Núñez Bolaños insinúa la posibilidad de que el sistema de las ayudas de los ERE fuera legal

La jueza titular del juzgado 6 de Sevilla en el que se instruye el 'caso de los ERE', María Núñez Bolaños, ha hecho una insinuación en un auto conocido ayer que puede dar un vuelco a la famosa macrocausa, por la que hay investigados 51 excargos de la Junta, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Núñez Bolaños ha sugerido la posibilidad de que el procedimiento por el que se concedieron las ayudas, las llamadas transferencias de financiación, fuera legal, lo que voltearía la principal teoría sobre la que la jueza Mercedes Alaya, su antecesora, basó el nudo gordiano del 'caso ERE' y parte de las más de doscientas imputaciones a políticos, funcionarios, empresarios y mediadores de las ayudas sociolaborales.

Bolaños ha vertido dicha insinuación en dos autos en los que desestima los recursos de los exdirectores generales de Trabajo de la Junta Javier Guerrero y su sucesor Juan Márquez para que no se divida la causa en seis piezas y luego en otras sucesivas según las ayudas concedidas a empresas en crisis por la Consejería de Empleo con cargo a la partida 31L investigada.

En el auto de respuesta a Guerrero, la magistrada ha vuelto a señalar que para la investigación y el enjuiciamiento de las personas penalmente responsables en el caso de los ERE «es una cuestión esencial» que se resuelva previamente sobre «la legalidad o ilegalidad» del procedimiento utilizado por la Junta para conceder las ayudas, así como si las investigadas sobrecomisiones pactadas «eran elevadas o ajustadas a normas de mercado», ya que si no se observa ese orden podrían sucederse sentencias judiciales contradictorias en el juicio de cada una de las piezas.

Bolaños ha dividido en seis las piezas para agilizar la macrocausa y se celebren cuanto antes los juicios. Una de las partes es la del llamado procedimiento específico, en el que se incluyen los expresidentes y excargos de la Junta; otra sobre las sobrecomisiones que percibían intermediarios de las pólizas de las prejubilaciones; una tercera sobre las ayudas a los empresarios Sayago y Rosendo de la Sierra Norte de Sevilla y las otras tres sobre ayudas a tres empresas. La magistrada, que ha dejado en manos del juez de refuerzo, Jesús Martín, la instrucción de estas piezas, pretende que las sentencias que se deriven de ellas puedan servir para continuar el encausamiento de las más de 200 ayudas a empresas.

Bolaños explica que muchas de las ayudas están en el periodo inicial de investigación policial y hay más de 150 que aún no han entrado en la fase judicial. Parte de las ayudas se están investigando solo por ser concedidas bajo el procedimiento de las transferencias de financiación, que la jueza Alaya consideró ilegal y también el juez instructor del Tribunal Supremo Jorge Alberto Barreiro.

Sin intrusos

Es decir, la policía, al estudiar muchas de las ayudas, no han encontrado intrusos en ellas y han visto que las subvenciones se destinaban al fin para el que fueron aprobadas, por lo que si no fuera por que se suponen ilegales por el sistema de su concesión, los empresarios dueños de ellas no serían procesados como ha ocurrido. Por ello, «para determinar el diseño del resto de las piezas es una cuestión esencial que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado».

La magistrada tiene claro que no se resolverá hasta que no lo decida un tribunal. Por ello, lo que hay que hacer «es poner todos los medios personales y materiales necesarios para que pueda haber un enjuiciamiento rápido». Núñez Bolaños advierte de que si el sistema al final se considerara ajustado a Derecho, podrían dictarse «autos de sobreseimiento y archivo con respecto a estas ayudas».

Lo que no advierte la magistrada es que si al final el procedimiento es considerado legal por un tribunal gran parte del sumario de los ERE, basado sobre todo en la acusación contra cargos socialistas de la Junta de dos décadas, se caería como un castillo de naipes.