Anticorrupción pide abrir una causa separada para investigar el reparto de los fondos Jeremie

La Fiscalía solicita ampliar la acción judicial a todo el programa, que repartió 165 millones en incentivos, tras detectar la UDEF irregularidades en un muestreo de 17 ayudas concedidas

Lalia González

Miércoles, 7 de octubre 2015, 00:20

Un atestado de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)de la Policía Nacional pone en apuros la distribución de los fondos europeos Jeremie por la Junta de Andalucía y ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar que se abra una nueva causa para investigar a fondo toda la gestión de este dinero público.

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Tras el escrito de la UDEF, realizado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura provincial de Sevilla, que en un muestreo detectó irregularidades en la concesión de estos fondos a 17 proyectos, por un importe total de 62 millones de euros, Anticorrupción pide que se abra causa sobre todo el programa, que ha tenido una dotación total de 185 millones, y que se centre la investigación en la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, Soprea. Por ello, solicita en un escrito al juez de instrucción número 19 de Sevilla, que investiga irregularidades en la empresa pública de capital riesgo Invercaria, que desgaje el asunto de los fondos Jeremie. Además, la Fiscalía especializada pide que el caso sea llevado a reparto y sea instruido por otro juez.

Los Jeremie son unos complejos fondos, que se concedieron como avales, préstamos participados o préstamos reembolsables y que están en cuestión ahora mismo por la propia Comisión Europea, por su difícil adscripción contable.

Estos se concedieron entre 2009 y 2013, dentro del programa FEDER. Andalucía obtuvo mayor dotación que ninguna otra región europea, 235 millones de euros, de los cuales 165 millones, el 80%, era financiado por Europa, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y el 20%restante por la Junta. De su desarrollo se ocupó la agencia IDEA, según el atestado de la UDEF que cita la agencia Europa Press.

La UDEF ha hallado irregularidades en la concesión de un incentivo de cinco millones de euros a la empresa granadina Kandor Media, una productora audiovisual que a juicio de la Policía no cumplía los requisitos para recibir estos fondos, ya que éstos no contemplaban la producción audiovisual y porque la empresa estaba en situación de «estrangulamiento financiero». Tampoco se contemplaba la concesión a uniones temporales de empresas (UTE) y Kandor constituyó una con la empresa de Antonio Banderas. Kandor obtuvo el incentivo para una película, Justin y la espada del valor, que fue un éxito internacional y logró premios Goya.

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El atestado del pasado septiembre alega presuntas irregularidades en otros 17 proyectos en base a una respuesta parlamentaria del entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, que indicaba que «con cargo a la iniciativa Jeremie, a fecha 28 de julio de 2010, se habían incentivado 17 proyectos» por importe total de 62 millones de euros, y cita también Urende, con 12 millones, y Bogaris Retail 5, 10 millones, que según la UDEFfueron «conseguidos en siete días» con la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz como apoderada. O Below Marko S.L., cuyo administrador único era Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, que tres meses antes de conseguir el fondo, en octubre de 2010, había sido presidente de Invercaria.

Los agentes de la Policía añadían que «es destacable que de las 17 empresas que aparecen en el listado del referido documento, una es un empresario individual, dos tienen el domicilio social fuera de Andalucía --por lo que no serían seleccionables para el programa Jeremie--, una no tiene inscripciones en el Registro Mercantil desde 2010 y hasta el día de la fecha diez han solicitado concurso de acreedores».

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Idea respondió que la Cámara de cuentas ya fiscalizó en 2012 la gestión de los Jeremie, examinó los 17 proyectos mencionados y «no encontró la más mínima irregularidad» en los expedientes.

Así, niega que un proyecto no tuviera domicilio social en Andalucía y dice que el requisito se cumple por tener sede operativa y realizar la inversión en la región. También asegura que otra empresa estaba ya constituida cuando se le concedió la subvención.

Respecto aque 10 de los 17 proyectos estén ahora en concurso de acreedores, indica que ninguna estaba en crisis cuando se aprobaron las operaciones y que se actuó «con diligencia»ara ejecutar las garantías y personándose en cada concurso.

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Afirma que González Mejías cesó como administrador de Below Marko en 2003 y la solicitud se cursó en 2010;que Laura Gómiz salió de Bogaris antes de 2009, cuando se pidió la ayuda y que las solicitudes de Kandor fueron en 2010, antes de que Mariano Sánchez-Pobre se incorporara a la empresa, lo que sucedió en 2012. El empleo de éste en Soprea «no marcaba ninguna incompatibilidad con cargos posteriores».

La secretaria general del PP-A, Loles López, emplazó a la presidenta Susana Díaz a aclarar lo que llamó «sus mentiras» pues dijo que no se reparten estos fondos desde 2011, cuando hay constancia de ayudas publicadas en el BOJA de 2015. El Gobierno explicó que la presidenta se refería a los tramitados por Invercaria, que acabaron en 2011.

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