, ayer comenzaron las comparecencias en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a cursos de formación para el empleo. Los dos primeros en comparecer, los interventores de las delegaciones de la Junta en Almería y Cádiz, coincidieron en admitir la dificultad del control del dinero otorgado para los citados cursos de formación por falta de personal frente a un aluvión de expedientes y por una legislación sobre estas ayudas inadecuada.
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Juan José Castillo y Nieves Chao, interventores provinciales de la Junta en Almería y Cádiz, respectivamente, son los primeros de las 69 personas y entidades llamadas a declarar en la comisión. Los dos respondieron por algo más de cuatro horas a las preguntas de diez diputados de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Había expectación por oír a representantes del colectivo de altos funcionarios de la Junta que en los últimos meses ha emitido hasta ocho informes de actuación por irregularidades en la tramitación de las subvenciones concedidas entre 2009 y 2012, según informó la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, el pasado febrero en el Parlamento.
El mayor interés de los diputados en sus preguntas, sobre todo los del PP e Izquierda Unida, era saber si los interventores han detectado menoscabo de fondos públicos. Tanto Castillo como Chao respondieron que no se puede afirmar el menoscabo de fondos públicos puesto que ninguno de los expedientes de las fechas señaladas ha prescrito, por lo que la Junta está aún a tiempo de recuperar el dinero no empleado según lo ajustado por la ley.
PP y Ciudadanos
Las primeras impresiones de los diputados de la comisión coinciden, salvo las del PSOE, en apuntar a un gran caos en la gestión y supervisión de los cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía. Para la representante del PP en la comisión de investigación Teresa Ruiz Sillero la posibilidad de que se produzca menoscabo de los fondos públicos «sigue abierta» y no «se descarta». Sillero trató de que la interventora de Cádiz admitiera esta posibilidad, para lo que recordó su declaración ante la Guardia Civil en la investigación judicial abierta en esta provincia. Los interventores, funcionarios de carrera, esquivaron cualquier asunto bajo investigación judicial y se limitaron a responder a lo estrictamente técnico de su trabajo.
Con estas respuestas, para el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez de Haro «ha quedado muy claro que no ha existido menoscabo para los fondos públicos» y que no se ha cometido «ningún ilícito penal del que hubiera habido necesidad de dar traslado a los juzgados o al fiscal». Para el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe la falta de medios denunciada por los interventores y la legislación sobre los cursos de formación estaba «diseñada para permitir la sangría» del dinero público. Yagüe criticó que la falta de personal cualificado en las delegaciones provinciales sigue existiendo hoy para controlar no solo las subvenciones a los cursos de formación, sino a cualquier otra.
En el mismo sentido, la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet subrayó que está «claro el descontrol y desorden» y la «carencia total y absoluta» de medios materiales y humanos para poder llevar a cabo el trabajo de la Intervención. Bosquet también coincide con el PP en que no se ha descartado del todo de que exista menoscabo de fondos, es decir, que la Junta no pueda recuperar el dinero entregado.
«Al cien por cien no puedo asegurar ni que vaya a haber menoscabo ni que no, puesto que la posibilidad es de reintegro. Una vez que no se produzca ese reintegro sí que habría menoscabo», respondió Chao ante la insistencia de la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero.
La Junta autorizó 1.613 millones de euros en esa época. De ellos se han chequeado 728,5 millones de euros de un total de 8.505 expedientes y se ha pedido la devolución de 71,9 millones por no estar justificados, según los últimos datos facilitados por el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, el pasado julio.
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La interventora provincial de Cádiz afirmó que la normativa de control de los cursos era «muy mejorable». Para el control del periodo señalado (2009-2012) en esta provincia se seleccionó una muestra aleatoria de 55 expedientes, pero solo se pudieron analizar 12 porque el resto no estaban conclusos. Con dificultades como un gran desorden en los expedientes y poco personal, su departamento elaboró el informe especial de julio de 2015, que reconoce lleno de «limitaciones». «Los expedientes nos llegaron un viernes a última hora en un montón de cajas, algunas hasta en malas condiciones. El lunes las ordenaron y pusieron al menos el número de expedientes que contenían. Puede que algunos documentos estén y no hayamos sido capaces de verlos».
Tanto Chao como el interventor de Almería, Juan José Castillo, lamentaron la dificultad del trabajo por la falta de «personal especializado, cualificado y de forma permanente».
Ninguno dijo haber observado, no obstante, irregularidades que causaran «alarma», aunque en algunos expedientes vieron a empresas no acreditadas debidamente o alumnos que no cumplían los requisitos para acceder a los cursos.
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Preguntados si habían detectado que desde la Junta se pudiera favorecer a algunas empresas en detrimento de otras, Castillo respondió que no tiene «fundamento» para poder afirmar tal cosa, aunque desconoce si algo así se ha producido en otras instancias. «No concibo que los funcionarios actúen así», dijo.
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