CARLOS MORÁN
Viernes, 27 de noviembre 2015, 01:06
El magistrado Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, dictó ayer un auto -una resolución motivada- que coloca al padre Román M. V. C. a un paso del banquillo de los acusados por haber sometido a presuntos abusos sexuales a un adolescente desde que este tenía catorce años y hasta que cumplió los diecisiete, una conducta castigada -según recuerda el juez en su escrito- con penas que oscilan entre los cuatro y los diez años de cárcel. La víctima denunció los supuestos abusos el 14 de octubre de 2014, cuando ya era mayor de edad. El caso alcanzó resonancia internacional después de que trascendiera que el Papa Francisco había telefoneado al joven para pedirle perdón.
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En un principio, la investigación afectó a trece personas, once sacerdotes y dos seglares, pero tanto el instructor de la causa como la Audiencia Provincial de Granada consideraron que sólo era posible actuar contra uno de los sopechosos, el padre Román, ya que los delitos que habrían podido cometer el resto estarían prescritos -es decir, que la eventual responsabilidad penal de los denunciados había quedado extinguida debido al paso del tiempo-.
En este sentido, el magistrado Moreno ha acordado ahora procesar al único implicado, una decisión que significa despejar el camino, de forma prácticamente definitiva, para que el religioso se siente el próximo año en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Granada. Pero antes de que eso ocurra, el padre Román puede recurrir el auto conocido ayer tanto ante el propio juez como ante el citado tribunal provincial, aunque, dados los precedentes, las posibilidades de que tales impugnaciones prosperen son escasas. Además, la ley determina que el sospechoso ha de someterse a una declaración indagatoria que servirá para que pueda conocer de viva voz todos los indicios «racionales de criminalidad» que el juzgado ha recopilado contra él. De hecho, ese acto procesal consiste fundamentalmente en la lectura del auto de procesamiento. Después, el investigado, si así lo desea, puede hacer las manifestaciones y precisiones que estime convenientes. El religioso ya ha sido interrogado en varias ocasiones y siempre ha negado las acusaciones. En el auto, el juez Moreno no fija fecha para la nueva comparecencia del padre Román, pero aclara que se señalará en otra «resolución que será notificada». Sea como fuere, el siguiente paso que prevé la ley es que el juez dé por concluida sus investigaciones y pase el caso a la Audiencia Provincial, que, en última instancia, decretará la apertura del juicio oral.
Mientras tanto, y así lo especifica el magistrado instructor en la resolución difundida ayer, Román M. V. C. está formalmente procesado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual «continuado con la introducción de miembro viril y prevalimiento (...), castigado con pena de prisión de cuatro a diez años». El cura tendrá también que depositar una fianza de 50.000 euros, «procediéndose» en el supuesto de que no la prestara «al embargo de sus bienes».
A renglón seguido, el juez Moreno insiste en declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada. Es decir, que ante la hipótesis de que finalmente el sospechoso tuviera que hacer frente a alguna indemnización y alegara ser insolvente, sería el Arzobispado el que tendría que resarcir económicamente al denunciante.
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A propósito del comportamiento que ha tenido la cúpula de la Iglesia granadina en este caso, el jurista vuelve a recordar que no fue precisamente favorecedor de la investigación. Así, incide en que tuvo que hacer «muchos requerimientos personales, el último con aparcebimiento de delito de desobediencia, al arzobispo», Francisco Javier Martínez, para que le entregase el «expediente eclesiástico» que había elaborado sobre este asunto. El llamado 'caso Romanones' arrancó en octubre de 2014, que fue cuando el joven en cuestión denunció haber sido víctima de «continuados o permanentes» abusos sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la Diócesis de Granada desde el año 2004, cuando tenía catorce años, hasta 2007, cuando ya había cumplido los diecisiete. El adolescente habría conocido al padre Román algún tiempo antes, cuando comenzó a ir a las misas de domingo y ayudar como monaguillos.
Según el relato de hechos elaborado por el propio juez Moreno, durante esa época se reunían sacerdotes para «merendar» y «realizar otras actividades de convivencia y descanso, a las que poco a poco, en una actitud dirigida por el padre Román, invitaron» al denunciante y un amigo, «generalmente la tarde del domingo». Ya en el año 2004, «por invitación» de padre Román, «ante la ascendencia moral que ejercía sobre él», el muchacho «comienza a pasar mucho tiempo en una casa parroquial, así como en la casa adquirida por el grupo» en una urbanización del municipio de Cenes de la Vega, «donde finalmente habrían ocurrido los hechos más graves y relevantes penalmente».
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Ansiedad
Llegado a este punto, el magistrado detalla cómo se produjo el acercamiento del religioso al menor y cómo esa conducta degeneró en el los presuntos abusos. «Cuando» el denunciante «se quedaba a dormir», el sacerdote «le proponía ocupar su cama, estando otras libres, y ante la negativa inicial, le decía que iba a romper la relación que como de un padre a un hijo le estaba dando, por lo que aquel accedió» a dormir con él «al sentirse presionado física y psicológicamente».
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