El Supremo acusa a Chaves y Griñán de prevaricar en el 'caso de los ERE'

El varapalo a 20 años de gobiernos socialistas es mayor de lo esperado. El juez instructor del caso ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ve indicios de delito en las actuaciones de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera en el caso de los ERE. El Gobierno andaluz cometió «auténticas ilegalidades» y decisiones «arbitrarias e injustas», afirma el juez en una exposición razonada dirigida a la sala de admisión del Supremo con apariencia de auto de apertura de juicio contra los políticos socialistas de la Junta. El juez solicita el archivo de la causa contra María del Mar Moreno al eximirla de responsabilidad en el supuesto fraude de las ayudas sociolaborales por falta de indicios.

En una demoledora exposición razonada de 130 folios, el magistrado pide para Chaves, Zarrías y Viera el suplicatorio de aforados a la sala del alto tribunal para continuar el procesamiento al apreciar en todos ellos delitos de prevaricación administrativa, penado con hasta diez años de inhabilitación, y en el caso de Viera también de malversación de caudales públicos, con penas de hasta ocho años de cárcel.

Un suplicatorio que no hará falta. Chaves, Zarrías y Viera dimitieron ayer mismo como diputados en el Congreso, renunciando con ello al aforamiento. Griñán dimitió como senador hace dos semanas. Un hecho que desencadena un enredo más en el polémico escándalo de los ERE. Los políticos andaluces deberán pasar a la jurisdicción de Sevilla, muy posiblemente a la jueza Mercedes Alaya si el alto tribunal confirma, como se prevé, que siga con el caso ERE en comisión de servicio.

Aún así, Barreiro, en previsión de que los aforados dejaran de serlo, reivindica, en el auto que niega a Griñán salir del Supremo y le acusa de prevaricación administrativa, continuar con la investigación de todos ellos. El juez obvia un acuerdo de la sala penal del Supremo de hace dos meses por el que los aforados pasarán a su jurisdicción natural si dejan de serlo antes de ir a juicio. La sala deberá decidir. Una situación que añade otro enredo más a una investigación de cuatro años con más de 40 excargos de la Junta andaluza entre los 270 imputados.

Y no deja de resultar paradójica. Tanto los expresidentes como los exconsejeros mantuvieron su condición de aforados para escapar a la jueza Alaya y a sus millonarias fianzas civiles, confiando además en que el Supremo desmontaría su teoría de la conspiración de la cúpula socialista para diseñar un sistema ilegal para conceder las ayudas de forma arbitraria. Nada más lejos. En la exposición, el instructor da un balón de oxígeno a la jueza que inició en 2011 la investigación del caso ERE y que ahora puede ser la única macrocausa que gestione tras dejar de ser titular del número 6.

Barreiro suscribe como estipuló Alaya desde un principio que el procedimiento para el pago de las subvenciones a los expedientes de regulación de empleo (ERE) y a empresas en crisis, el de las transferencias de financiación a través del IFA-IDEA, era ilegal; También que se diseñó como tal de forma consciente por los responables políticos para, en aras a la agilidad en la concesión de las ayudas, escapar al control previo de la Intervención y otorgar ayudas discrecionales; Se falsearon los presupuestos y se indujo a error al Parlamento, añade.

Pacto de silencio

Suscribe aunque no de forma taxativa como la jueza sevillana su teoría de la responsabilidad piramidal. Cuestiona la declaración de los aforados cuando dijeron que no tuvieron conocimiento de las alertas de la Intervención General sobre la inconveniencia del sistema y en alusión a Griñán añade que pareciera que hay un «complot» o «pacto de silencio» de los cargos de segundo y tercer nivel de Economía, Hacienda e Innovación, desde consejeros a directores generales, para que los consejeros no conocieran dichos informes.

El juez centra sus indicios de que Chaves, Griñán, Zarrías y Viera prevaricaron (tomaron decisiones arbitrarias e injustas) en las 22 modificaciones presupuestarias. «Se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado.» Con esas modificaciones, anota, se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas. El juez cita hasta dos veces las palabras del interventor general Manuel Gómez en un escrito dirigido al Parlamento en el que señalaba que los imputados «cebaron sin descanso la partida de los eres».

En el caso de Manuel Chaves, destaca como indicios incriminatorios las declaraciones a la jueza Alaya del exconsejero Antonio Fernández, quien expresó «su convencimiento» de que el expresidente conocía el «procedimiento específico» de las ayudas y que Viera le tuvo que comentar cómo operaría, ya que no se trataba de un tema de pasillo, sino de algo de importancia, «y a su juicio, legal», para intervenir en la economía andaluza. Barreiro otorga crédito a esta declaración y no a la que Fernández hizo ante él en mayo, ya que entonces se mostró «evasivo» y no quiso admitir si Chaves conocía o no el sistema.

El magistrado mantiene, no obstante, discrepancias con Alaya. No cree que Chaves, Griñán y Zarrías tuvieran conocimiento de que con el sistema ilegal aplicado se estuvieran beneficiando terceras personas del dinero público. Por ello los exime del delito de malversación de fondos públicos, que les apuntaba la jueza Alaya.

Viera

El instructor solo inculpa de malversación a José Antonio Viera (consejero de Empleo desde 2000 a 2004) quien declaró al juez que no se acordaba del procedimiento y si este era ilegal o no porque era maestro. El juez recuerda que el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero le señaló como ordenante de las ayudas a Sayago-Rosendo, de la Sierra Norte, de más de 30 millones de euros. El juez aprecia numerosos «datos incriminatorios» en la concesión directa de ayudas discriminatorias a la Sierra Norte.

En este sentido elauto también aborda el menoscabo de fondos públicos, pero sin concretar una cifra como tampoco lo ha hecho Alaya. El juez suscribe la teoría de Alaya de la nulidad de las ayudas concedidas, 855 millones de euros desde 2000, por haber infringido el ordenamiento jurídico, pero advierde de que esto «no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjucio del erario público».

La mayor discrepancia con Alaya está en la imputación de Mar Moreno. El magistrado desmonta la tesis contra la exconsejera de Presidencia y argumenta que apenas tuvo que ver con decisiones sobre los ERE.