La Guardia Civil apunta ahora a los gobiernos del PP en el fraude de los ERE

La jueza sustituta de Mercedes Alaya en el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha abierto una nueva línea de investigación en en el sumario que apunta a los gobiernos del PP, en concreto al último de José María Aznar. Bolaños actúa a instancias de la Guardia Civil, que observa indicios de delito o «reproche penal» en las actuaciones del Ministerio de Trabajo en relación con las pólizas de prejubilaciones que se concedieron a los mineros mayores de 55 años de la Faja Pirítica de Huelva en 2003 y 2004. Según la Guardia Civil, el Gobierno pudo haber hecho entonces la vista gorda sobre el listado de los prejubilados, algunos con menos edad de la estipulada.

Gobierno y Junta de Andalucía financiaron juntas los ERE (expedientes de regulación de empleo) de la Faja Pirítica (más de cien millones de euros) y en los que se destaparon intrusos y otras irregularidades. Pero la investigación de la jueza Mercedes Alaya excluyó los indicios apuntados en un principio al Gobierno del PP y se centró en la gestión socialista de la Junta y en los intermediarios sindicales, varios imputados por ello. Ahora la jueza Núñez Bolaños ha retomado las pesquisas a raíz de un informe de la policía judicial de la Guardia Civil que señala posibles delitos de prevaricación y malversación cometidos en el ámbito del ejecutivo central.

El escrito sugiere cómo la Administración central «presuntamente utilizó, de forma voluntaria y de manera arbitraria, los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresas para determinar qué trabajador tenía más de 55 años». La Guardia Civil quiere saber si la Administración central sabía que los listados «eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad bonificada era el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo» y, sin embargo, no utilizó los cálculos para determinar la edad de cada minero.

Para ello se dirigió el pasado 19 de agosto a la directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la provincia de Huelva para que le facilitara información sobre si por parte del Ministerio del Trabajo o de la subdelegación del Gobierno se solicitó al INSS «los coeficientes reductores de los mineros afectados en los años 2003 y 2004.

En el escrito, los agentes denuncian que tras esperar un tiempo prudencial la respuesta, acudieron a las oficinas del INSS, dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige la onubense Fátima Báñez, y de «manera verbal» en la oficina les dijeron «que no tenían intención de contestar al requerimiento», instándoles a acudir a la vía judicial.

La jueza Núñez Bolaños ha solicitado esta semana mediante una providencia al Ministerio de Trabajo que se le entregue a los agentes judiciales de la Guardia Civil la información solicitada. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, afirmó ayer que el Gobierno «no tiene nada que ocultar» y dijo estar ultimando los documentos para enviarlos a la Guardia Civil a la mayor brevedad posible.

Reproche penal

Para la Guardia Civil esta información permitiría determinar cómo ocurrieron los hechos y baraja dos posibles versiones, ambas con «reproche penal». Una hipótesis sostiene que el Ministerio no solicitó los coeficientes a sabiendas de que podían haber desfases de edad, lo que haría disminuir el número de beneficiarios y con ello volvería la presión sindical.

La segunda sería que el Ministerio sí solicitó al INSS los listados, pero al comprobar caso por caso que había numerosos desfases, decidió no incluirlos para evitar que se produjeran la citada presión de los sindicatos.

En los años 2003 y 2004 era ministro de Trabajo Eduardo Zaplana y delegado del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla y expresidente del PP andaluz. Zoido participó activamente en las negociaciones con los representantes de los trabajadores.Los dos declararon en la comisión de investigación del Parlamento en agosto de 2012, así como también Javier Arenas, que era entonces vicepresidente. Los tres negaron haber conocido irregularidades en la gestión del ERE.