La jueza de los ERE abre una causa contra Chaves, Griñán y 50 cargos

El fin de la instrucción del 'caso de los ERE' coge cuerpo. Al menos la parte con más eco mediático por la imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La nueva jueza de instrucción, María Núñez Bolaños, ha abierto diligencias para investigar por separado del sumario original si los expresidentes y otros 50 cargos de la Junta también imputados incurrieron en un delito de prevaricación por el diseño y puesta en marcha del procedimiento específico para pagar las ayudas sociolaborales y a empresas, considerado ilegal por la investigación hasta ahora.

El auto firmado ayer no varía la situación procesal de ninguno de ellos, pero sí las expectativas de verle la punta a una instrucción que dura ya cinco años con más de 260 imputados y miles de folios por el presunto fraude en la concesión por la Consejería de Empleo de 850 millones de euros de subvenciones desde 2000 a 2012. Esta es la primera de las seis piezas en las que Bolaños ha decidido dividir la macrocausa, en contra de la teoría de su instructora primera, Mercedes Alaya, pero de acuerdo con el consejo del Tribunal Supremo, la petición de la Fiscalía y tras consultar incluso con abogados de las defensas. El objetivo primero es agilizar la resolución del proceso que ha tocado de lleno a los gobiernos socialistas de la Junta de una década y evitar la posible prescripción de los delitos. Fuentes jurídicas señalan la posibilidad de que la parte política del caso, la más avanzada, salga a juicio antes de final de 2016.

Por lo pronto el auto de Bolaños clarifica unas cuestiones, aunque deja dudas sobre otras. La jueza aglutina por primera vez a todos los investigados por el diseño del fondo para pagar las ayudas, después de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) devolvieran las piezas relativas a ocho aforados, entre ellos los expresidentes, al dejar de serlo.

En total son 52: Además de Chaves y Griñán, la investigación concierne a los ex consejeros Magdalena Álvarez, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio, Gaspar Zarrías y Martín Soler. Los departamentos afectados son Empleo, Hacienda, Innovación y Presidencia. De ellos hay nueve viceconsejeros, seis directores generales (entre ellos el principal encausado, Francisco Javier Guerrero), once secretarios generales, cinco directores generales del IFA-IDEA, tres directores de finanzas de estos organismos, dos interventores (entre ellos Manuel Gómez), dos presidentes de organismos tecnológicos, el jefe de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía. También hay dos presidentes de cajas de ahorros, en su condición de miembros del consejo rector de IFA -IDEA, entre ellos el de Unicaja, Braulio Medel.

Bolaños reconoce el trabajo hecho por el Tribunal Supremo «no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos». De esta forma asume que el sistema para pagar las ayudas, el de las transferencias de financiación, era ilegal y considera que los que tuvieron una «participación activa y consciente» en su diseño y puesta en marcha cometieron «delitos continuados de prevaricación». Abre diligencias para determinar quiénes de los 52 tuvieron parte activa y consciente y llevarlos a juicio por ello.

Ahora bien, entre los mencionados hay cargos a los que Alaya, tras tomarles declaración, les imputó por los mismos hechos del delito de malversación de fondos públicos además del de prevaricación, en los que basó precisamente las fianzas millonarias impuestas, muchas de ellas volteadas por la Audiencia Provincial de Sevilla. Son los casos de Magdalena Álvarez y del que fuera número dos de Susana Díaz en Presidencia, Antonio Lozano, además de la mayoría del resto de viceconsejeros y directores generales.

Bolaños, lo mismo que el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, reduce a uno el delito por disponer un sistema de ayudas que, según la investigación hasta ahora, fue el que permitió la discrecionalidad, la ausencia de control a priori y saltarse la ley de subvenciones, lo que derivó en un fraude calculado en 140 millones de euros por sobrecomisiones, intrusos y ayudas directas a empresas en crisis.

El auto deja la duda sobre el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, al que el Supremo sí le implica un presunto delito de malversación. Fuentes jurídicas del caso señalan que es posible que Viera resulte imputado por este delito en otras piezas del sumario relacionadas con la concesión directa de las ayudas, como la de la Sierra Norte. Igual ocurre con su sucesor en Empleo, Antonio Fernández, y el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, a quienes Alaya además les acusa de cohecho.

Es decir, la separación en piezas del sumario implica que en todas ellas pueden repetirse imputados por diversos delitos.